La instauración de las bases del diálogo para dar solución al conflicto generado por la demanda de un incremento a las rentas de jubilación sufrió ayer un nuevo fracaso pese al cumplimiento de la principal demanda de la COB: la liberación de todos los trabajadores detenidos en las protestas.
Tras un intercambio de llamados para entablar la negociación, la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y los ministros de Trabajo, Daniel Santalla, y de Economía, Luis Arce, iniciaron la mañana de ayer los acercamientos para la búsqueda de una solución al conflicto laboral que se prolonga por casi una semana con bloqueos de caminos, marchas en las ciudades y paro de actividades de sectores afiliados a la entidad laboral.
Al cabo de un encuentro entre las 11.00 y 12.00, el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Trujillo, informó que expresaron a los delegados del Gobierno la predisposición al diálogo si se deja en libertad a los 44 maestros rurales detenidos el viernes en El Alto y Santa Cruz, y que estén presentes en las conversaciones el Presidente, el Vicepresidente y los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Gobierno, Carlos Romero; de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, y de Economía.
No obstante, el titular de Trabajo explicó que los líderes sindicales sólo pidieron la presencia de su colega de la Presidencia y la liberación de los detenidos —el viernes también un juez dejó en libertad a 29 dirigentes y mineros aprehendidos en los conflictos de Caracollo y Caihuasi (Oruro)—, siempre y cuando no hubieran sido remitidos a jurisdicción del Ministerio Público.
“El Gobierno ha gestionado (…) que se pueda liberar” a todos los detenidos. Hemos cumplido con el pedido, con una de las condiciones de la COB”, afirmó Santalla, tras la segunda reunión del día, que se efectuó a las 19.00 en el Ministerio de Trabajo.
Pero sostuvo que el pedido del Ejecutivo de suspender “todas las medidas de presión” para iniciar el diálogo no fue atendido, lo que dificulta el inicio de las negociaciones. “Es más, estamos enterados que hoy (por ayer) hubo una asamblea en Huanuni, en la que los trabajadores decidieron marchar hacia la ciudad de La Paz”.
Consultado al respecto, el secretario general del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni, Ronald Colque, informó a La Razón que no se prevé ninguna marcha, pero “se continuará con el paro indefinido”.
Santalla subrayó que en este momento existe “desconfianza” para instalar una mesa de negociación, aunque expresó su confianza en que la dirigencia cobista presente hoy una respuesta positiva a la petición del Gobierno. Los dirigentes “van a consultar sobre este pedido”, dijo. Al terminar la segunda reunión con los ministros, Trujillo indicó que se harían consultas a las bases.
El jueves, el presidente Evo Morales cerró cualquier margen de negociación con la COB que implique modificar la propuesta del Gobierno de un tope de entre Bs 3.200 y Bs 4.000 para la pensión solidaria de vejez, porque advirtió que dar paso a los Bs 8.000 y Bs 5.000 que exige la dirigencia de los trabajadores pondría en riesgo el Sistema Integral de Pensiones (SIP).
El Ministro de Economía reiteró ayer que cualquier negociación debe ser realizada sobre esa base. En criterio de Arce, la Central Obrera planteó que el debate aborte el tema de la Ley de Pensiones, la revisión del acta de entendimiento de abril y otros puntos referidos al pliego petitorio del sector.
Maestros se radicalizan
El magisterio de La Paz determinó radicalizar mañana sus medidas de presión en apoyo a la COB y en rechazo a las declaraciones del presidente Evo Morales, quien aseguró que “hagan lo que hagan”, el Gobierno no modificará su determinación sobre la demanda cobista, según ANF.
Evo pide que se trate la ‘emergencia’ en Huanuni
Una eventual negociación entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno deberá incluir una comisión que analice la situación de emergencia de la Empresa Minera Huanuni (EMH) por el paro de sus trabajadores, afirmó ayer el presidente Evo Morales.
Ministros y obreros “deben crear una comisión de mucha importancia y de emergencia tocar” la situación de Huanuni. “Nuestras empresas no pueden estar en déficit. Es más, cuando se trata de empresas en base a nuestros recursos naturales, esas empresas tienen que rentar a Bolivia”, subrayó.
El viernes, el ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira, advirtió que si Huanuni sigue paralizada en apoyo a la huelga de la COB, entrará en “quiebra total”.
Se prevé, subrayó, que a fines de mayo la empresa estatal tenga un déficit que hasta hoy suma $us 3 millones, tomando en cuenta que por cada día de paro pierde $us 500 mil y que el complejo minero no opera desde el martes.
El secretario general del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni, Ronald Colque, aseguró que continúan en estado de emergencia y que la asamblea general de los empleados de la compañía determinó de forma unánime que el paro indefinido continúe hasta que la demanda de incremento a las rentas de jubilación de la COB sea atendida.
Ministro Romero anuncia proceso contra juez
El ministro Carlos Romero anunció acciones legales contra el juez cautelar Julio Huarachi por haber liberado bajo medidas sustitutivas a personas detenidas en el desbloqueo de Caracollo y Caihuasi (Oruro), las cuales apoyaban a la Central Obrera Boliviana (COB) en su demanda de incremento a las rentas de jubilación y contra quienes había “elementos objetivos y probatorios” por la comisión de delitos como daño económico al Estado y portación ilegal de explosivos.
La declaración la hizo ayer por la mañana. Romero expresó su sorpresa por el tiempo récord (dos días) en que el magistrado hizo las 29 audiencias pendientes del caso. “Había personas individualmente identificadas ya sea por trasladar marihuana en su mochila o por trasladar gran cantidad de armas blancas” como “estiletes, cuchillos, resorteras, dinamitas (…) o por trasladar gran cantidad de explosivos en ambulancias (…) Nos sorprende que esas personas detenidas hayan sido totalmente liberadas”, por lo que “vamos a hacer la representación legal correspondiente contra esa autoridad judicial”, sostuvo el ministro.
Por otra parte, respecto al anuncio del ejecutivo de la COB, Juan Carlos Trujillo, de iniciar una demanda al viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, por las “calumnias” que habría lanzado esta autoridad ante la incautación de dinamita que se transportaba en una ambulancia, Romero expresó: “Como ellos están negando que esa ambulancia trasladaba explosivos a la movilización, nosotros vamos a exigir” que la Fiscalía “esclarezca las responsabilidades acerca de ese traslado ilegal de explosivos”.
Trujillo explicó que el anfo y los cartuchos de dinamita incautados por la Policía en las cercanías de Caihuasi estaban destinados al mantenimiento de carreteras.