El sector industrial de manera unánime reeligió a Pablo Camacho García como presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) para el período 2024-2025. También Gonzalo Morales continuará en el mando de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz).

Camacho resaltó los logros alcanzados durante su mandato anterior, subrayando la importancia de la colaboración y unidad entre el sector industrial y la coordinación efectiva con el Estado.

“En estos dos años de gestión, hemos cumplido con nuestro compromiso de impulsar el desarrollo industrial, defendiendo los intereses de la Cámara Nacional de Industria mediante la unidad, la institucionalidad y el fomento de un diálogo constructivo con el Gobierno. En el futuro, redoblaremos nuestros esfuerzos para ampliar los espacios de diálogo con las autoridades gubernamentales”, afirmó Camacho.

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Añadió “reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo cada cámara departamental para asegurar su contribución efectiva al crecimiento del sector industrial. Es fundamental mantener una colaboración activa con el Gobierno en la definición y aplicación de políticas clave, como la nueva Ley de Inversiones y el Código Tributario, entre otros temas cruciales”.

En tanto, el titular de la Cadinpaz expresó su gratitud por presidir nuevamente esta cámara departamental que, en su criterio, es crucial para mantener la unidad como gremio empresarial ante los desafíos que se enfrentan, incluyendo crisis económicas y políticas.

“Estoy convencido de que, como industriales, podremos superar estas dificultades. Confío plenamente en la fortaleza de nuestras industrias para seguir avanzando», afirmó.

Tras el acuerdo del incremento del salario de 5,85% al mínimo nacional y un 3% al haber básico, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advirtió este martes con consecuencias “muy graves para la estabilidad de las empresas”, en especial para las pequeñas y medianas.

“Esta determinación, que se asume en un escenario de amenazas sobre la economía nacional, tendrá consecuencias muy graves para la estabilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas en la mayoría de los departamentos del país, y agravará la situación de los cientos de miles de familias cuyos ingresos dependen de la actividad privada formal”, señala la CEPB en un comunicado de prensa.

El sector también indicó que “siempre” se cumplió con la ley y esta no será la excepción, empero, alertó que para muchas unidades productivas será muy difícil cumplir con un aumento que además de ser elevado, tiene la carga de retroactividad.

Cerca del mediodía de este martes, el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) alcanzaron un acuerdo sobre el incremento salarial para este año. De la negociación no participó el sector empresarial, que pidió un incremento salarial de 2,11% igual a la inflación alcanzada en 2023.

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Desde el sector, reprocharon la intransigencia de la COB para atender las razones y advirtieron que no solo se tendrá efectos negativos sobre las empresas, sino que se “profundizará” la precarización del empleo.

La Confederación también expresó su alarma y “preocupación extrema” por la decisión tomada por el Gobierno Nacional y la Central Obrera Boliviana (COB), al considerar estos porcentajes por encima del índice de inflación del año 2023 y “que no guardan relación con la productividad ni con las perspectivas de crecimiento para la gestión 2024”.

Añadió que “lamentamos una vez más, como sucedió en los últimos años, se haya excluido al sector privado del análisis de los efectos que puede tener un incremento salarial desproporcionado sobre los costos que asumen las empresas”.

Además, demandaron que la responsabilidad por el impacto negativo de este incremento sea asumida por “quienes tomaron la decisión “y no “se pretenda trasladarla a quienes no participamos en este proceso”.

Desde la Cámara de Industria, Comercio, Servicio y Turismo de Santa Cruz (Cainco) también se rechazó el incremento salarial al cual se lo consideró de “agresivo con base en fundamentos políticos y no económicos”.

“Los riesgos de continuar bajo esta lógica agresiva, política y alejada de la realidad traerán efectos adversos, difíciles o y quizás imposibles de revertir, que ningún incremento salarial podrá solucionar sino nos sinceramos sobre aspectos estructurales”, señaló la Cainco.

Añadió que el incremento salarial es “anecdótico” si cada día son menos las fuentes de empleo, si se sigue desalentando y acorralando al que apuesta por la fuerza laboral y si sigue “haciendo política alejada de la realidad”.

La Justicia determinó este martes la detención domiciliaria para el exministro de Minería, Luis Alberto Echazú, quien es investigado por presuntos hechos de corrupción en la implementación de la planta de litio en el Salar de Uyuni, Potosí.

La exautoridad es acusada por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Deberá pagar, además, una finanza de Bs 30.000. La medida cautelar dictada por el juez, responde al estado de salud del investigado.

“Se dispone el arraigo de la persona imputada. El imputado tiene la prohibición de constituirse al lugar de los hechos. Se impone una fianza de 35 mil bolivianos, misma que será utilizada en caso de fuga y es para gastos de recaptura”, dijo el juez Iván Córdova en audiencia, según la red Unitel.

El jueves, la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la Procuraduría General del Estado presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra 10 exfuncionarios de la estatal por daños a las piscinas industriales del complejo de litio, ubicado en Potosí, que ascienden a más de Bs 425 millones.

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En la imputación formal del Ministerio Público, se solicitó se disponga la detención preventiva para Echazú en el penal de San Pedro de La Paz por un periodo de seis meses, tiempo en el que se precederá a la investigación. 

El exministro y también exgerente nacional de Recursos Evaporíticos fue aprehendido el lunes al mediodía por presuntas irregularidades en la implementación de planta de litio en el salar de Uyuni.

Vladimir Ochoa, defensa legal de la exautoridad, denunció que la aprehensión de la exautoridad fue de “forma arbitraria”, esto en razón que no se notificó “debidamente”.

“Nos ha llamado bastante la atención, razón de que el Ministerio Público tiene todas las relaciones con el SEGIP (Servicio General de Identificación Personal) y otras instituciones que pueden acreditar su domicilio y proceder a llamarlo y no hacer un abuso arbitrario”, dijo Ochoa.

Añadió que “esta aprehensión ilegal e inmediata” dejó en estado de “indefensión a un adulto mayor de 74 años y que tiene tres enfermedades de base”, entre ellas, la diabetes.

Luego de un encuentro entre el presidente Luis Arce y otras autoridades del Estado con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), el mandatario anunció el incremento del 5,85% al salario mínimo nacional y del 3% al salario básico.

“Se ha acordado con La COB un incremento al salario mínimo nacional del 5,85% al salario mínimo nacional (…); adicionalmente, se ha acordado el incremento del 3% al haber básico”, dijo el mandatario en una conferencia de prensa junto con dirigentes de la organización en Casa Grande del Pueblo en La Paz.

Con el nuevo incremento salarial, el nuevo salario mínimo nacional asciende a Bs 2.500. “Con esto cuidamos, no solamente las finanzas públicas, sino preservamos la generación de empleos en nuestro país y el crecimiento económico y la estabilidad económica (con la) que tanto estamos beneficiándonos”.

Dicha determinación, como es costumbre, tiene un carácter retroactivo a enero de este año.

“Con estos incrementos, estamos seguros que la economía no solo va a mantenerse estable, sino va a continuar creciendo, pese a los efectos externos e internos en el país, sigue avanzando y creciendo”, agregó.

Incremento

Además, el jefe de Estado destacó la “madurez” de la dirigencia de la COB y dijo que eso permitió el acuerdo entre el ente matriz de los trabajadores y el Gobierno.

“El país tiene que funcionar en base a la racionalidad y no en base a los caprichos de nadie”, añadió.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, remarcó que su propuesta de incremento fue “saludable” y que su planteamiento respondió a la situación económica nacional y mundial.

“Para nosotros, la respuesta que hemos recibido ha sido importante y contundente (…). Las reuniones han sido productivas, coherentes, sanas y razonables”, dijo.

“La COB no solo busca un interés salarial, sino peleamos la plusvalía de nuestro esfuerzo y a través de ello, la recompensa es un salario”, indicó.

En febrero de este año, la COB planteó al Gobierno un incremento del 7% al haber básico y 8%. Recogida por el Gobierno, la propuesta fue sometida a mesas técnicas de trabajo.

La senadora arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Virginia Velasco pidió este martes una investigación exhaustiva y la aplicación de todo el peso de la ley contra los responsables en el caso del exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos, Luis Alberto Echazú.

“Hay que ser claros, nuestro presidente no va a proteger a ningún funcionario en temas de corrupción y daños económicos al país”, señaló la legisladora.

Echazú fue aprehendido el lunes debido a una denuncia por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica e irregularidades en la instalación de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, en el salar de Uyuni.

Velasco dio a conocer que el gobierno de Luis Arce tiene la tarea de corregir los errores que se hubieran cometido en los últimos 14 años de gestión, “caiga quien caiga”.

“Vamos a corregir todos los errores de los últimos 14 años, no dejaremos que siga la corrupción, trata y tráfico, entre otros temas; caiga quien caiga, se tiene que esclarecer este caso”, aseveró.

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Caso Echazú

El jueves, la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la Procuraduría General del Estado presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra 10 exfuncionarios de la estatal. Por daños a las piscinas industriales del complejo de litio, ubicado en Potosí, que ascienden a más de Bs 425 millones.

Al ser detenido, Echazú denunció que este hecho ocurre para tapar los tres años y medio de paralización de dicho proyecto.

Velasco respondió que el actual gobierno solucionó lo que no se hizo en otras gestiones, dando paso a la reactivación económica. Y a la industrialización del litio.

“Es mentira lo que dice Echazú, nuestro presidente (Luis Arce) ha reactivado la economía. Hay un informe que dice que los técnicos no sabían cómo activar y lo que hizo el presidente es empezar a trabajar e importar esta herramienta. Lo que dio continuidad a la exportación e industria del litio”, acotó la legisladora.

Dato

En tanto, el gerente de Ingeniería, Investigación y Proyectos de YLB, Salvador Beltrán, informó que la aplicación de un plan de contingencia permitió poner en marcha la Planta Industrial de Carbonato de Litio. Luego de que se identificaran las irregularidades técnicas.

El caso genera cuestionamientos. El empresario y opositor Samuel Doria Medina culpó al MAS sobre la “peor estafa a la colectividad”, en alusión al asunto.

“Los masistas están peleándose por el fracaso del proyecto del litio, echándose la culpa unos a los otros. La verdad es que todos son culpables”, afirmó en su cuenta de X.

“La barrabasada que hicieron no se va a resolver con juicios y arrestos. Bolivia perdió una oportunidad histórica y debe pagar con la crisis actual su incapacidad para manejar los recursos naturales del país”, cuestionó.