El inicio de operaciones de la Gestora Pública, que administrará los aportes de los trabajadores, se retrasó debido a los conflictos sociales protagonizados por la Central Obrera Boliviana (COB), organización que en mayo exigió a las autoridades de Gobierno la modificación de la Ley de Pensiones.
Así lo hizo conocer el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, quien explicó que las medidas de presión de la COB estancaron el normal avance de las negociaciones con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son Futuro de Bolivia y BBVA Previsión.
“El gran problema de la Gestora (Pública) es que todos estos conflictos en los que hemos estado con la COB nos han atrasado en los plazos que teníamos (para el inicio de sus operaciones), porque, obviamente, nos hemos tenido que dedicar a solucionar el conflicto, a buscar consensos y eso nos ha retrasado”, aseguró el viceministro, en declaraciones difundidas ayer por la red Erbol.
Fecha. Sin embargo, no quiso decir cuándo será la fecha del inicio de las labores de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, debido a que ello está en función a los acuerdos que lleguen con las AFP. Pero advirtió que lo peor que podría pasarle al Gobierno es que éstas se vayan y dejen las negociaciones y los documentos de los trabajadores tal como están.
“Tenemos que llegar a ver cómo nos van a ir traspasando las cosas, a medida que vayamos tomando el control (de la administración)”, dijo Guillén.
Desde 1997, Futuro de Bolivia y BBVA Previsión se hicieron cargo de la administración de los ahorros y aportes de los trabajadores destinados a la jubilación. Ahora esta tarea estará a cargo de la citada Gestora Pública.
Según el artículo 175 de la Ley de Pensiones, las AFP deberán transferir a la Gestora Pública toda la información, documentación, expedientes con sus respectivos respaldos y bases de datos que estén a su cargo y otros.
La norma también estipula que las características, procedimiento y plazos para la transferencia serán establecidos en el reglamento. Añade que la Gestora deberá revisar la documentación e información transferidas por las AFP, debiendo dar su no objeción.
A principios de 2011, Guillén calculó que la Gestora Pública empezaría a funcionar a más tardar los primeros días de agosto de ese año.
El 12 de enero de 2012, LA RAZÓN informó que la autoridad aseveró que se trabaja con las AFP en la compatibilización del sistema informático para realizar la transferencia del registro de datos a la Gestora, e incluso que se veía “el tema de los fondos con la doble cuenta”.
“Ahora estamos compatibilizando los campos y, una vez que tengamos eso, vamos a tener que ver cómo vamos a hacer la transferencia de datos, si va a ser con el sistema de ellos o el nuestro”, indicó en ese entonces Guillén.
En anteriores declaraciones, el citado viceministro sostuvo también que más de 6.000 procesos judiciales iniciados por las AFP a empresas que no depositaron aportes para la jubilación de sus trabajadores, retrasan el inicio de operaciones de la Gestora.