Tras el anuncio del alza salarial de 5,85% al mínimo nacional y 3% al haber básico, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Jaime Ascarrunz, planteó al Gobierno que la medida no sea retroactiva (desde enero de este año) o que se pague en seis cuotas mensuales.

Asimismo, propuso que el pago de los finiquitos ante posibles “desvinculaciones emergentes” del aumento, puedan ser cancelados en 12 cuotas mensuales.

Ascarrunz lamentó que el Gobierno no haya tomado en cuenta al sector empresarial para asumir la medida; y pidió implementar una plataforma de diálogo permanente. Pese a estar en contra del alza, anunció que acatarán el instructivo.

“Consideramos (que) la decisión de incremento salarial está más allá de las posibilidades reales de los agentes económicos. El período de bonanza por el que atravesó el país, gracias a las exportaciones de hidrocarburos; ha terminado y nos enfrentamos a un futuro incierto”, dijo este miércoles, en conferencia de prensa.

El presidente de la CNC remarcó que las empresas formales hacen grandes esfuerzos para evitar aumentos en los precios, mantener abastecidos los mercados y conservar el empleo a pesar de la escasez de divisas.

Asimismo, recordó que de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al tercer trimestre del año pasado la economía creció 2,3%; lo que “guarda relación con un periodo de desaceleración”.

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Alza salarial

Ascarrunz considera que el incremento salarial contribuirá a ampliar el déficit fiscal y ampliará los desequilibrios macroeconómicos.

“El aumento salarial también resta competitividad a nuestras exportaciones, pues hacen más costosa la producción nacional”, complementó, recordando que al primer bimestre de 2024 las exportaciones cayeron en 23%, en relación al mismo período del pasado año.

Aparte, remarcó que el salario mínimo (Bs 2.500 para este año) tiene un efecto multiplicador porque es la base para otros costos; por lo que el alza real será mayor para el sector empresarial.

“El salario mínimo nacional ya está en un promedio latinoamericano, ya no es de los más bajos, sino de la mitad para arriba. Nos toca acatar, cumplimos con la ley a pesar que no estamos de acuerdo”.

El martes, el presidente Luis Arce, junto a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), anunció el incremento de 5,85% al salario mínimo nacional y de 3% al salario básico.

Varios sectores empresariales y privados manifestaron su rechazo a la medida, argumentando que provocará el cierre de fábricas y/o el despido de trabajadores.

El exgerente ejecutivo de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Juan Carlos Montenegro, uno de los investigados por el caso de las fallas en las piscinas de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, falleció este miércoles por causas que aún son investigadas.

El exejecutivo, quien ocupó el cargo entre julio de 2017 y noviembre de 2019, mediante una carta pública, afirmó que el Gobierno busca mellar su trayectoria académica, por lo que determinó no someterse a una “justicia amañada”.

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“No se puede mellar mi límpida trayectoria académica y profesional con este tipo de atropellos y no me prestaré a ser vejado y humillado, por la justicia amañada que se vende al poder político o al mejor postor. No lo puedo permitir”, se lee en la carta.

En la misiva, el exejecutivo denunció que quienes comenzaron el proyecto del litio en Bolivia ahora están siendo víctimas de atropello.

La semana pasada, la actual presidenta ejecutiva de YLB, Karla Calderón, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de exfuncionarios de la empresa estatal por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato en las piscinas industriales de evaporación en el Complejo Industrial, con un daño económico de más de Bs 425 millones.

Según el informe de auditoría interna, se identificó como responsables a 11 exfuncionarios y a una ejecutiva de una empresa que se adjudicó las obras por contratos irregulares en la construcción, impermeabilización y puesta en marcha de las piscinas industriales, entre 2013 y 2017, cuando aún existía la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos.

Nota en desarrollo…

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) demandó al presidente Luis Arce que el alza salarial fijado para este año de 5,85% al mínimo nacional y 3% al haber básico se pague en bienes y/o servicios “Hecho en Bolivia” a través de una billetera móvil.

Desde la CNI se advirtió que el incremento salarial para este año “castigará severamente la productividad y competitividad de la producción industrial nacional, impulsará las importaciones, incrementará el contrabando, aumentará la escasez de divisas y fomentará una escalada de precios en los mercados nacionales”.

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Ante ello, planteó la iniciativa de pagar el porcentaje en productos bolivianos, para evitar una mayor caída de las reservas internacionales, evitar el deterioro y cierre de industrias y el retiro gradual de trabajadores formales.

Observó que el nuevo salario mínimo de Bolivia (ahora de 359 dólares) es el cuarto mayor entre 10 países de Sudamérica, lo cual contrasta con la productividad laboral donde ocupa la última posición.

Según los industriales, el incremento salarial también conlleva un aumento de 1,5 puntos en el pago de horas extras, dominicales, feriados, bono de antigüedad y otras cargas sociales.

Análisis

Desde el Gobierno nacional se indicó que no se puede obligar a los trabajadores que recibirán ese beneficio a que destinen el incremento de su salario exclusivamente a la compra de productos mediante una billetera móvil.

No obstante, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó que se debe buscar mecanismos para incentivar la adquisición de la producción nacional.

“No se puede obligar que los trabajadores utilicen su incremento exclusivamente en eso, porque vulneraría sus derechos. Lo que sí hay que buscar es un mecanismo de incentivos de un catálogo atractivo para que los trabajadores y la población acceda a esta información y empiece a comprar masivamente los productos hechos en Bolivia”, manifestó.

El secretario de Seguridad Social de la Central Obrera Boliviana (COB), Boris Villa, calificó de desubicados a los sectores del empresariado privado que cuestionan el incremento salarial para este año, establecido tras un acuerdo entre el Gobierno y la dirigencia de los trabajadores.

Argumentó que, como COB, se pidió un 8% al mínimo nacional y 7% al haber básico, pero se determinó aceptar una reducción al planteamiento considerando la situación económica nacional y el contexto externo.

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“Creo que están desubicados, creo que solamente están velando sus intereses, piensan que se les debe dar un apoyo empresarial, préstamos y otros apoyos que el Estado les da, pero ellos no colaboran con sus trabajadores”, indicó Villa.

Dijo que el 5,85% de incremento al mínimo nacional solo representa Bs 138, un monto que no les “hará quebrar” sus empresas. Por tanto, pidió una “mayor conciencia” con el sector de los trabajadores.

Ante ello, demandó al empresariado privado cumplir con la normativa del incremento salarial para este año.

El martes, luego de conocerse el incremento salarial, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advirtió con consecuencias “muy graves para la estabilidad de las empresas”, principalmente en las pequeñas y medianas.

En respuesta, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, sostuvo que la medida eleva el poder adquisitivo de los trabajadores e impulsa la demanda interna, que también beneficia al sector privado porque permite una mayor productividad nacional ante el requerimiento de la población.

Los economistas Alberto Bonadona y Lourdes Montero coincidieron en que la industria del litio no será el único sector que podrá solventar los gastos del Estado. Por ello, apuestan por la diversificación de ingresos desde distintos sectores.

Ambos especialistas abordaron la situación económica que atraviesa el país en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

“Nos hemos ilusionado en un producto que no tiene las mismas características de los hidrocarburos. Nos puede decepcionar”, dijo Montero.

Lamentó que hubo un “espíritu nacionalista” en la iniciativa de explotar esa materia prima, pero que fue más un “discurso” de larga data. Incluso, recordó que hubo contratos fracasados vinculados al litio desde la administración del otrora presidente Jaime Paz Zamora.

Apoyada en un estudio de Oxfam, Montero afirmó que su despacho hizo un análisis que develó que el litio no tendrá muchos efectos en la generación de empleos, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el déficit fiscal.

En coincidencia, Bonadona recordó que no hubo certificación de las reservas de litio y advirtió que los resultados se verán en el futuro, en un lapso aproximado de dos años. «Parece que tenemos más magnesio que litio», observó.

«Si nosotros ponemos mucha ilusión (en el litio), vamos a tener que esperar sentados», afirmó el economista.

A raíz de ello, ambos recomendaron la diversificación de la economía y las exportaciones en distintos sectores, como la agroindustria. “Bolivia debe pensar en la apertura a toda la potencialidad agrícola”, sugirió Bonadona.

Paralelamente, Montero recomendó la construcción de una “canasta de soluciones” y trabajar en distintos espacios. “No habrá el gran boom que nos volverán a poner en el mismo lugar”, como los carburantes, dijo respecto del litio.

“El litio es interesante y es importante, pero primero debemos llegar a muchos acuerdos para decir si puede beneficiarnos”, insistió.

Bonadona afirmó que la población debe analizar nuevas formas de exportación para responder necesidades internas. “Los que están asumiendo toda la situación es la gente y sin respuesta positiva”.

Recordó, con base a la experiencia de Bolivia, que las empresas extrajeras no han generado ni recursos, ni empleos en el país. “El problema es más grande de lo que se piensa en Bolivia por la precariedad y pobreza de su economía”.

Las dudas sobre los resultados del litio surgieron tras una denuncia de presunta corrupción en la planta de litio de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con una afectación económica de más de Bs 425 millones.

Situación económica

Respecto a la situación económica del país, Montero consideró que la población percibe un escenario de incertidumbre permanente. «La gente no quiere hablar de crisis (…). Está leyendo una recesión silenciosa, lenta y de incertidumbre”.

“Cuando les hablas de la economía, están temerosos”, lamentó.

Por su parte, Bonadona indicó que los únicos que hablan de crisis son los economistas. En su criterio, el fenómeno comenzó en 2015, desde la reduccion de producción de hidrocarburos. El especialista no ve alternativas ni en el litio ni el hierro del Mutún, menos en la planta de urea que, actualmente, está paralizada.

También, señaló que otra preocupación de la población es la escasez de dólares para realizar exportaciones. “La gente que ha comprado dólares empieza a sacarlos y se está acomodando a una situación crítica”.

“No veo esa alternativa optimista”, lamentó.

Ante ese panorama, Montero aseguró que la gente opta por el “emprendedurismo” y cree que con su esfuerzo laboral podrá combatir la crisis. Llamó a la clase política a dar señales de cómo se encontrará una salida al escenario de incertidumbre.

“No estamos discutiendo sobre la gestión de la economía y qué vamos a hacer con el litio”, reclamó.

El país atraviesa por una difícil situación económica, debido a escasez de dólares, reducción de exportaciones y caída de los hidrocarburos.

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