Autoridades de los municipios de Aucapata (provincia Muñecas) y Tacacoma (provincia Larecaja) sellaron ayer un pacto de pacificación de diez puntos entre pobladores de ambas regiones, quienes el 29 de septiembre se enfrentaron por un conflicto limítrofe.
El acuerdo fue anunciado por el gobernador de La Paz, César Cocarico, quien participó en el acercamiento de los dirigentes de ambas provincias. En el encuentro estuvieron también los alcaldes de los municipios en conflicto.
“Las dos provincias manifestaron su voluntad de pacificación. Para este efecto hay una comisión de autoridades que se está organizando, y mañana está bajando al sector para poder establecer este estado de paz en toda la región”, informó la autoridad.
La conformación de esta comisión fue uno de los diez acuerdos a los que se arribó. El grupo estará compuesto por autoridades de la Gobernación, del Ministerio de Gobierno, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, diputados, asambleístas departamentales del lugar y cinco representantes de cada provincia.
Las autoridades indígenas se comprometieron también a que no habrá nuevos asentamientos en el territorio limítrofe, que tendría 8.000 hectáreas de terreno.
El alcalde de Tacacoma, Juan Carlos Aguilar, indicó el viernes que, según datos preliminares de la Gobernación, en el área en conflicto hay terrenos aptos para las plantaciones de coca y para la explotación aurífera.
Otro de los acuerdos es que las autoridades de ambas provincias darán garantías para el trabajo de la comisión y además se acordó la libre transitabilidad en la zona.
A su vez, el Gobierno se comprometió a retirar el contingente policial del sector de Pallayunga, muy cerca al área en conflicto. Se acordó que la muerte de una persona, acaecida el 29 de septiembre, sea investigada por la Justicia.
Cocarico indicó que el 13 de octubre, a las 13.00, retomarán el diálogo de conciliación, porque es parte de los acuerdos firmados.
También se definió que todos los comunarios que abandonaron sus viviendas por el conflicto vuelvan a sus comunidades, porque las autoridades dieron garantías.