El Estado lanzó la convocatoria internacional con el fin de contratar consorcios jurídicos para el copatrocinio de la defensa en las demandas interpuestas por Pan American Energy; Abertis Infraestructura S.A.; Quiborax y Quiborax &Non Metallic Minerals. La oferta económica es de 718,50 dólares por hora trabajada
La Procuraduría General del Estado, en cumplimiento de sus atribuciones, lanzó la convocatoria para asumir defensa de los intereses bolivianos en los procesos instaurados. Pan American Energy acudió a un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la nacionalización de la petrolera Chaco, en 2009.
Los términos de referencia, publicados en su página web, prevén que el servicio ofertado debe cumplir mínimamente el copatrocinio técnico legal integral del caso y el suministro de información procesada y analizada, en forma oportuna, que coadyuve en el diseño de estrategias para la defensa legal del Estado. La convocatoria, que refiere un pago por hora trabajada de 718,50 dólares, fue publicada el 4 de octubre y hasta el 25 deberá suscribirse el contrato.
Bajo esos mismos términos y plazos, fue lanzada la convocatoria para la defensa en la demanda de arbitraje de Abertis Infraestructura S.A. en la Corte Permanente de Arbitraje bajo el Reglamento CNUDMI. El presidente Evo Morales afirmó el 13 de septiembre que no hay nada que negociar con el consorcio Abertis y la Agencia Española de Navegación Aérea (AENA) por la nacionalización de su filial en Bolivia, Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (SABSA).
El 18 de febrero de 2013, el Gobierno nacionalizó, vía decreto supremo, las acciones de Abertis y AENA en su filial en Bolivia SABSA con el argumento de que incumplió un plan de inversiones para la mejora de las instalaciones aeroportuarias en el eje troncal.
La Procuraduría emitió dos convocatorias internacionales, una el 6 de septiembre y otra el 12, para el copatrocinio en el arbitraje en los casos Quiborax y Quiborax & Non Metallic Minerals en la CIADI. En ambos casos, ya fue emitida la resolución que autoriza la suscripción del contrato, aunque en la página web no hay datos sobre el nombre de las empresas ganadoras.
La controversia se originó en junio de 2004 cuando el gobierno del entonces presidente boliviano Carlos Mesa emitió el Decreto Supremo 27589 que disponía la confiscación para el Estado de las pertenencias de la empresa chilena. Fueron revertidas 11 concesiones en el Delta del Río Grande del Salar de Uyuni.