El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, entorpece una solución con la compañía británica Guaracachi América Inc Rurelec, denunció hoy el Procurador General del Estado, Hugo Montero.
Esa compañía británica demandó al Estado boliviano, ante ese Tribunal Arbitral, el pago de una indemnización de 142,3 millones por la nacionalización de sus acciones en la Empresa Guaracachi SA (EGSA).
‘Para buscar una justa compensación en el ámbito amigable estamos en proceso de acercamiento y con convocatorias a las reuniones de dialogo. En el tema Guaracachi, hemos pedido la separación del proceso, por un lado la Ley de Hidrocarburos del 2004 y por otra, la nacionalización’, explicó Montero en rueda de prensa.
Sin embargo, denunció que ‘una vez más el tema esta manejado por el CIADI’, al recordar que en 2007 Bolivia denunció el convenio constitutivo y decidió retirarse de ese organismo del Banco Mundial.
‘Sin reconocer su jurisdicción la Procuraduría a través de su equipo legal esta argumentando y fundamentando en ese escenario que no tiene competencia y que debería separar los dos temas; la Ley de Hidrocarburos y la nacionalización, ya que mezclar los casos no es conveniente para el desarrollo de la causa y obviamente para los intereses de las partes’, explicó.
Ante esa postura, anunció que ‘la Procuraduría interpondrá una excepción, un incidente de falta de jurisdicción del propio CIADI’. Y dijo que esa acción ‘tendrá su tiempo, en tanto ese proceso seguirá su curso’.
Denunció que para controlar el caso, el CIADI se aprovecha de la situación, al mezclar dos temas diferentes y arrastrar el tema de la nacionalización con la Ley de Hidrocarburos de 2007.
‘Se está aprovechando para arrastrar el tema la nacionalización a sometimiento, consideración y a competencia del foro del CIADI, cosa totalmente inadmisible, no es lógico, sabemos como es este centro, sabemos porque lo hemos denunciado y esos temas tienen que debatirse y conocer el pueblo, estamos sometidos, obligados a ir a hablar a un escenario al cual hemos denunciado’, puntualizó.
Montero precisó que la Procuraduría trabaja en defensa de los intereses del Estado Boliviano en al menos 13 casos, por conflictos referidos a inversiones después que el Gobierno boliviano tomó la determinación soberana de nacionalizar los recursos naturales y las empresas que fueron privatizadas en el pasado.
Según el procurador, se trata de los casos Guaracachi América Inc Rurelec; Chaco; Quiborax and Non Metallic Minerals; Albertis (Sabsa); Mallku Khota; Sinchi Wayra; Caiguami; Emdigas S.A.M.; Colquiri; Air BP; Red Eléctrica (REI) e Iberdrola S. A., además de Ocampo Cataldi, que ya fue concluido.
Dejó establecido que ‘Bolivia no negocia sus intereses, si se puede buscar un acercamiento, un acuerdo con la parte que está demandando en un monto de compensación justa y equilibrado, además documentado y transparente y de acuerdo a los intereses del Estado Boliviano’.