El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, informó el jueves que se convocó oficialmente a los dirigentes del sector de los jubilados, movilizados por el pago de un segundo aguinaldo, a instalar un proceso de diálogo con el Órgano Ejecutivo a partir de las 15.00 del viernes, aunque no precisó el lugar del encuentro.
En una conferencia de prensa, explicó que la convocatoria fue firmada por el principal Ejecutivo de la Confederación Nacional de Jubilados Rentistas de Bolivia, Irineo Rivera.
‘Tengo la carta firmada por él (Irineo Rivera) mismo hoy a las 08.00, donde está recibiendo una invitación para dialogar con el Gobierno Nacional a las tres de la tarde del día viernes, esperamos que pueda venir la dirigencia de los jubilados para poder dialogar con nosotros’, dijo.
Los jubilados están movilizados en demanda del pago de un segundo aguinaldo por parte del Gobierno, en condiciones similares al instruido el 20 de noviembre para los trabajadores activos del país (públicos y privados). Ese sector considera que esa norma es ‘discriminatoria’ porque excluye del beneficio a los rentitas.
El Ministro de Economía aseguró que ‘desde la anterior semana hemos tratado de comunicarnos’ con los jubilados para iniciar un proceso de diálogo, donde se informe sobre las medidas económicas que implementó el Órgano Ejecutivo desde 2006, para beneficiar a ese sector.
‘La posición del Gobierno Nacional ya la fijó nuestro Presidente (Evo Morales) y aquí vamos a explicarles todo lo que hemos hecho por los compañeros jubilados y rentistas’, sentenció.
El 27 de noviembre, el presidente Evo Morales advirtió que no está dispuesto a endeudar a Bolivia para cancelar un segundo aguinaldo al sector de los jubilados, porque ese sector ya fue beneficiado con incrementos graduales a sus pensiones y la Renta Dignidad, que es un beneficio universal de vejez.
Según fuentes oficiales, las rentas de los jubilados pertenecientes al sistema de reparto se incrementaron desde 2006 en hasta en 140%, resultado de los aumentos inversamente proporcional, que beneficiaron al sector, cuyas pensiones eran consideradas ‘bajas’.
El Estado boliviano destina más de 7.800 millones de bolivianos para pagar las pensiones de jubilación del sistema contributivo y para sostener la Renta Dignidad.