La ciudad de Santa Cruz será sede del foro “Transición Energética Bolivia 2050”, un espacio de diálogo orientado a avanzar en una política inclusiva de largo plazo y así contribuir a una nueva matriz energética sostenible. El evento, que se realizará los días 27 y 28 de junio, fue presentado este viernes por el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina.

El encuentro contará con la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) en la organización del encuentro.

“Hoy, más que nunca, debemos comprometernos a transformar nuestros sistemas energéticos hacia modelos más sostenibles y resilientes. Esta transición no solo es una cuestión de necesidad ambiental, sino también una oportunidad para innovar, crear empleos y construir un futuro más justo y equitativo”, dijo Molina.

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Matriz energética

En el lanzamiento del foro participaron Dennis Funes, representante Residente Adjunto del PNUD Bolivia; Julia Johannsen, representante del BID; Jeannette Sánchez Zurita, representante de CAF; Lucia Sossa, directora de Pacto Global; Sergio Pereira, director de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB); Óscar Mario Justiniano Pinto, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz; y Sonia Soruco, gerente general de la Cámara Nacional de Industrias.

Molina explicó que este foro pretende generar un espacio de diálogo e intercambio de criterios con los actores del sector en general, en relación a los marcos de acción a emprender en materia energética. También se analizará la situación actual del sector y los desafíos para orientar la política energética, con énfasis en la transición energética que vive el país.

Asimismo, la autoridad señaló que las iniciativas están orientadas a fortalecer la política pública del sector energético. Se busca integrar a los actores involucrados, identificar las barreras y oportunidades para configurar una hoja de ruta, y contar con marcos de acceso para el financiamiento climático.

Además, impulsar el cambio de la matriz energética con enfoque ambiental, económico, social y de energías renovables.

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC), Óscar Mario Justiniano, rechazó este viernes las medidas de presión anunciadas por los gremiales y el transporte internacional por la falta de dólares. Considera que afectarán más a la economía que requiere apuntalar el comercio exterior para generar más divisas y abogó por el diálogo para buscar soluciones.

“Para Bolivia, claramente, no es una opción seguir en bloqueos, seguir en manifestaciones, seguir en protestas; las cuales no van a hacer que aparezcan los dólares por obra y gracia del Espíritu Santo. Es trabajando, poniendo lógicamente metas, pero el compromiso, claro, de tanto del sector público como del sector privado de que se cumplan esos objetivos los cuales nos trazamos”, dijo en conferencia de prensa.

Enfatizó que solo trabajando en conjunto y dialogando, se podrán solucionar el conflicto y generar más empleo.

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Dólares

Justiniano remarcó que se precisan mejores condiciones para que los bolivianos sean más competitivos a nivel internacional y ese objetivo solo se cumplirá sentándose a dialogar para generar propuestas conjuntas.

Asimismo, el empresario aseguró que se debe apostar por el trabajo en conjunto para mejorar las normativas y regulaciones; a favor de los sectores productivos del país. Apunta al diálogo con el Gobierno para plantear nuevas alternativas a favor de los privados; y asumir determinaciones en temas pendientes.

“La única forma de trabajar en conjunto es teniendo claro que no es con bloqueos, con manifestaciones, ni con marchas, que vayamos a generar más empleo”, sostuvo.

La postura del presidente de los empresarios privados de Santa Cruz se da cuando varios sectores, como gremiales y transporte pesado, anuncian movilizaciones; a partir de la próxima semana en demanda de dólares. Incluso advirtieron con un bloqueo en la ruta Oruro-La Paz.

El Gobierno atribuye el incremento de precios en algunos alimentos de la canasta familiar a factores climatológicos, como la sequía y las lluvias, lo que ocasiona el retraso en la cosecha.

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, sostuvo que, pese a la elevación alimentos, como la cebolla y el tomate, que tuvieron retrasos en la cosecha, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mantiene una tasa de inflación baja de 1,31% acumulado a abril de este año.

“Los productos que explican la variación positiva son algunos alimentos que están vinculados a efectos muy puntales que están vinculados a lo que son los fenómenos climatológicos”, manifestó en conferencia de prensa.

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Cusicanqui afirmó que el cálculo del IPC se realiza la medición de los precios de los productos y servicios a través de metodologías internacionales que son “aceptadas y compatibilizadas”.

Sostuvo que el Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza esa medición a cerca de 400 productos en más de 300 mercados y ferias del país.

“Son 33.000 fuentes de información que son utilizadas por el INE y son más de 54.400 cotizaciones que se realizan mensualmente y periódicamente para poder tener el dato de la inflación que hemos ido informando”, argumentó.

De acuerdo con un medio de La Paz, los precios de al menos 10 productos de la canasta familiar se elevaron hace más de dos meses y aún se mantiene altos.

Respecto al tomate, Cusicanqui indicó que este alimento tuvo un retraso en la cosecha por los fenómenos climatológicos, pero se prevé que este mes se comience con recolección para su comercialización en los mercados del país.

Mientras que la producción de papa tuvo una cosecha desde febrero y a la fecha se mantiene, lo que permite que el costo de este alimento este bajo respecto a la gestión pasada.

Estabilidad

El jueves, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Santos Condori, indicó que, de acuerdo con las inspecciones realizadas en los mercados de La Paz y El Alto, se evidenció que la mayoría de los productos de la canasta familiar mantienen una estabilidad en los precios. Ese trabajo se realiza a través del Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP).

En el caso del precio de la papa, según el Gobierno, actualmente la arroba se comercializa entre Bs 30 y Bs 33, una diferencia de unos Bs 25 menos respecto al costo del año pasado.

El tomate mantiene el costo en Bs 2,50 la libra, la arroba de arveja bajó de Bs 81,50 a Bs 65, el haba de Bs 43 a Bs 35, la cuarta de arroba de zanahoria redujo de Bs 19 a Bs 14. Mientras que la arroba de cebolla subió de Bs 60 a Bs 61, indicó la autoridad.

Respecto a los productos cárnicos, Condori indicó que se evidenció que el kilo de la carne de res se mantiene en Bs 23,50 al igual que de cerdo en Bs 19,50. En tanto, la carne de pollo disminuyó de Bs 15,5 a 13,1 el kilo.

Este viernes, un sector de los gremiales del país se movilizó en la ciudad de La Paz en rechazo del proyecto de ley 145, presentado por el senador del MAS, Félix Ajpi, y pidió que se archive la norma porque afecta a una mayoría de la población que se dedica al comercio informal.

La representante de este sector, Mercedes Quisbert, afirmó que esa propuesta de ley va en contra las normas y reglamentos de la Aduana.

“Señor Ajpi, escuche lo que está pidiendo el día de hoy la familia gremial y los cuentapropistas. El presidente (Luis Arce) nos puede ayudar en esto porque tiene mayor potestad que este señor Ajpi, (pedimos) que archive estas leyes que están sacando”, manifestó.

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La marcha descendió desde la avenida Montes hasta las puertas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el centro paceño, donde realizaron un mitin.

Quisbert advirtió que, en caso de no archivar esa propuesta de ley, las medidas de presión se agudizarán en todo el país. Dijo que los gremialistas de Oruro comenzaron una marcha hacia la sede de gobierno.

Respuesta

En respuesta, el legislador oficialista afirmó que el proyecto de ley está en favor de los gremiales y de los municipios porque busca combatir el contrabando. 

“Ningún gremial puede manifestar a favor del contrabandista, porque un producto de contrabando afecta al país”, dijo Ajpi.

Pidió a los gremiales a que presenten propuestas de lucha contra el contrabando y debatir de manera conjunta un planteamiento de ley y no apoyar a al ingreso de mercadería ilícita.

Informó que el contrabando genera $us 10.000 millones que no ingresan a las arcas del Estado.

La presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, afirmó que el proyecto de ley 145 no fue presentado por su despacho, por lo que pidió a los sectores que se movilizan, como los gremiales, a que exijan un informe al senador del MAS Félix Ajpi, quien planteó la propuesta de norma.

Según el proyecto de ley 145, se propone que la Aduana Nacional realice los comisos de mercadería de contrabando en zonas de comercialización al raleo, es decir en ferias y mercados, planteamiento que es rechazado, principalmente por los gremialistas.

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“Este proyecto de ley habla de que la Aduana se vaya al minorista, (pero) no es un proyecto de la Aduana, es del senador Félix Ajpi. Informar esto, porque nosotros no somos los proyectistas, es este senador y no nos han llamado para nuestra opinión”, indicó Serrudo en conferencia.

Según la autoridad aduanera, el proyectista no consultó con la Aduana los aspectos técnicos de la norma para que esta instancia ingrese a los mercados a realizar el control y el comiso de mercadería ilícita.

Además, Serrudo indicó que el realizar ese trabajo le demandaría mayor movimiento de personal, lo que representaría una mayor capacidad logística, por lo que rechazó esas acciones toda vez que la Constitución Política del Estado (CPE) establece esas atribuciones a las gobernaciones y municipios.

Atribución

Recordó que la actual Ley 1990 Ley General de Aduanas, del 28 de julio de 1999, en su artículo cuarto, señala que la Aduana tiene competencia para poder hacer vigilancia y control aduanero a las personas, establecimientos, depósitos y mercancías de distribución mayorista.

“Entonces estos compañeros que reclaman este proyecto de ley debieran reclamarle al proyectista, el proyectista es él (senador Ajpi) que tiene que actuar conforme a su reglamento, en este caso el senador Ajpi tiene que actuar conforme a la demanda que está surgiendo y las movilizaciones”, sostuvo Serrudo.

Este vienes en la ciudad de La Paz, un sector de los gremiales se movilizó en contra del proyecto de ley 145.