Economía

Thursday 16 May 2024 | Actualizado a 03:43 AM

Combustibles pasan la frontera con Perú camuflados en sacos

Contrabando. En el lado peruano hay dispensadores de gasolina en plena vía pública

/ 12 de enero de 2014 / 04:00

El contrabando de carburantes tiene carta de ciudadanía en Desaguadero. Camuflados en sacos, a vista y paciencia de guardias municipales y efectivos policiales, cada día centenares de bidones (de entre 10 y 20 litros) son trasladados al lado peruano.

Desaguadero es un conjunto urbano binacional ubicado en la naciente del río del mismo nombre entre Bolivia y Perú. En el lado boliviano, la población de Desaguadero se encuentra dentro de la jurisdicción de la provincia Ingavi, departamento de La Paz.

En el lado peruano, la localidad de Desaguadero es capital de la provincia Chucuito, en el departamento de Puno.

Ambos lados (boliviano y peruano) se encuentran unidos por el puente binacional tendido entre dos puestos fronterizos. Por su situación geográfica, es un activo centro de intercambio comercial legal, aunque el contrabando es notorio durante las 24 horas del día.

Recorrido. A una cuadra de la plaza principal de Desaguadero, en Bolivia, una pequeña caseta de control con guardias de la Alcaldía dan paso a las personas que transportan diversos productos nacionales al lado peruano. Este paso no está habilitado para el comercio entre ambas naciones.

No obstante esta irregularidad, los gendarmes municipales cobran Bs 1 por litro de gasolina o diésel para autorizar su salida, según reveló a La Razón una alta autoridad del sector energético.

Este medio constató in situ la versión del funcionario gubernamental. Es más, también pudo comprobar que los policías reciben dinero para permitir el ingreso de los bidones con combustible.

Este diario se comunicó con el alcalde de Desaguadero, Lucio Flores, para consultarle sobre las irregularidades que se presentan en esa región, recibiendo como respuesta una negativa. “No tengo tiempo. Estoy reunido con mi equipo técnico y no puedo atenderla”, dijo y colgó el teléfono.

En Desaguadero, los triciclos de carga son uno de los principales instrumentos que se usan para el comercio ilegal. Los conductores de este transporte cobran 5 soles (unos Bs 13) por cada traslado de carga. Los coches realizan viajes permanentes durante todo el día cruzando la frontera boliviano-peruana ya sea llevando pasajeros (por 3 soles o Bs 7) o mercadería.

Con mucho esfuerzo, los contrabandistas se dan modos para evadir el control y “sacar” o “introducir” ilegalmente mercadería por el paso improvisado por el río Desaguadero, que marca la frontera entre Bolivia y Perú. Fuentes oficiales indican que estas aguas binacionales son el principal camino para el comercio ilegal de carburantes.

En pequeñas barcazas de madera, que son ubicadas a orillas de este río, los contrabandistas transportan productos a ambos lados de la frontera por unos cuantos pesos (dependiendo del producto).

El comercio de productos bolivianos como los carburantes, Gas Licuado de Petróleo (GLP) y azúcar, entre otros, son trasladados al vecino país, así lo pudo corroborar La Razón en un recorrido que hizo por la zona.

Ya en territorio peruano, estos productos se expenden en toda la población. En el caso de los carburantes (gasolina y diésel), éstos son trasladados a la avenida principal de la población de Desaguadero. La avenida Panamericana, que se conecta con la carretera que va hacia Puno, es el centro de abasto de combustibles. A lo largo de la vía se pueden ver comercios que venden carburantes en bidones y turriles. Incluso hay dispensadores de gasolina y diésel instalados en plena vía pública o en domicilios particulares, según constató La Razón.

Actualmente, el precio de la gasolina especial en el país es de Bs 3,74 por litro, mientras que en Perú llega hasta 3,50 soles (Bs 9,11). En el caso del diésel, el litro de este carburante se comercializa en Bolivia en Bs 3,72. En el vecino país su costo sube hasta 3,64 soles (Bs 9,47).

VENTA. En el recorrido realizado por estos centros de comercio de combustibles en Desaguadero, se verificó que el litro de gasolina o diésel se vende de Bs 7 a 15. Estos precios varían por tienda y cliente.

Un dato que llama la atención  es que entre El Alto y Desaguadero existen al menos 15 surtidores de Gas Natural Vehicular (GNV), gasolina especial y diésel. Pero en Perú, desde Desaguadero hasta Puno (145 kilómetros de distancia), apenas hay un surtidor; por lo tanto, todos los vehículos usan el carburante boliviano.

El director de Operaciones de Interdicción de Hidrocarburos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Jaime Cuéllar, aseguró a este medio que, “sin ánimo de especular, se puede decir que (los combustibles comercializados en el Perú) son bolivianos”.

Durante la gestión 2013, el combustible decomisado que iba con destino para el contrabando u otros fines (narcotráfico, explotación ilegal de oro, tala de árboles, entre otros) llega a 2,7 millones de litros. El valor de los carburantes asciende a Bs 10,2 millones.

Alimentos ingresan sin registro sanitario

Los alimentos son el “dulce” para los contrabandistas en la frontera con Perú. Todos los productos que ingresan ilegalmente a Bolivia no cuentan con registro sanitario que garantice el tipo de mercadería a comercializar.

Burlando todos los mecanismos de control de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), diariamente centenares de triciclos ingresan desde Perú hacia territorio boliviano llevando alimentos e insumos.

De este país ingresan ilegalmente a Bolivia grandes volúmenes de papa, sardinas, limón, cebolla y fruta (guinda, durazno, chirimoya y kiwi), según datos de la ANB.

En un recorrido por Desaguadero, en el lado peruano, La Razón constató el ingreso de varias cantidades de cebolla y papa de Perú.
Grandes camiones llegan al Desaguadero peruano llevando ingentes cantidades de ambos productos. Con la ayuda de cargadores, los productos son divididos en los triciclos para ser transportados en pequeñas cantidades al país.

SANIDAD. Todos los alimentos que llegan de contrabando de Perú son comercializados sin control municipal. El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) tampoco realiza control alguno, por lo que existe el riesgo de que la gente consuma productos contaminados, en mal estado u otros.

Bolivia vende legalmente a Perú más de 310 productos, entre los que destacan las oleaginosas, maní, fibras de madera, hilados de algodón, alcohol etílico, leche en polvo, torta de girasol, minerales,  entre otros, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). De contrabando salen el azúcar, combustibles y garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Mientras en la población boliviana de Desaguadero el carburante es comercializado a Bs 25, en el lado peruano son ofrecidas entre 29 y 35 soles (unos Bs 73 a Bs 89), según pudo constatar este medio.

ANH halla combustibles en casas de Desaguadero

La reguladora intensifica operativos de control de carburantes en fronteras

En un operativo realizado hace dos semanas en Desaguadero, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) halló ingentes cantidades de diésel y gasolina en domicilios particulares de esa población fronteriza con Perú. “Hace dos semanas hicimos un operativo en la ciudad de Desaguadero con el grupo de operaciones de la ANH y pudimos encontrar diésel y gasolina que tenían un destino, el contrabando hacia el Perú”, informó a La Razón el director de Operaciones de Interdicción de Hidrocarburos de la entidad reguladora, Jaime Cuéllar.

Dijo que en la actualidad este caso se encuentra en proceso de investigación, pero que existen al menos cuatro viviendas donde se encontró los carburantes.

La ANH conformó, a través de una resolución administrativa interna, la Dirección de Operaciones de Interdicción de Hidrocarburos, que tendrá a su cargo a un grupo operativo de efectivos compuesto por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana y destinado a ejecutar acciones contra el desvío de combustibles en cualquier punto del territorio nacional.

Cuéllar reveló que en esa región existen “grandes grupos familiares” dedicados al contrabando hormiga de carburantes. “Hay muchas personas implicadas en este caso. Esta es una frontera muy peligrosa en el tema de contrabando de carburantes. Es un sangrado muy fuerte para la economía boliviana”.

En 2013, la subvención al diésel, gasolina y GLP estaba calculada en $us 1.066 millones. En 2012 fue de 981 millones y en 2011 el Presupuesto General del Estado (PGE) destinó $us 666 millones para esa partida. Para 2014,  la subvención se reducirá a $us 900 millones gracias a la extracción de licuables.

Cuéllar indicó que la ANH combatirá el contrabando y almacenamiento ilegal de combustibles, que son delitos que tienen conexión con el narcotráfico, la explotación ilegal de madera y el oro. “Son una serie de delitos que tienen su origen en el desvío de combustible. El destino del mismo se desconoce”, precisó.

Asimismo, explicó que las intervenciones que realiza la ANH están compuestas por tres fases operacionales: preoperacional, donde se hacen los trabajos de inteligencia; operacional, donde se emiten órdenes de allanamiento a través del Ministerio Público y el Fiscal de Frontera.

La última fase, denominada postoperacional, es para atrapar a criminales que se dedican al contrabando de combustible. “Significa bastante ingreso económico para esos grupos de personas”, sostuvo Cuéllar.

La droga es sacada del país en los carburantes

El narcotráfico utiliza nuevas técnicas para sacar droga del país sin que la misma sea detectada por las autoridades. Ya sea droga líquida o cápsulas de cocaína, éstas son camufladas en los envases donde se transporta carburantes, según información de altas fuentes del Gobierno.

Una de ellas contó que los canes que son entrenados para detectar los estupefacientes no pueden olfatear la droga que es transportada en bidones con carburantes. “Su fuerte olor bloquea el de la cocaína”, sostuvo y añadió que la droga es puesta en preservativos, metidos en los galones de combustible para posteriormente ser sacados del país.

La cocaína líquida debe ser extraída con los más sofisticados reactivos. En este caso tiene mayor complejidad la identificación. Los principales puntos de incautación fueron las fronteras de Urupaya, Desaguadero, Patamanta, San Ignacio, Puerto Suárez, entre otros.

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Gobierno incauta armamento con capacidad de traspasar autos blindados en la frontera con Chile

El CEO-LCC, dependiente de las Fuerzas Armadas, realiza operaciones de patrullaje, control de fronteras y seguridad en toda la línea fronteriza de Bolivia.

Un militar controla un paso fronterizo.

Por Boris Góngora

/ 15 de mayo de 2024 / 23:21

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, informó este miércoles que el Comando Estratégico Operacional de lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) comisó armas de fuego de grueso calibre con capacidad de penetrar vehículos blindados en la frontera con Chile.

“Recientemente, se ha comisado en la frontera con Chile armamento de grueso calibre .50. Son armas que pueden penetrar en algunos casos hasta vehículos blindados. También, estamos a la confirmación del comiso de Fusiles Mauser con calibre de 7.62, eso lo vamos a dar a conocer más adelante”, informó Vargas.

Lea más: En cuatro meses, militares afectaron al contrabando en Bs 7,5 millones en las fronteras

También, dijo que se tiene la incautación de vehículos con armamentos. “Estamos viendo que el contrabando está empleando armas de uso de las Fuerzas Armadas, en este sentido se está analizando cómo se va a proceder con el uso de la fuerza y de las armas de fuego en esa línea”.

El CEO-LCC, dependiente de las Fuerzas Armadas, realiza operaciones de patrullaje, control de fronteras y seguridad en toda la línea fronteriza de Bolivia, con el propósito de controlar e impedir la salida e ingreso del contrabando a nuestro país.

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Idepro y Sembrar Sartawi se unen y abren una nueva etapa para las microfinanzas bolivianas

De esta forma, Idepro IFD impulsa un futuro con tecnología e inclusión en las microfinanzas del país

Idepro y Sembrar Sartawi se unen

/ 15 de mayo de 2024 / 17:31

Dos de las entidades pioneras y líderes de las microfinanzas en el país, Idepro y Sembrar Sartawi anunciaron este miércoles su fusión por absorción, lo que marca un hito en la larga y rica historia de este sector financiero en el país y abre una nueva etapa con tecnología de punta e inclusión.

“Esta fusión no sólo fortalece la posición de mercado de la entidad, sino que también acelera la integración de tecnologías avanzadas en sus operaciones, prometiendo un acceso más eficiente y accesible a los servicios financieros para sus clientes, con especial atención a mujeres y jóvenes emprendedores”, señala una nota institucional.

La fusión de ambas Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) permitirá contar con una cartera de créditos de 117,8 millones de dólares, beneficiando a más de 51.000 microempresarios y administrar más de 54.000 cajas de ahorro en todo el país.

«Nos encontramos en un momento de crecimiento, fortalecimiento y consolidación de proyectos. Con innovación y tecnología de punta, abrimos el camino para que nuestros nuevos clientes accedan a servicios financieros digitales, más inclusivos y eficientes. Nuestro objetivo es consolidarnos como la cuarta mayor institución en el ámbito de las IFD en Bolivia antes de fin de año», señala el Gerente General, Rodolfo Medrano Cabrera, citado en dicha nota.

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Idepro y Sembrar Sartawi

Con la nueva entidad fusionada se pondrá en marcha plataformas digitales modernas que reducen el tiempo de gestión y disminuyen la fricción burocrática, lo que facilitará una experiencia optimizada para los usuarios.

Idepro IFD cuenta hoy con una alianza estratégica con Techero, una Fintech internacional, a través de la cual comercializa distintos productos y servicios que serán referente para todos los nuevos clientes que se integren luego de la fusión, señala la nota.

A partir de este martes, la entidad cuenta con 42 agencias en los nueve departamentos del país, cuya capacidad ha mejorado para atender a una base de clientes diversa y en crecimiento.

“Además, la fusión subraya un equilibrio perfecto entre las carteras urbanas y rurales, lo que asegura que tanto los emprendedores urbanos como los agricultores y pequeños empresarios rurales tengan acceso equitativo a soluciones financieras robustas.

La fusión no sólo trae consigo avances tecnológicos y una cartera expandida, sino que también destaca el valor del capital humano.

Este enfoque asegura que la nueva entidad mire hacia el futuro con lo mejor del capital humano de ambas entidades, aprovechando al máximo la experiencia y el conocimiento profundo del sector por parte de sus equipos.

“La fusión de Idepro y Sembrar Sartawi combina recursos financieros y amalgama décadas de experiencia en sectores complementarios. Esta histórica fusión representa una visión dirigida a potenciar y expandir el acceso a servicios financieros, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de las microfinanzas en Bolivia”, dice la mencionada nota.

Hace más de 30 años, Bolivia es líder y ejemplo de las microfinanzas en el mundo, y tanto Idepro como Sembrar Sartawi fueron y son parte activa de este proceso, junto a otras reconocidas instituciones.

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YPFB asegura que el proyecto Domo Oso-X3 no afectará los acuíferos

Se proyecta 2,8 TCF de hidrocarburos en el pozo Domo Oso-X3 y está ubicado a 1,2 kilómetros fuera de la reserva de Tariquía, en el departamento de Tarija.

El ingreso a la Reserva Natural Tariquía, en el departamento de Tarija.

Por Yuri Flores

/ 15 de mayo de 2024 / 16:47

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aseguró que el proyecto hidrocarburífero Domo Oso-X3, en la provincia O’Connor, en Tarija, que se prevé perforar una vez se tenga la licencia ambiental, no afectará los acuíferos existentes en esa región del país.

Según la petrolera estatal, el proyecto Domo Oso-X3 podría atravesar, como todos los pozos exploratorios, algún nivel de agua subterránea durante la perforación sin afectar acuíferos. La industria petrolera tiene estrictas normas para garantizar la protección de los recursos hídricos subterráneos y alta tecnología para evitar una posible contaminación.

Lea también: Estudios establecen que pozo Domo Oso-X3 está fuera de Tariquía y proyecta 2,8 TCF

“Si se atraviesa un acuífero o aguas subterráneas, el equipo de perforación bajará una cañería de revestimiento y cementará las formaciones acuíferas, evitando el contacto entre diferentes fluidos. Dicho proceso se valida con registros eléctricos para verificar el correcto aislamiento, los trabajos previstos son de alta tecnología”, indicó Wilman Yabeta, vicepresidente de Administración Contratos y Fiscalización de YPFB.

La industria petrolera cumple estrictamente las regulaciones y normativas ambientales relacionadas con la protección ambiental durante la perforación de los pozos, incluyendo la obtención de permisos ambientales.

“Los hidrocarburos que se descubran contarán con una tubería de producción dentro del pozo, la cual está aislada por otras cañerías de alto revestimiento y también cementada. De esta forma, el gas o petróleo que se halle fluirá dentro de la tubería de producción sin afectar a niveles de agua subterránea superficiales”, añadió el funcionario.

Recursos

YPFB proyecta 2,8 trillones de pies cúbicos (TCF por su sigla en inglés) de hidrocarburos en el pozo Domo Oso-X3, lo que se traduce en mayores ingresos para la zona y para el país. El mismo está ubicado a 1,2 kilómetros fuera de la reserva de Tariquía. YPFB y Petrobras son socios en este proyecto.

“Ante ello, el ingreso por parte de personal para el relevamiento de datos de campo es fundamental porque se busca obtener la licencia ambiental, que es la primera etapa del proyecto y nos permite de forma más precisa categorizarlo, realizar un estudio de evaluación de impacto medioambiental, programas de protección y una consulta pública”, precisó Yabeta.

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El Gobierno pide a la Asamblea aprobar el contrato para operaciones de Ecebol en Potosí

Para mantener las operaciones, Ecebol Potosí adquiere 9.000 toneladas la materia prima de la planta de Ecebol Oruro y de las cooperativas de Mondragón otras 12.000 toneladas.

La Planta de Ecebol, emplazada en el departamento de Potosí.

Por Yuri Flores

/ 15 de mayo de 2024 / 15:13

El viceministro de industrialización, Luis Siles, pidió a la Asamblea Legislativa aprobar el proyecto de contrato administrativo minero para que la planta de la Empresa Pública de Cementos Bolivia (Ecebol) de Potosí pueda operar de manera plena y producir el cemento para esa región.

Sostuvo que el proyecto de ley fue remitido a la Asamblea en septiembre de 2023 y hasta la fecha solo fue aprobado, en febrero de este año, por el Comité de Minería y Metalurgia de la Cámara de Diputados, lo que impide desarrollar al 100% sus actividades para la explotación de la cantera de Turicaya, Potosí.

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“Les decimos a los asambleístas en La Paz que necesitamos para Potosí sí o sí la ley que dé el contrato administrativo minero para que la planta de Potosí continúe en funcionamiento y operaciones”, reclamó la autoridad en una conferencia de prensa.

El presidente Luis Arce, en conmemoración a los 213 años de la Gesta Libertaria de Potosí, entregó en noviembre del año pasado la planta cementera, que está a cargo de Ecebol, emplazada la comunidad Chiutara, departamento de Potosí.

Según Siles, la ley de contrato administrativo minero le permitirá a Ecebol explotar la cantera de Turicaya y producir cemento. Para obtener el producto final, se requieren 270.000 toneladas de piedra caliza, materia prima para la fabricación de cemento.

“La planta no está paralizada, el Presidente (Luis Arce) la ha arrancado y está en funcionamiento, el problema es que necesitamos más de 270.000 toneladas para que funcione continuamente”, informó.

Requerimiento

Para mantener las operaciones de la factoría, Ecebol Potosí adquiere 9.000 toneladas la materia prima de la planta de Ecebol Oruro y de las cooperativas de Mondragón otras 12.000 toneladas, volumen que aún es insuficiente para dar una continuidad permanente de la fábrica.

Siles lamentó que algunos asambleístas nacionales no prioricen la aprobación de la ley, actitud que ocasiona el retraso de la industrialización del departamento de Potosí.

La planta se construyó con una inversión de Bs 2.135 millones, cuenta con tecnología de punta, y tiene una capacidad de producción de 1,3 millones de toneladas de cemento anual.

La factoría cuenta con las áreas de producción de trituración de piedra caliza; de molienda de harina de crudo; de clinkerización; de molienda de cemento; de embolsado y despacho; de laboratorios de control de calidad; y de áreas administrativas.

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ANH y Policía allanan casa en Cocapata, donde se acopiaba más de 6.600 litros de diésel

La directora distrital de la ANH Cochabamba, Wendy, Villarroel, informó que en el lugar se evidenció 43 turriles de 200 litros, de los que 10 estaban vacíos y 33 contenían el combustible.

Los turriles que fueron secuestrados por la ANH y la Policía.

/ 15 de mayo de 2024 / 13:27

Luego de un operativo conjunto entre efectivos de la Policía Boliviana y personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), fue allanado un inmueble en Cocapata, en el departamento de Cochabamba, donde había acopiados más de 6.600 litros de diésel.

La directora distrital de la ANH Cochabamba, Wendy, Villarroel, informó que en el lugar se evidenció 43 turriles de 200 litros, de los que 10 estaban vacíos y 33 contenían el combustible, que fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Lea también: ANH identifica vehículos de gama alta que acopian combustible de manera ilegal

“Este allanamiento ha sido (ayer) mediante una investigación con la Policía para dar el golpe y se ha remitido a la FELCC, 10 turriles están vacíos y 33 con combustible, cada uno tiene 200 litros”, informó la funcionaria.

Al momento del allanamiento no fue aprehendida ninguna persona debido a que todos se dieron a la fuga, por lo que la Policía y la Fiscalía realiza las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de acopiar el combustible.

Recordó que el acopio, transporte y comercialización ilegal de combustibles está penado por ley con privación de libertad de tres a seis años.

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