El transporte pesado y el Gobierno avanzan las negociaciones sobre las demandas del sector en mesas técnicas programadas, para luego reunirse con el presidente Luis Arce antes del martes.

“Nosotros estamos haciendo hincapié en las instrucciones del Presidente que todos los puntos se resuelvan y se concreten para que después (él) los pueda recibir, que fue un punto del pedido. Se han iniciado las mesas técnicas con la Aduana y muestro a la población que todos los puntos que han sido planteados han sido resueltos”, dijo este jueves el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.

La autoridad explicó que las mesas técnicas se instalaron el miércoles en La Paz y los transportistas se reunieron con la Aduana; mientras que este viernes se fijaron encuentros con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove).

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Transporte

Según el cronograma presentado por el ministro, este viernes a las 09.30 se reunirán en La Paz la Cámara Boliviana de Transporte (CBT) y la Asfi.

Por la tarde, estarán la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte de Bolivia (Fencotrans) y el Senasag. Luego la CBT tiene la cita con la Diprove.

“Tal cual es el compromiso, el lunes iniciamos en Santa Cruz la reunión para tocar estos temas que ellos han planteado: Aduana, combustibles, Diprove, Senasag”, añadió.

El Gobierno programó mesas de trabajo técnicas con al menos siete entidades del Estado para tratar la mayor provisión de carburantes y dólares, entre otras demandas del transporte pesado.

En los encuentros no participan los principales dirigentes de la CBT, que son los que promovieron el bloqueo de carreteras el lunes y martes, y advirtieron con replicar la medida desde el 17 de junio si el presidente Arce no los convoca a un diálogo.

Entre el 1 y el 4 de junio, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) despachó 18,5 millones de litros de combustibles a nivel nacional, por encima del volumen programado para esos días que era 15,9 millones de litros.

«YPFB garantiza el abastecimiento, estamos cumpliendo con los volúmenes del Comité de Producción y Demanda (Prode) y ellos nos dicen cuánto se debe distribuir y lo estamos haciendo. Sin embargo, hemos despachado volúmenes adicionales”, indicó Danny Roca, gerente de Planificación Corporativa de la estatal petrolera.

Asimismo, aseguró que las plantas de almacenaje del país tienen volúmenes suficientes para satisfacer la demanda de combustibles y pese los bloqueos de días pasados, no faltó el producto para los usuarios. “En el caso del diésel, tenemos siete millones de litros stock y 22 millones litros en tránsito con la llegada de 639 cisternas”.

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La autoridad remarcó que los despachos de diésel, gasolina y etanol son normales, por lo que no es necesario que los usuarios hagan filas en las estaciones de servicio.

“Las filas son resultado de especulación porque la demanda es artificial o ficticia. Mucha gente va por precaución y no es necesario porque tenemos el volumen suficiente. La certeza es que estamos emitiendo más combustible. Una muestra de ello es que vehículo que va una estación sale con el tanque cargado”.

Debido al bloqueo del transporte pesado el lunes y martes, las estaciones de servicio se vieron abarrotadas de vehículos que buscaban cargar combustibles; temiendo que éste vaya a terminarse. Sin embargo, a partir del miércoles las colas fueron disminuyendo.

Luego que el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, acusó a los empresarios “de llevarse los dólares” del país, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) exhortó este jueves a no “generar controversias innecesarias ni difundir juicios temerarios que no coinciden con la verdad”.

Mediante un comunicado, indicó que mantiene la convicción de que, frente a las dificultades, se deben buscar soluciones oportunas y permanentes.

“Esos problemas tienen causas complejas y nos afectan a todos, en especial a los productores, importadores y a las empresas medianas, pequeñas y grandes. Mantenemos la convicción de que, frente a estas dificultades, se debe buscar soluciones oportunas y permanentes en base al diálogo directo, en lugar de generar controversias innecesarias y difundir juicios temerarios que no condicen con la verdad”, se lee en el documento.

Asimismo, rechaza la “pretensión” de la COB de responsabilizar a los empresarios privados por la escasez de dólares o por el aumento del precio de algunos productos alimenticios en el mercado nacional.

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COB

También, el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, criticó este jueves las declaraciones de Huarachi y las calificó de “desatinadas”.

El miércoles, tras un ampliado, Huarachi sindicó a los empresarios de “llevarse los dólares” y no reinvertirlos en el país. Advirtió que la organización está en alerta por la situación económica.

Además, señaló a los privados por el incremento en los precios de varios productos de la canasta familiar, “por preferir la exportación de los productos antes que priorizar el mercado interno”.

En el ampliado cobista, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y personeros del Ministerio de Hidrocarburos, dieron explicaciones sobre la escasez de dólares y combustibles.

“Hemos preguntado qué está pasando con los dólares, dónde están. (…) Hay que decirlo, los dólares se lo han llevado los empresarios. Se lo han sacado. No de ahora, inclusive de gestiones pasadas, y lamentablemente no han vuelto a traer”, dijo Huarachi, tras el encuentro.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, demandó a la Cámara de Senadores una respuesta al Requerimiento de Informe Escrito (RIE) enviado sobre el tratamiento de los 19 contratos mineros, que aguardan ser considerados en el pleno senatorial.

Callisaya observó que, si esta instancia legislativa no cumple con la emisión de esta información, está incumpliendo uno de los pilares del Acuerdo de Escazú suscrito por Bolivia como país miembro, el cual establece que los Estados deben garantizar el acceso a la información para que la población conozca sobre proyectos que puedan tener impacto en el medio ambiente.

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“Quiero pedir al Senado pueda responder a la Defensoría del Pueblo como parte del cumplimiento del Acuerdo de Escazú, del cual es parte el país”, indicó el Defensor del Pueblo.

Señaló que se envió el requerimiento porque no existe claridad en la información disponible sobre si estos 19 contratos tienen un estudio de impacto ambiental.

“No hay claridad en cuanto a su ubicación (los lugares donde se realizará la explotación de minerales), o si hubo consenso con la población”, subrayó.

El defensor del Pueblo manifestó que, en caso de que el Senado no responda a este requerimiento de información, la Defensoría del Pueblo asumirá las acciones necesarias, en el marco del ordenamiento jurídico nacional constitucional e internacional en materia de derechos humanos.

La Comisión de Economía Plural del Senado avaló el 19 de abril el informe del proyecto de Ley 036/2023-2024 que aprueba 19 contratos administrativos mineros entre la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) La Paz y cooperativas auríferas, y los remitió para su tratamiento en el pleno de esa Cámara. A la fecha, esa instancia aún no trató la norma.

Tratamiento

El 9 de abril, la Cámara de Senadores había devuelto a Diputados el proyecto, argumentando que venció el plazo de 90 días para su tratamiento fijado por la ley minera.

Sin embargo, la Cámara de Diputados precisó, mediante una nota, que el plazo de 90 días se computa desde el tratamiento en la comisión, que comenzó el 25 de enero de este año.

El 4 de abril, Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la otorgación de 358 cuadrillas a 19 cooperativas; para que operen en las provincias Loayza, Larecaja e Inquisivi del departamento de La Paz.

Por mandato de la Constitución Política, la Ley 535 y la Ley 1333, los actores productivos mineros son responsables del cumplimiento de las normas ambientales; cuando realicen actividades mineras a su propio nombre, por lo cual están obligados a prevenir, controlar; reducir y mitigar los impactos ambientales negativos, y remediar y rehabilitar las áreas explotadas.

El Gobierno anunció que coadyuvará con el municipio de Santa Ana de Yacuma, Beni, si así lo requiere, para apoyar en la reconstrucción del puente Rapulo luego de que se desplomó la noche del miércoles al pasar un camión de alto tonelaje. 

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, explicó que la intervención del Gobierno se dará siempre y cuando las autoridades municipales de Santa Ana de Yacuma envíen una nota a su despacho ya que esa vía no es parte de la Red Vial Fundamental (RVF).

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“Es un puente municipal, el municipio cobraba el peaje para ingresar a este municipio. Entonces, el municipio nos tiene que hacer llegar una nota, porque al final, concurrir donde no nos llaman porque no es una Red Vial Fundamental VF con toda seguridad va llevar gastos y esos gastos nosotros no vamos a poder demostrar”, sostuvo en conferencia.

Solicitud

Dijo que el Ministerio de Obras Públicas tiene especialistas en puentes quienes pueden guiar en la reconstrucción, por lo que se espera la nota de las autoridades municipales de Santa Ana de Yacuma para mover maquinaria.

No obstante, indicó que anoche se trasladó el director regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) al lugar del desplome para ver los requerimientos.

El puente Rapulo fue inaugurado en marzo de 2010 durante la gestión del alcalde Gustavo Humberto Antelo. La obra fue financiada a través del programa “Bolivia Cambia Evo Cumple”, en colaboración con el municipio local.

La alcaldesa de Santa Ana de Yacuma, Rosío Roca, también informó que se realizaron las acciones inmediatas y técnicas sobre la entrega del proyecto del puente, por lo que un ingeniero civil realizará las evaluaciones. “No nos podemos adelantar a los hechos y culpar sobre qué es lo que ha pasado con el proyecto total del puente”.