El proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2025 autoriza el uso de activos virtuales para las transacciones de las empresas instituciones. La medida tiene por objetivo aliviar la escasez de dólares y permitir que la economía continúe moviéndose.

“Se faculta a las empresas y entidades públicas, que realicen actividades comerciales, a obtener activos virtuales y transferir para cumplir sus obligaciones contractuales contraídas en moneda extranjera; para cuyo efecto, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitirá la reglamentación correspondiente”, dice el artículo 7 del proyecto de ley del presupuesto nacional.

El pasado 25 de junio, el Banco Central de Bolivia (BCB) emitió la Resolución de Directorio 082/2024. Mediante esta disposición se habilitó el uso de canales e Instrumentos electrónicos de pago para acceder a la compra y venta de activos virtuales en Bolivia. Desde entonces la adopción de los criptoactivos no ha hecho sino crecer.

Según un informe reciente del BCB, los montos transados en la plataforma Binance, la más usada en el país, crecieron. Pasaron «de $us 13,7 millones en julio a $us 23,7 millones en octubre”. El ente monetario añadió que las transacciones acumularon “en cuatro meses más de $us 75 millones”.

En el sistema financiero nacional el salto fue aún más espectacular. “Entre julio y octubre pasado, la cantidad de operaciones con estos activos escaló de 812 a 1.719”, indicó el BCB. El reporte oficial señala que “el valor de las transacciones que subió de Bs 0,6 millones a Bs 20,1 millones”.

Este domingo, en Energías & Negocios, de La Razón, conversamos al respecto con el especialista en tecnología y economía digital, Hugo Miranda. En una entrevista exclusiva, el experto entra en detalles sobre el uso de criptoactivos en Bolivia y sus perspectivas.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, se refirió a la preocupación del sector gremial en relación a una disposición del nuevo Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que viabiliza el decomiso y confiscación de los productos que los comerciantes retengan.

“Es innecesaria la preocupación del sector, porque esta disposición se activa cuando se comete el delito de agio y especulación (…), actualmente no se sabe qué se puede hacer con esos productos”, afirmó en conferencia de prensa.

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Gremiales

Este viernes, la Confederación de Gremiales afirmó que el nuevo PGE limitará las actividades del sector, pues su decomisará su mercadería si es que hay incremento en el precio.

La disposición que preocupa a los gremialistas señala: “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

En ese sentido, la secretaría general de la Confederación de Gremiales, Lillian Yucra, manifestó el rechazo hacia la nueva normativa. En su criterio, la mercadería que acumula el sector es para vender en un futuro, no para generar especulación; y si hay alza de precios, se debe a la falta de dólares y otros fenómenos.

Productos

El viceministro Silva, por su parte, reiteró que la disposición se aplicará solo en casos bastante evidentes de agio. Esto debido a que, en la actualidad, no existe una normativa clara sobre cómo proceder con los productos decomisados.

Señaló que en los operativos se los quema, se los destruye, pero el PGE se establece que esos productos serán puestos otra vez en el mercado.

“Esa producción se puede confiscar, se puede comisar y se puede entregar al mercado a precio justo”, explicó.

Silva afirmó que el Gobierno se reunirá con el sector para explicarles los alcances de la norma y pidió que no se generen susceptibilidades. Los gremiales, por su parte, analizan realizar un ampliado de emergencia.

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo anunció que este sábado 30 de noviembre comenzará el pago de las pensiones correspondientes al mes de noviembre junto con el aguinaldo 2024, movilizando un total de Bs 1.609 millones en la economía boliviana.

Según detalló el gerente general de la Gestora, Jaime Durán, se destinarán Bs 813 millones para la planilla de pensiones y Bs 796 millones para el aguinaldo, beneficiando a 269.079 personas con sus pensiones y a 269.503 con el pago aguinaldo.

“A partir de mañana sábado 30 de noviembre como es costumbre nos estamos adelantando un día iniciamos el pago de las pensiones de noviembre junto al aguinaldo del año 2024”, afirmó este viernes.

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Gestora

En cuanto a la modalidad de pago, la Gestora explicó que 109.760 beneficiarios recibirán sus pensiones mediante abono en cuenta, 158.957 en ventanilla y 362 a domicilio. Esta última modalidad se aplica únicamente en casos excepcionales, cuando la persona tiene un impedimento médico.

Para el aguinaldo, 109.742 personas cobrarán por abono en cuenta, 159.393 en ventanilla y 368 a domicilio.

Durán destacó que el pago se realiza con un día de anticipación para evitar aglomeraciones y facilitar el acceso a los jubilados.

Las 39 entidades financieras habilitadas están preparadas para atender a los beneficiarios en todo el país.

Desde que inició operaciones, la Gestora implementó este cronograma adelantado, a diferencia de la administración anterior, que realizaba los pagos los primeros días del mes siguiente.

Además, el gerente subrayó que Bolivia es uno de los pocos países en la región que permite la jubilación a partir de los 58 años, asegurando un sistema de seguridad social efectivo y beneficios puntuales para los jubilados.

El gerente general de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Jaime Durán, explicó que aproximadamente 10.000 jubilados dejarán de percibir la Renta Dignidad a partir del próximo año, si se aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

El presupuesto para la próxima gestión señala que aquellos jubilados que continúan trabajando o recibiendo ingresos, no podrán beneficiarse de la Renta Dignidad.

“Más o menos estamos hablando de unos 10.000 beneficiarios que, en caso de que se apruebe la ley, no estarían recibiendo la Renta Dignidad”, afirmó este viernes en conferencia de prensa.

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Jubilados

La medida generó rechazo dentro de la población, pero el Ministerio de Economía y la Confederación del Sistema Integral de Pensiones sostuvieron una reunión el jueves en la que el Gobierno garantizó que la mayoría de los jubilados no se verán afectados y se logrará beneficiar a aquellos que realmente necesiten la Renta Dignidad.

Por la misma línea, Durán aclaró que los ‘afectados’ representan solo un 0,5% del total de jubilados en el sistema, que asciende a «1,2 millones de personas».

“El 99,5% va a seguir cobrando la Renta Dignidad con absoluta normalidad”, afirmó.

Además, el gerente de la Gestora explicó que desde 2008 los jubilados activos del sector público no reciben la Renta Dignidad. Ahora, con el nuevo PGE, se amplía esta disposición al sector privado, cargos comerciales, jubilados pasivos, como los del sector militar, entre otros.

La decisión de despojar a algunos de los jubilados de la Renta Dignidad generó opiniones divididas. El expresidente Evo Morales, por ejemplo, denunció que se trataba de una medida del Gobierno que retrocedía a los “tiempos neoliberales”.

Sin embargo, desde el oficialismo afirman que es una “racionalización”, debido a que se busca garantizar la sostenibilidad de la renta al largo plazo.

El sector inmobiliario de Santa Cruz registra una desaceleración en sus operaciones, según informó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz (Caincruz), Franz Javier Rivero.

En su criterio, las dificultades para concretar ventas, alquileres y anticréticos están relacionadas con la incertidumbre económica del país y la limitada disponibilidad de dólares en el sistema financiero formal.

“Sentimos que cerrar operaciones es más difícil que hace un año. Esta situación genera dudas en compradores y vendedores”, señaló Rivero en entrevista con Unitel.

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Incertidumbre

El ejecutivo indicó que algunos vendedores, ante el contexto actual, optan por no realizar transacciones o por ajustar sus expectativas de precio, lo que frena la dinámica del mercado.

Además, explicó que hay casos de personas que buscaban vender sus propiedades para generar liquidez y tener ingresos, pero ahora están reconsiderando su decisión, afectando a las empresas intermediarias que ven frustradas posibles transacciones.

Rivero consideró que los principales factores que influyen son la incertidumbre económica, la cautela en los precios de los inmuebles y la falta de dólares, que afecta tanto a compradores como a arrendadores.

Debido a la escasez de divisas, las personas deben recurrir al mercado informal, donde, a finales de noviembre, el dólar llegó a costar Bs 12.

El dirigente adelantó que el sector inmobiliario enfrentará un 2025 incierto y desafiante, mientras busca adaptarse a las condiciones económicas actuales y recuperar el dinamismo que caracteriza al mercado inmobiliario cruceño.