El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, afirmó que la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 podría generar un “efecto boomerang”, incentivando el contrabando y el comercio ilícito.

La disposición establece que, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de alimentos esenciales, las autoridades podrán actuar contra quienes almacenen, retengan o incrementen los precios de estos productos.

En entrevista con La Razón Radio, Camacho cuestionó la necesidad de esta disposición, argumentando que el marco legal vigente ya regula estas prácticas.

Además, destacó que la incertidumbre generada por la norma podría desalentar la inversión y debilitar el sector empresarial formal, perjudicando la generación de empleo y el desarrollo económico del país.

“El contrabando es el sector que no está regulado, no paga aranceles, no paga impuestos, daña nuestra economía, asfixia al industrial formal y puede terminar siendo un detonante para incrementar el contrabando y el crimen organizado en Bolivia”, denunció.

Ante la eventual aprobación del artículo, la CNI adelantó que recurrirán a acciones legales para impugnar la norma.

“Si el gobierno insiste en implementar esta disposición, tomaremos medidas legales. Esto solo generará más conflictos y desincentivará aún más a los inversores”, advirtió.

Este lunes, a través de un comunicado, la CNI expresó “su más profunda preocupación y alarma” por la disposición y pidió al Gobierno nacional adoptar medidas de política económica, que promuevan el desarrollo industrial nacional antes que medidas de orden represivo y confiscatorio.

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La Renta Dignidad, que beneficia a más de 1,2 millones de adultos mayores, tiene asegurados los recursos para su continuidad durante la gestión 2025. Así lo confirmó el gerente nacional de prestaciones de la Gestora Pública, Javier Molina, quien destacó que el Presupuesto General del Estado (PGE) contempla los montos necesarios para cubrir este derecho adquirido.

A pesar de la caída en los ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la Renta Dignidad sigue siendo sostenible, según Molina, debido a los aportes de las empresas estatales como YPFB, Entel, BoA y otras.

El monto total mensual destinado al pago de la renta ronda los Bs 400 millones, con cada beneficiario que recibe entre Bs 300 (rentista) y Bs 350 (no rentista) al mes.

En entrevista con La Razón Radio, el gerente también aseguró que el fondo se ajusta anualmente y, además, permite incorporar a los nuevos beneficiarios que cumplen los 60 años. Solo en el último año, cerca de 40.000 personas se sumaron al sistema.

Para la próxima gestión, se estima un crecimiento similar en el número de beneficiarios, lo que refuerza la necesidad de una administración eficiente de los recursos. Molina reiteró que la Gestora Pública continuará cumpliendo su función operativa para garantizar el acceso a este derecho.

Con este presupuesto asegurado, la población adulta mayor puede estar tranquila respecto a la continuidad de un beneficio que ha sido pilar de la seguridad social en el país durante más de dos décadas.

La Renta Dignidad se enfrenta a retos financieros derivados de la caída de ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y otras fuentes.

El Proyecto de Ley PGE 2025 se encuentra en la Cámara de Diputados, esperando que la Comisión de Planificación inicie su tratamiento. Una vez aprobado, debe remitirse a la Cámara de Senadores para que sea sancionado.

El gerente nacional de Prestaciones de la Gestora Pública, Javier Molina, explicó que la suspensión de la Renta Dignidad afectará exclusivamente a un grupo minoritario de entre 10.000 y 13.000 personas mayores de 60 años que continúan trabajando en actividades remuneradas.

“Es importante aclarar que no se está eliminando el derecho, sino que se suspende mientras las personas sigan en actividad laboral remunerada”, destacó en entrevista con La Razón Radio.

Una vez que las personas afectadas dejen de trabajar, podrán reactivar automáticamente su derecho a recibir la Renta Dignidad, siempre y cuando notifiquen formalmente la conclusión de su actividad laboral. Dicho procedimiento es similar al que ya aplican algunos jubilados para evitar doble percepción de ingresos (renta y salario).

Molina enfatizó que esta medida es parte del proyecto normativo del Presupuesto General del Estado (PGE) que aún está siendo tratado en la Asamblea Legislativa. “El objetivo no es ahorrar, sino transferir los recursos a quienes más lo necesitan, como las personas que no tienen pensión”.

En el marco del PGE 2025, el sistema de jubilación y los beneficiarios de la Renta Dignidad enfrentarán importantes ajustes normativos. Estas medidas buscan garantizar la sostenibilidad del beneficio, pero también implican modificaciones que han generado debate.

La Renta Dignidad, que beneficia a más de 1,2 millones de personas en Bolivia, se enfrenta a retos financieros derivados de la caída de ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y otras fuentes.

Sin embargo, Molina aseguró que los recursos están garantizados para el próximo año, debido a una programación anual que incluye aportes de empresas estatales y utilidades generadas por dividendos.

“Estamos viendo un crecimiento de aproximadamente 40.000 nuevos beneficiarios anuales, y este ajuste permite que los recursos puedan redistribuirse de forma equitativa entre quienes ya no cuentan con ingresos adicionales”, explicó Molina.

El Proyecto de Ley PGE 2025 se encuentra en la Cámara de Diputados, esperando que la Comisión de Planificación inicie su tratamiento y posteriormente lo remita al pleno para su aprobación. Una vez aprobado, debe remitirse a la Cámara de Senadores para que sea sancionado.

El proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2025 autoriza el uso de activos virtuales para las transacciones de las empresas instituciones. La medida tiene por objetivo aliviar la escasez de dólares y permitir que la economía continúe moviéndose.

“Se faculta a las empresas y entidades públicas, que realicen actividades comerciales, a obtener activos virtuales y transferir para cumplir sus obligaciones contractuales contraídas en moneda extranjera; para cuyo efecto, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitirá la reglamentación correspondiente”, dice el artículo 7 del proyecto de ley del presupuesto nacional.

El pasado 25 de junio, el Banco Central de Bolivia (BCB) emitió la Resolución de Directorio 082/2024. Mediante esta disposición se habilitó el uso de canales e Instrumentos electrónicos de pago para acceder a la compra y venta de activos virtuales en Bolivia. Desde entonces la adopción de los criptoactivos no ha hecho sino crecer.

Según un informe reciente del BCB, los montos transados en la plataforma Binance, la más usada en el país, crecieron. Pasaron «de $us 13,7 millones en julio a $us 23,7 millones en octubre”. El ente monetario añadió que las transacciones acumularon “en cuatro meses más de $us 75 millones”.

En el sistema financiero nacional el salto fue aún más espectacular. “Entre julio y octubre pasado, la cantidad de operaciones con estos activos escaló de 812 a 1.719”, indicó el BCB. El reporte oficial señala que “el valor de las transacciones que subió de Bs 0,6 millones a Bs 20,1 millones”.

Este domingo, en Energías & Negocios, de La Razón, conversamos al respecto con el especialista en tecnología y economía digital, Hugo Miranda. En una entrevista exclusiva, el experto entra en detalles sobre el uso de criptoactivos en Bolivia y sus perspectivas.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, se refirió a la preocupación del sector gremial en relación a una disposición del nuevo Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que viabiliza el decomiso y confiscación de los productos que los comerciantes retengan.

“Es innecesaria la preocupación del sector, porque esta disposición se activa cuando se comete el delito de agio y especulación (…), actualmente no se sabe qué se puede hacer con esos productos”, afirmó en conferencia de prensa.

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Gremiales

Este viernes, la Confederación de Gremiales afirmó que el nuevo PGE limitará las actividades del sector, pues su decomisará su mercadería si es que hay incremento en el precio.

La disposición que preocupa a los gremialistas señala: “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

En ese sentido, la secretaría general de la Confederación de Gremiales, Lillian Yucra, manifestó el rechazo hacia la nueva normativa. En su criterio, la mercadería que acumula el sector es para vender en un futuro, no para generar especulación; y si hay alza de precios, se debe a la falta de dólares y otros fenómenos.

Productos

El viceministro Silva, por su parte, reiteró que la disposición se aplicará solo en casos bastante evidentes de agio. Esto debido a que, en la actualidad, no existe una normativa clara sobre cómo proceder con los productos decomisados.

Señaló que en los operativos se los quema, se los destruye, pero el PGE se establece que esos productos serán puestos otra vez en el mercado.

“Esa producción se puede confiscar, se puede comisar y se puede entregar al mercado a precio justo”, explicó.

Silva afirmó que el Gobierno se reunirá con el sector para explicarles los alcances de la norma y pidió que no se generen susceptibilidades. Los gremiales, por su parte, analizan realizar un ampliado de emergencia.