La petrolera Repsol y el gobierno de Cristina Kirchner cerraron este martes un acuerdo de compensación de 5.000 millones de dólares por la expropiación en 2012 del 51% de la argentina YPF que da grandes garantías de cobro a la empresa española.
Negociado desde principios de diciembre y cerrado en un contexto de fuerte presión monetaria en Argentina, este acuerdo «reconoce el derecho de la compañía a percibir 5.000 millones de dólares como compensación a la expropiación del 51% de las acciones de YPF» y ofrece «garantías para su pago efectivo», informó Repsol en un comunicado.
La compensación se realizará en bonos de deuda argentinos, por 500 millones de dólares con vencimiento en 2017, 3.250 millones con vencimiento en 2024 y 1.250 millones con vencimiento en 2033.
Argumentando falta de inversiones por parte de la petrolera española en pleno déficit energético en Argentina y la voluntad del ejecutivo de recuperar el autoabastecimiento de combustibles, Argentina había expropiado por ley en 2012 la casi totalidad de las acciones que Repsol tenía en su entonces filial YPF.
La decisión de la presidenta argentina Cristina Kirchner generó un duro enfrentamiento con el gobierno español, que recibió el apoyo de la Unión Europea, Estados Unidos y organismos multilaterales.
Atendiendo a un principio de acuerdo alcanzado con el gobierno argentino a finales de noviembre, Repsol anunció la semana pasada que aprovisionaría 1.279 millones de euros con cargo a sus resultados de 2013 para compensar la expropiación de YPF.
Estas provisiones provocaron un desplome del 90% de su beneficio neto en 2013, según los resultados presentados este martes por la petrolera, quien consideró que el acuerdo con Argentina «permitirá obtener ingresos por el valor recuperado, reforzar la solidez financiera y aumentar la capacidad de crecimiento e inversión de Repsol durante los próximos años».
El acuerdo que zanja el diferendo, aprobado este martes por el consejo de administración de Repsol, deberá ser ahora ratificado por su junta de accionista y por el Congreso de Argentina.
Para blindarse ante una eventual pérdida de valor de la deuda soberana argentina, Repsol obtuvo un paquete de deuda «complementario, por un importe máximo de 1.000 millones de dólares», precisó.
«La entrega de este segundo paquete de bonos se ajustará de manera que el valor de mercado de todos los bonos argentinos entregados a Repsol ascienda, al menos, a 4.670 millones de dólares, con un máximo de 6.000 millones de dólares de valor nominal», explicó la petrolera.
La petrolera española se asegura así la compensación completa independientemente del valor de mercado de los bonos argentinos que «se calculará tomando como referencia las cotizaciones recibidas de entidades financieras internacionales».
«El cierre de la transacción se producirá con la entrega de los bonos a favor de Repsol con plenas garantías de su depósito en una entidad internacional de compensación y liquidación de valores financieros», según el acuerdo.
La petrolera «libremente» puede decidir vender dichos bonos sin esperar a su vencimiento, afirmó, precisando que si «se obtuviera un importe superior a los 5.000 millones de dólares (descontados gastos e intereses), el exceso se devolvería a la República Argentina».
Como garantía adicional, Argentina «reconoce que en caso de reestructuración, o de incumplimiento del pago de los títulos, Repsol tiene derecho a acelerar la deuda, y reclamar en arbitraje internacional (…) las cantidades pendientes de pago hasta alcanzar los 5.000 millones de dólares», afirmó Repsol.
Aunque lejos de los 10.500 millones de dólares que había reclamado en un principio, con este acuerdo Repsol evita una batalla judicial en España, Argentina y organismos internacionales que podría prolongarse durante años y en el marco de la cual la Corte Suprema de Nueva York rechazó el 8 de febrero una demanda presentada por la petrolera española contra YPF y un banco neoyorquino.
Por el acuerdo ahora alcanzado ambas partes se comprometen así al «desistimiento recíproco de las acciones judiciales y arbitrales interpuestas y la renuncia a nuevas reclamaciones».