La Cámara de Diputados aprobó este sábado a las cerca de las 13.00 el Proyecto de Ley de Minería y Metalurgia en sus estaciones ‘en grande’ y ‘en detalle’ en el marco de lo que señala la Constitución Política del Estado. El documento será remitido al Senado nacional para su revisión.
Los legisladores iniciaron la sesión de este sábado para proceder con la aprobación de los artículos que requerían su ajuste constitucional y aquellos que fueron reconsiderados por la Comisión de Economía Plural.
«Se ha aprobado una de las leyes más importantes para el Estado», afirmó el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Javier Zabaleta que presidió la sesión.
El Proyecto de Ley tiene 7 títulos, 31 capítulos y 241 artículos. Regulará las actividades minero metalúrgicas establecinendo principios, lineamientos y procedimientos para la otorgación, conservación y extinción de derechos mineros, desarrollo y continuidad de las actividades minero metalúrgica de manera responsable, planificada y sustentable. (Art. 1). Se readecuaron a la CPE cerca de seis artículos ( Art. 62, 132; 133; 148; 151; 196).
Los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) aplaudieron y la nueva disposición que fue motivo de intenso debate legislativo.
El viernes, la Cámara de Diputados decretó un nuevo cuarto intermedio hasta las 10:00 horas de este sábado.
Durante la jornada, los equipos técnicos del Ministerio de Minería y de la Asamblea Legislativa trabajaron sobre los artículos observados, cuyo tratamiento fue diferido para el final, precisamente para lograr acuerdos con el sector cooperativo que amenazó cercar el edificio de la Asamblea si es que modificaba el proyecto enviado por el Ejecutivo.
Los cooperativistas se niegan a que los contratos mineros que firmen con privados deban ser aprobados por la Asamblea. “Nos están coartando”, dijeron los dirigentes de FENCOMIN.
En conferencia de prensa realizada en la víspera, el presidente de la Cámara, Marcelo Elío, se mostró optimista y dijo que la Ley se enmarcará en la Constitución y a la vez garantizará la seguridad jurídica de los mineros cooperativistas.