Gobierno envía al Legislativo acuerdos con cooperativistas y regantes para activar aprobación de ley minera
Los ministros de Minería, César Navarro, y de Gobierno, Carlos Romero, informaron en conferencia de prensa de la remisión del contenido de los acuerdos, entre ellos el que modifica el artículo 151 de la ley de Minería referido a la imposibilidad de los cuentapropistas de firmar acuerdos con empresarios
Los acuerdos con cooperativistas mineros y regantes fueron remitidos por el Gobierno a la Asamblea Legislativa Plurinacional para reactivar la aprobación de la ley de Minería, que fue suspendido en su tratamiento debido al conflicto con los cuentapropistas, informaron los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Minería, César Navarro.
Uno de los acuerdos modificó el artículo 151 del proyecto de ley y fijó que los cooperativitas mineros no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas, sean estas nacionales o extranjeras. El Gobierno, en contrapartida, comprometió que el Estado apoyará al sector con la viabilización de recursos económicos para el desarrollo de sus actividades.
La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) activó sin resultados el conflicto, precisamente, demandando respetar su derecho de firmar acuerdos con terceros. Realizaron un bloqueo de caminos en abril con el saldo de dos cuentapropistas muertos en Cochabamba en un enfrentamiento con policías, que intentaban el desbloqueo.
Navarro explicó que los acuerdos fueron puestos en conocimiento de la reunión de gabinete de hoy y se definió remitirlos a la Asamblea Legislativa para reactivar el tratamiento y aprobación de la ley de Minería en el Senado.
“Los acuerdos reflejan un importante nivel de participación de los actores involucrados”, sostuvo la autoridad y explicó que los recursos para apoyar a los cuentapropistas provendrán del Fondo de Inversión Minera.
El fondo “es una institución destinada, fundamentalmente, a prestar recursos económicos a los cooperativas mineras para desarrollar diferentes actividades, lo que se requiere para este instrumento es mayores recursos económicos”, sostuvo Navarro, quien reemplazó en el cargo al destituido Mario Virreira a causa de los conflictos y problemas en la redacción del proyecto de ley sectorial.
Los contratos de riesgo compartido tendrán hasta un año y medio para ser adecuados a la nueva normativa que entrará en vigencia, mientras tanto está en curso el trabajo de fiscalización de los acuerdos firmados entre cooperativistas y empresas.
Con los regantes los acuerdos están orientados garantizar mecanismos de preservación del medio ambiente, y la mitigación y control de los efectos de las actividades mineras.