Economía

domingo 18 abr 2021 | Actualizado a 08:08

El Gobierno resuelve paralizar la actividad minera en Arcopongo

Conflicto. Dirigentes del lugar denuncian una segunda muerte por enfrentamientos

/ 21 de mayo de 2014 / 06:55

El Gobierno resolvió frenar la actividad minera en la región de Arcopongo, provincia Inquisivi de La Paz, luego de los enfrentamientos que se suscitaron por la explotación de oro en el lugar. Dirigentes campesinos reportaron al menos dos fallecidos tras los incidentes.

El viceministro de Cooperativas Mineras, José Luis Chorolque, informó el martes a La Razón que después de conocer los lamentables hechos acaecidos en esa región minera se determinó que es “necesario inmovilizar el área de conflicto temporalmente”.

“El tiempo será determinado de acuerdo a que se subsane el conflicto. Medio año, un año, dos años, dependerá de eso y se va a levantar cuando entre una nueva inspección técnica y se determine si ha retornado la calma a esa región”, explicó la autoridad.

El domingo se produjo un enfrentamiento en Arcopongo entre pobladores de esa comunidad y cooperativistas mineros por un yacimiento aurífero. Inicialmente se informó de una persona fallecida (Antonio Flores) por un disparo de arma de fuego, y de varios heridos. 

Ayer por la tarde, este medio se comunicó con el representante del Comité de Defensa de Tierra y Territorio del Norte Tropical Inquisivi Túpac Katari, Francisco Marca, quien dijo que se había confirmado el deceso de Gonzalo Cabrera.

Atacantes. El Viceministro de Cooperativas Mineras informó que los presuntos atacantes son de la Cooperativa Minera Aurífera Ullakaya Condorini. “Estos mineros tienen una personería jurídica que les autoriza la explotación de minerales en la provincia Bautista Saavedra (…). En el área en el que estuviera haciendo su trabajo, que es Arcopongo, no es legal”, dijo.

Chorolque explicó que está en análisis la revocatoria de la licencia de esta cooperativa minera, que ha sido denunciada por operar en Arcopongo con la personería jurídica que le fue otorgada para explotar recursos minerales en la provincia Bautista Saavedra.

Además de Ullakaya Condorini, la autoridad indicó que hay otras 11 cooperativas que operan de manera ilegal porque no cuentan con la licencia otorgada por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). “Todas las cooperativas son ilegales, no tienen consolidada su personería jurídica, no tienen consolidada su área de trabajo en ese sector, por lo que ninguna es legal. No deben explotar” ningún recurso minero, enfatizó.

Indicó que las cooperativas que trabajan de manera ilegal en la zona son Chaquety La Plaza, Ullakaya Condorini, Río Grande Chaquety, Elena Pampa, Cumbre Dorada, Chaquety La Plaza B, Néstor Zárate La Plata, Palma Flor, Empresa Minera Tunki I, Tunki II, Ave María Chilkani y Hatikva. “Son la gran parte de las cooperativas que están en el sector y las que están en proceso de trámite”, precisó.

Con la inmovilización de operaciones en la zona de Arcopongo, dijo la autoridad minera, “se van a disolver todos los permisos de las cooperativas que han solicitado la explotación en el lugar”.

En declaraciones a radio Erbol, el dirigente campesino Francisco Marca señaló que en reiteradas  oportunidades denunció la presencia de personas armadas en el lugar, dedicadas a la explotación ilegal de oro. Identificó a Constantino Quispe, secretario de Conflictos de la Comisión Minera de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, de organizar en 2013 cooperativas para tomar los yacimientos de Ullakaya Condorini.

El subcomandante de la Policía, general Rosalío Álvarez, dijo que en las próximas horas llegarán al lugar para constatar la veracidad o no de las denuncias.

Policía en el escenario de conflicto

Comisión

El viceministro de Cooperativas Mineras, José Luis Chorolque, informó que una comisión encabezada por el gobernador de La Paz, César Cocarico, 50 efectivos policiales, dos fiscales y un médico forense se trasladó ayer por la mañana a la zona del conflicto.

Provincia

El tiempo que se tarda en llegar a ese sector, al norte de Inquisivi, es de unas 48 horas, “por la complejidad de la ruta”, manifestó Chorolque.

Fencomin responsabiliza a Comibol por el conflicto

La dirigencia de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) responsabilizó a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) por los acontecimientos registrados en la región de Arcopongo, provincia Inquisivi del departamento de La Paz.

El presidente de Fencomin, Alejandro Santos, aseguró ayer que desde hace dos años las cooperativas pertenecientes a las federaciones regionales y departamentales de La Paz vienen tramitando ante la Comibol la licencia para realizar operaciones de manera legal en la región. Sin embargo, afirmó el dirigente minero, hasta la fecha no existe ningún permiso entregado por la estatal.

“Los cooperativistas, cansados de esperar, pretendieron tomar por la fuerza el yacimiento minero (…). Los directos responsables de las jornadas malas (sic) que están pasando en este momento en el sector de Arcopongo es la Comibol”, señaló. El viceministro de Cooperativas Mineras, José Luis Chorolque, coincidió con la percepción de ese sector. “La responsabilidad es de la Comibol, porque son quienes administran las reservas fiscales del país”.

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El Gobierno desautoriza al director del INE y aclara que no hay definición sobre año del censo

El Ministerio de Planificación del Desarrollo aclaró en un comunicado que solo es una sugerencia lo dicho por el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, sobre lo complejo de realizar el censo en 2022

El director del INE, Humberto Arandia.

/ 16 de abril de 2021 / 23:35

A pesar de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó de lo complejo de realizar el censo en 2022, el Gobierno salió a aclarar que por el momento no hay ninguna definición sobre el año de realización del Censo de Población y Vivienda.

“Se tiene a bien aclarar que el Gobierno Nacional no ha definido el año en el que se realizará el censo. Por tanto, el planteamiento efectuado por el INE es una sugerencia”, aclaró el Ministerio de Planificación del Desarrollo en un comunicado.

El director del INE, Humberto Arandia, informó el jueves que la preparación del censo toma al menos cuatro años y que el desfase se registró en 2019 cuando el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez descartó el documento precensal, “así de claro y simple”.

“Este proyecto puede tardar tres años y medio, entonces, estamos hablando de manera optimista, si se cumplen todos estos requisitos, que mínimamente el censo se llevaría adelante el 2024”, sostuvo Arandia durante una conferencia de prensa.

En el comunicado, también se establece: “El cronograma de actividades referido al Censo Nacional de Población y Vivienda deberá estar orientado a recuperar el tiempo perdido durante las gestiones 2019 y 2020”.

El último censo fue en 2012, por lo que el siguiente debiera ser el 2022. El anuncio de Arandia desató una serie de reacciones de crítica, principalmente, en el departamento de Santa Cruz y el anuncio de articular acciones cívicas para la realización del censo.

El electo gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho advirtió que el aplazamiento del censo “puede generar confrontación e inestabilidad en el país; Luis Arce debe actuar responsablemente, tiene un año para organizar el censo”.

“Este retraso de 3 años quita a Santa Cruz recursos que corresponden a 800.000 habitantes más que viven en nuestra tierra desde el 2012”, explicó Camacho.

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Pese a estar prohibido, en la Gestora Pública mueven Bs 43 MM en venta de valores, hay seis involucrados

Seis funcionarios están involucrado en las irregularidades denunciadas por autoridades de la Gestora Pública. El fiscal Johan Muñoz informó que la investigación está en marcha y que al momento hay un aprehendido

La Paz. Frontis de las oficinas de la Gestora Pública.

/ 16 de abril de 2021 / 17:16

A pesar de estar prohibido, seis funcionarios de la Gestora Pública vendieron títulos valores con un movimiento de capital de Bs 43 millones. Por el caso hay un aprehendido, dos fueron citados en la ciudad de Santa Cruz y el resto está prófugo.

El fiscal Johan Muñoz informó que la investigación empezó a raíz de la denuncia de autoridades de la Gestora Pública, tras un proceso de fiscalización interna que detectó las irregularidades en la que incurrieron los funcionarios.

No se dio mayores detalles. «Seis funcionarios de esta Gestora, pese a que existía una prohibición de venta de estos títulos valores, han realizado siete transacciones irregulares en las cuales han movido un capital de casi 43 millones de bolivianos», detalló.

La Fiscalía de La Paz recibió de la Gestora Pública la denuncia de que seis funcionarios de esa entidad realizaron siete transacciones irregulares que ocasionaron un daño económico de más de Bs 43 millones, informó este viernes el fiscal Johan Muñoz.

«Seis funcionarios de esta Gestora, pese a que existía una prohibición de venta de estos títulos valores, han realizado siete transacciones irregulares en las cuales han movido un capital de casi 43 millones de bolivianos», dijo Muñoz en rueda de prensa.

El aprehendido era asistente de la gerencia de la Gestora y está acusado por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Las transacciones realizadas corresponde el periodo marzo-agosto 2020.

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El INE aplaza para 2024 el censo, en Santa Cruz amenazan con protestas y articulación nacional

“Este proyecto puede tardar tres años y medio, entonces, estamos hablando de manera optimista, si se cumplen todos estos requisitos, que mínimamente el censo se llevaría adelante el 2024”, sostuvo el director del INE, Humberto Arandia

El director del INE, Humberto Arandia.

/ 15 de abril de 2021 / 20:47

El Censo de Población y Vivienda que debía realizarse el 2022 fue aplazado hasta el 2024 por falta de condiciones logísticas, financieras y técnicas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La decisión desató una serie de críticas y una amenaza de protestas articuladas con el movimiento cívico nacional porque aplaza aspectos centrales como redistribución de recursos económicos y escaños.

El director del INE, Humberto Arandia, informó que la preparación del censo toma al menos cuatro años y que el desfase se registró en 2019 cuando el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez descartó el documento precensal, “así de claro y simple”.

“Este proyecto puede tardar tres años y medio, entonces, estamos hablando de manera optimista, si se cumplen todos estos requisitos, que mínimamente el censo se llevaría adelante el 2024”, sostuvo Arandia durante una conferencia de prensa.

La decisión desató una serie de reacciones en el ámbito subnacional porque implicará aplazar aspectos como la redistribución de recursos económicos y escaños legislativos. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, informó que coordinará con el movimiento cívico de Bolivia acciones para “rechazar este intento del gobierno centralista”.

En El Alto, el concejal Javier Tarqui sugirió a la electa alcaldesa Eva Copa exigir al gobierno una compensación económica para afrontar la disminución del presupuesto edil debido a factores como la crisis en el sector de hidrocarburos.

Cobra más fuerza el reclamo cuando el INE presentó sus proyecciones de población, en las cuales Bolivia tiene este año 11.842.000 habitantes, 164.594 más que lo previsto en 2020, cuando llegaron a 11.677.406.

Las proyecciones por departamento ponen en primer lugar a Santa Cruz, con 3.363.400, seguido por La Paz, con 3.023.800; Cochabamba, 2.086.900; Potosí, 907.700; Chuquisaca, 654.000; Tarija, 591.800; Oruro; 548.500; Beni, 507.100, y Pando, con 158.700.

El electo gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho advirtió que el aplazamiento del censo “puede generar confrontación e inestabilidad en el país; Luis Arce debe actuar responsablemente, tiene un año para organizar el censo”.

“Este retraso de 3 años quita a Santa Cruz recursos que corresponden a 800.000 habitantes más que viven en nuestra tierra desde el 2012”, explicó Camacho.

El 2012 se realizó el censo y el seguimiento debía realizarse el 2022. El alcalde electo de Santa Cruz Jhonny Fernández también cuestionó la decisión y de una declaratoria de emergencia.

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Tras ser posesionada como directora de AASANA, Choque denuncia discriminación por ser mujer de pollera

"Quiero pedir (además) que me permitan demostrar mi capacidad, mi profesionalismo, porque estoy segura de cumplir con esta responsabilidad”, dijo Arminda Choque en conferencia de prensa.

La nueva autoridad exhibe documentos que avalan su formación en Derecho

/ 15 de abril de 2021 / 18:50

La nueva directora General Ejecutiva de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Navegación Aérea (AASANA), Arminda Choque, aseguró este jueves que demostrará su capacidad y profesionalismo al frente de la entidad, en respuesta a mensajes en redes sociales que –denunció- criticaron su posesión y su condición de mujer de pollera.

“Quiero decir a las personas machistas, racistas, que deben superarlo porque el racismo y el machismo solo hace daño a la sociedad, a uno mismo y a las familias. Quiero pedir (además) que me permitan demostrar mi capacidad, mi profesionalismo, porque estoy segura de cumplir con esta responsabilidad”, afirmó la nueva autoridad.

A su vez, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, en conferencia conjunta con Choque, anunció que activará ante el Viceministerio de Descolonización una demanda por discriminación y por vulnerar los derechos que tiene “una mujer profesional”.

Choque demostró, con documentos en mano, que es abogada titulada de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba y que cuenta con cinco diplomados; además, afirmó que tiene estudios en Secretariado Ejecutivo, lo que le permitió trabajar en instancias privadas y públicas.

“Mi primer trabajo después de formarme como secretaria fue cuando tenía 21 años, luego he trabajado en la Cámara de Diputados, después en el Ministerio de Minería, posteriormente he ingresado a AASANA donde he trabajado 12 años, he empezado desde abajo, hasta ser secretaria de la Unidad de Navegación Aérea durante ocho años”, destacó.

Choque aseveró que tiene una formación que le permite dirigir AASANA. “Tengo los méritos profesionales, a esas personas que por ver mi vestimenta han hecho ataques racistas y machistas les digo: superen el racismo, superen el machismo, les hace daño a ustedes, a sus propias familias y a las familias bolivianas, y no nos hace bien como sociedad”.

Montaño informó que el Ministerio envió una nota al Viceministerio de Descolonización para que se pueda detectar los comentarios discriminatorios contra una mujer indígena capacitada y formada en el área de la aeronavegación.

“He posesionado a una mujer profesional, a una señora abogada con diplomados y hemos visto un ataque sistemático en su contra sin siquiera averiguar cuál es su formación profesional, su currículum, solo por ser mujer indígena está siendo atacada vilmente”, denunció.

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Amplían al 31 de mayo el pago del Bono Contra el Hambre de Bs 1.000

Mediante decreto 4486, el gobierno de Luis Arce amplió el plazo para el pago del beneficio que se empezó a cancelar en diciembre. El universo de población objetivo superan los 4 millones

El cobro de bonos durante la pandemia. Foto: APG

/ 15 de abril de 2021 / 18:38

Mediante decreto 4486, el Gobierno amplió hasta 31 de mayo el plazo para el cobro del Bono Contra el Hambre de Bs 1.000. Están habilitados para el cobro los mayores de 18 años al 16 de septiembre de 2020.

“Es necesario establecer un nuevo plazo para el cobro del Bono Contra el Hambre, considerando que no todos los beneficiarios del citado bono, por diferentes motivos, pudieron realizar el cobro en el plazo establecido por el Decreto Supremo Nº 4392, siendo que estos precisan contar con recursos para contrarrestar los efectos negativos del Coronavirus (COVID-19)”, establece uno de los considerandos del decreto.

Hasta el 1 de marzo debía cobrarse este beneficio social que empezó a pagarse en diciembre de 2020, como uno de las primeras medidas del gobierno de Luis Arce para mitigar los efectos económicos del coronavirus y empezar a reactivar la demanda interna.

Quienes pueden cobrar son las mujeres que reciben el Bono Juana Azurduy; las personas con discapacidad visual que reciben el Bono de Indigencia y registradas en el Instituto Boliviano de la Ceguera – IBC; las personas con discapacidad grave o muy grave registrados en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de las Personas con Discapacidad – SIPRUNPCD; los beneficiarios del Bono Universal, incluyendo las personas que no recibieron ningún tipo de remuneración salarial del sector público o privado a la fecha de promulgación de la Ley Nº 1330; y los asegurados Independientes en el Sistema Integral de Pensiones.

“Se establece un nuevo plazo hasta el 31 de mayo de 2021, a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, para el cobro del Bono Contra el Hambre, conforme lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 4392, de 13 de noviembre de 2020 y su modificación”, refiere el artículo único del decreto 4486.

Más de 4 millones son los beneficiarios.

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