El Ministerio Público aprehendió a dos sospechosos de haber provocado los enfrentamientos en la región de Arcopongo. La Fiscalía presume que el armamento usado en los ataques a las comunidades del lugar fue adquirido con recursos generados por explotación de oro.
El fiscal del Distrito de La Paz, José Ponce, dijo ayer en rueda de prensa que el Ministerio Público encontró armas de fuego en el lugar y confirmó la movilización de gente armada por parte de los cooperativistas mineros, que protagonizaron los enfrentamientos.
“De los 12 arrestados se habría tomado algunas entrevistas y dos de ellos habrían tenido algún tipo de participación, por lo que se estaba procediendo a su aprehensión”, manifestó la autoridad.
Investigación. El 18 de mayo se produjo un enfrentamiento en Arcopongo, población ubicada en la provincia Inquisivi del departamento de La Paz, entre comunarios de esa región y los mineros de la Cooperativa Ullakaya Condorini.
Tras el conflicto, una comisión encabezada por el gobernador de La Paz, César Cocarico, partió el martes al lugar de los hechos con 50 efectivos policiales, dos fiscales y un médico forense para poder identificar la causa del problema.
Ponce dijo que, según un reporte de la comisión, se confirmó la muerte de tres personas durante el enfrentamiento. Un rehén que estaba en manos de los comunarios también fue liberado.
Explicó que en los reportes de los fiscales que se trasladaron a esa región se informó del decomiso de una ametralladora. “Se colocó en los indicios”, añadió Ponce y sostuvo que no se puede afirmar si esta arma fue utilizada en la muerte de las tres personas.
“No se puede aseverar que la ametralladora sea el arma con la que se habría acribillado a los tres fallecidos. Habrá que hacer las pericias para saber si esta arma fue disparada y si alguno de los impactos ha dado a alguna de las víctimas”, explicó la autoridad. Y añadió: “Es una inversión económica que se requiere para adquirir estos armamentos”.
Vargas: Ayudé a tramitar la personería jurídica
Gladys Vargas Escóbar, diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) por Potosí, explicó ayer a La Razón que ella solamente ayudaba a tramitar y fiscalizar la personería jurídica de la Cooperativa Palma Flor, ubicada en la región de Arcopongo.
El abogado de la Cooperativa Ullakaya Condorini, Eduardo León, denunció el jueves que el viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar, instruyó el año pasado al director general de Cooperativas, Juan Sejas, que apruebe la concesión de Palma Flor, pese a que existen normas que lo prohíben. Agregó que la diputada Vargas figura como parte de la cooperativa. La aludida dijo que estas denuncias son para afectar su “dignidad”. Consultada sobre cuáles eran las fiscalizaciones que ella realizaba en esta asociación, Vargas dijo que “los compañeros de Palma Flor tramitaban su personería jurídica y por ese lado me pidieron que los colabore y los ayude”.
Dionisio Garzón Martínez: El Estado debe sentar presencia
Cualquier conflicto en el sector minero tiene sus mensajes negativos para la gente empresarial en el país y también afuera. Lógicamente estamos hablando de un área muy remota, de poco acceso y cercana a una zona de regulación ambiental. Esta mineralización de oro se descubrió en los ‘70 cuando la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) hizo una exploración en las serranías de Mosetenes. Arcopongo es la parte del drenaje que baja hacia La Paz, en el río Pacajes y el río Beni.
Toda esa cuenca tiene oro, pero antes era una zona inaccesible. Ahora ya estamos en el problema y eso es un reflejo de la poca institucionalidad del país, donde el Estado no llega a esos rincones, donde la gente se toma ciertas libertades por necesidad y conflictos. Para mí, es una falta de institucionalidad, porque el Estado es el que debe sentar su presencia allá. La Comibol conocía esa área desde hace años, es mucho tiempo que ha pasado y aquello no avanzó más. Los problemas se presentan y este es un diagnóstico muy complicado para el futuro. El Gobierno es el responsable de cualquier conflicto, por lo que ahora debe entrar la fuerza pública.
Dionisio Garzón Martínez es ingeniero geólogo