La juez de Quime, Lidia Coronel, informó el martes que fue recusada por los 11 imputados en el caso de Arcopongo, acusados de asesinato con ‘armas de guerra’, porque supuestamente tiene amistad con el gobernador de La Paz, César Cocarico, por lo que el caso pasó a la jurisdicción de Sica Sica.
‘Estoy recusada y por eso no puedo llevar adelante la audiencia de medidas cautelares para definir la situación legal de cada uno de los once imputados por los delitos de asesinato, asociación delictuosa y complicidad’, dijo cuando abandonaba el salón rosado del Tribunal Departamental de Justica de La Paz.
Por su parte el fiscal Ricardo Condori, explicó que de acuerdo con el cuaderno de investigación se pudo establecer la participación de los 11 imputados en los hechos registrados en Arcopongo, y aclaró que por falta de ‘elementos de convicción’ se requirió la libertad de otros dos aprehendidos.
Entre las pruebas que presentará el Ministerio Público a la autoridad jurisdiccional para fundamentar la imputación y la solicitud de detención preventiva, dijo Condori a la agencia ABI, se encuentran las declaraciones testificales, los certificados de defunción de las personas asesinadas, los casquillos de Fusil Liviano Automático (FAL), una ametralladora y otros elementos que colectaron en el escenario del hecho.
Develó que por las declaraciones de los testigos se evidenció que los comunarios de Ullacaya ingresaron a Palma Flor con el fin no solamente de asentarse en esa área y explotar oro sino de ‘matar a personas y quitarles la vida’, enfatizó.
‘Algunos aprehendidos pertenecen a la cooperativa Hullacayas, quienes también contrataron a personas y tienen una directa relación con esos sucesos que dejaron el saldo de tres personas muertas’, indicó.
Entre tanto, el abogado de la defensa, Eduardo León, objetó que se trata de una aprehensión ilegal porque no existe elemento objetivo que establezca responsabilidad de los imputados por el Ministerio Público.
A su vez, Marco Aranibar, también abogado de la defensa, expresó que en ese caso se violaron los derechos constitucionales porque al menos 8 imputados no estaban en el lugar de los sucesos y por esa razón buscará la libertad de sus defendidos.
El jurista aclaró que las tres personas que escaparon el lunes rebasando a sus custodios, pertenecen a otro proceso referido a explotación ilegal de oro.
Las personas que fugaron son: Eugenio Alanoca Laura, Vidal Marca Poma, y Román Chávez Nina.