En conferencia de prensa, los exministros Teresa Morales, Wilma Alanoca y Roberto Aguilar se declararon “defensores de los recursos naturales y del litio” y anunciaron una férrea defensa para esclarecer el caso de supuesta corrupción en la planta de Yacimientos del Litio Boliviano (YLB).

Asimismo, rechazaron la “persecución política” que, según ellos, activó el Gobierno contra las exautoridades de la gestión de Evo Morales.

“Nos hemos declarado los exministros defensores de los recursos naturales, en particular del litio, y vamos a dar pasos adelante en ese sentido. Estamos fuera del poder, en la oposición y vamos a organizar al pueblo para defender los recursos naturales y se conformará un gran movimiento de defensa del litio y los recursos”, dijo la exministra Morales.

Aseguró que este movimiento lo inician no como exautoridades de gobierno, sino como luchadores por los recursos naturales para que “se haga realidad el sueño de Potosí que es la industrialización del litio”.

Al respecto, la exministra de Culturas Wilma Alanoca calificó de “imperdonable” el actuar del gobierno de Luis Arce; y dijo que en su afán de perseguir políticamente a las exautoridades han provocado una muerte. Alanoca se refirió al exgerente de YLB Juan Carlos Montenegro, uno de los investigados por el caso de las fallas en las piscinas de la Planta Industrial de Carbonato de Litio; quien falleció este miércoles por causas aún investigadas.

“Lo que ha ocurrido en las últimas horas es imperdonable, marca una nueva mancha para este gobierno. No les basta con querer destruir el proceso de cambio, ahora resulta que han efectivizado, de manera rigurosa; la persecución política que hoy nos ha costado una vida”, dijo Alanoca.

Lea más: El exministro Echazú deja las celdas policiales para cumplir su arresto domiciliario

Litio

La exautoridad cuestionó la “diligencia” con la que actúa la Justicia para algunos casos y dijo que la detención de Luis Alberto Echazú, exministro de Minería; fue “armada” y su detención obedece a un juez que trabajó con el procurador César Siles.

“Lo hacen para tapar su incapacidad, el despilfarro, sus mentiras y activan la persecución a exautoridades”.

Al respecto, el exministro Aguilar dijo que el único proyecto serio que tiene Bolivia para avanzar con la industrialización del litio es el diseñado por Echazú y Montenegro. Complementó que la carta póstuma, dejada supuestamente por Montenegro; revela que el gobierno de Arce dejó paralizadas las piscinas y no hizo “absolutamente nada”.

La exministra Morales cuestionó, además, que no se ejecute similar investigación a las autoridades del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, que también tienen responsabilidades.

“Que entienda el país que lo que hacen es una persecución política; estamos íntegros y vamos a seguir denunciando”.

El jueves, la empresa YLB y la Procuraduría General del Estado presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra 10 exfuncionarios de la estatal por daños a las piscinas industriales del complejo de litio en Potosí, que ascienden a más de Bs 425 millones.

Luego de dos días de permanecer en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de La Paz, el exministro de Minería Luis Alberto Echazú salió la tarde este miércoles para cumplir el arresto domiciliario que dictó la Justicia. Es investigado por presuntos hechos de corrupción en la implementación de la planta de litio en el Salar de Uyuni, Potosí.

Echazú, de 74 años, fue aprehendido el lunes en la investigación por los delitos de incumplimiento de deberes; contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

El abogado y exprocurador Wilfredo Chávez calificó como político el proceso y dijo que la detención de Echazú fue injusta, pues es una de las personas que inició el proyecto del litio en Bolivia.

“Se han cumplido las condiciones que impuso la autoridad (judicial). El compañero se irá a su domicilio, estuvo dos días privado de libertad en un proceso injusto; y político que ha tenido resultados funestos en las últimas horas. El Gobierno va a tener que dar cuenta por eso”, dijo Chávez, a los medios de comunicación en la FELCC.

Lea más: Justicia dicta detención domiciliaria para exministro Luis Alberto Echazú

Echazú

Asimismo, dijo que esta “persecución política” solo busca tapar la “dejadez” del Gobierno en el proceso de construcción de la planta de litio en el departamento de Potosí.

El jueves, la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la Procuraduría General del Estado presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra 10 exfuncionarios de la estatal por daños a las piscinas industriales del complejo de litio en Potosí; que ascienden a más de Bs 425 millones.

En la imputación formal del Ministerio Público, se solicitó la detención preventiva para Echazú en el penal de San Pedro de La Paz por seis meses, tiempo en el que se procederá a la investigación. Sin embargo, en la audiencia de medidas cautelares, el martes; se determinó su detención domiciliaria, arraigo y una fianza.

La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) también reaccionó en contra del incremento salarial anunciado por el Gobierno para este año y lo calificó como “irresponsable” pues generará un “desborde” de la economía informal.

El gerente general de la Caneb, Marcelo Olguín, dijo que el incrementó de 5,85% al salario mínimo es el que más preocupa a los privados, pues conlleva el alza en bonos, subsidios y otros pagos que están relacionados.

“Atado al mínimo nacional hay varios bonos, subsidios y el costo se encarece grandemente. Es una medida irresponsable en términos de que no cuida el poco empleo digno que queda en el país; el sector exportador es el que más empleo digno genera. Esto va terminar en unidades productivas de mediana y pequeña escala tendrán que hacer ajustes en su planilla; y generando un desborde a la economía informal sin seguridad social ni de corto ni largo plazo”, dijo en conferencia de prensa.

Lea más: Industriales sugieren pagar el alza salarial con productos nacionales

Asimismo, el gerente considera que la decisión fue asumida por razones políticas más que económicas y técnicas.

“Se nota claramente una intencionalidad de llegar a un número redondo atractivo, político, que dé contento a una Central Obrera Boliviana (COB). El monto de incremento de 5,85% está muy distante de cualquier razonabilidad; de cualquier estudio que pueda generarse y es la cifra que más descontento genera al sector privado en su conjunto”.

El martes, el presidente Luis Arce, junto a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), anunció el incremento de 5,85% al salario mínimo nacional y de 3% al salario básico.

Varios sectores empresariales y privados manifestaron su rechazo a la medida; argumentando que provocará el cierre de fábricas y/o el despido de trabajadores.

Las protestas contra el incremento salarial de 5,85% al mínimo nacional y 3% al haber básico suman. Los empresarios privados y productores de Santa Cruz cerraron filas este miércoles asegurando que no es el momento para un alza y la calificaron como ‘agresiva’.

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Óscar Mario Justiniano, dijo que cada año tienen el mismo conflicto con el Gobierno y la Central Obrera Boliviana; y que el tema debería ser analizado en un “entorno más macro” y viendo la realidad del país.

“Hace más de dos décadas venimos haciendo lo mismo y la pregunta es mejoró la vida de los trabajadores, mejoró la vida de los colabores; esto se debe ver de un entorno macro para que cada trabajador tenga seguridad industrial, salud ocupacional, capacitaciones e innovación”, dijo.

Asimismo, auguró que esta medida traerá problemas también a futuro pues muchas empresas no podrán cumplir con la normativa; y habrá despidos.

Al respecto y mediante un comunicado, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) dijo que el incremento salarial es “agresivo”; y fijado con base en fundamentos políticos y no económicos.

Argumenta que “miles de pequeñas y medianas empresas, emprendimientos familiares y startups que, día a día, a pesar de la adversidad, apuestan por su país y emplean a sus compatriotas”, se verán afectados.

Lea más: La Cámara Nacional de Comercio propone que el alza salarial no sea retroactiva o se pague en cuotas

Incremento salarial

Protesta, además, porque el sector privado es excluido del diálogo para definir este tema, haciendo más “difícil apostar por la industria y el comercio nacional”.

“Los riesgos de continuar bajo esta lógica agresiva, política y alejada de la realidad traerán efectos adversos, difíciles; o y quizás imposibles de revertir, que ningún incremento salarial podrá solucionar sino nos sinceramos sobre aspectos estructurales”, se lee en parte de la nota.

Lamentan que con un incremento “anecdótico” se esté “acorralando al que apuesta por la fuerza laboral boliviana”.

En tanto, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) recordó que el sector productor fue golpeado por una serie de adversidades que disminuyeron su capacidad de producción y sustento.

La CAO indica que, con el incremento salarial, los agropecuarios quedan vulnerables pues no pueden trasladar los costos adicionales al consumidor y temen el “cierre progresivo de unidades”.

“Consideramos que el aumento salarial anunciado es una medida que no está acorde con la realidad económica que enfrentamos. Esta es una medida que no mira las consecuencias en el futuro. Esta es una medida que da pan para hoy y trae, hambre para mañana”.

Piden al Gobierno reconsiderar la medida y trabajar con el sector agropecuario para encontrar soluciones que promuevan el crecimiento económico y la generación de empleos.

Tras el anuncio del alza salarial de 5,85% al mínimo nacional y 3% al haber básico, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Jaime Ascarrunz, planteó al Gobierno que la medida no sea retroactiva (desde enero de este año) o que se pague en seis cuotas mensuales.

Asimismo, propuso que el pago de los finiquitos ante posibles “desvinculaciones emergentes” del aumento, puedan ser cancelados en 12 cuotas mensuales.

Ascarrunz lamentó que el Gobierno no haya tomado en cuenta al sector empresarial para asumir la medida; y pidió implementar una plataforma de diálogo permanente. Pese a estar en contra del alza, anunció que acatarán el instructivo.

“Consideramos (que) la decisión de incremento salarial está más allá de las posibilidades reales de los agentes económicos. El período de bonanza por el que atravesó el país, gracias a las exportaciones de hidrocarburos; ha terminado y nos enfrentamos a un futuro incierto”, dijo este miércoles, en conferencia de prensa.

El presidente de la CNC remarcó que las empresas formales hacen grandes esfuerzos para evitar aumentos en los precios, mantener abastecidos los mercados y conservar el empleo a pesar de la escasez de divisas.

Asimismo, recordó que de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al tercer trimestre del año pasado la economía creció 2,3%; lo que “guarda relación con un periodo de desaceleración”.

Lea más: El Gobierno afirma que el incremento salarial tendrá ‘efectos positivos’ en la economía

Alza salarial

Ascarrunz considera que el incremento salarial contribuirá a ampliar el déficit fiscal y ampliará los desequilibrios macroeconómicos.

“El aumento salarial también resta competitividad a nuestras exportaciones, pues hacen más costosa la producción nacional”, complementó, recordando que al primer bimestre de 2024 las exportaciones cayeron en 23%, en relación al mismo período del pasado año.

Aparte, remarcó que el salario mínimo (Bs 2.500 para este año) tiene un efecto multiplicador porque es la base para otros costos; por lo que el alza real será mayor para el sector empresarial.

“El salario mínimo nacional ya está en un promedio latinoamericano, ya no es de los más bajos, sino de la mitad para arriba. Nos toca acatar, cumplimos con la ley a pesar que no estamos de acuerdo”.

El martes, el presidente Luis Arce, junto a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), anunció el incremento de 5,85% al salario mínimo nacional y de 3% al salario básico.

Varios sectores empresariales y privados manifestaron su rechazo a la medida, argumentando que provocará el cierre de fábricas y/o el despido de trabajadores.