El Juzgado VI de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto instruyó el domingo por la noche la detención preventiva en el penal de San Pedro de nueve de los 11 aprehendidos por los enfrentamientos en Arcopongo que derivó en tres muertes. Los otros dos tienen detención domiciliaria.
Marco Araníbar, abogado de ocho de las nueve personas remitidas a la cárcel, informó ayer a La Razón que la audiencia de medidas cautelares comenzó a las 08.00 y concluyó a las 20.00, y se realizó en el salón rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, lugar en el que el juez Jorge Gutiérrez ordenó la reclusión de los mismos. A los 11 aprehendidos se los imputó por los delitos de asesinato, complicidad y asociación delictuosa.
El 23 de mayo, el gobernador de La Paz, César Cocarico, culpó a la Cooperativa Ullakaya Condorini de ser la responsable de los actos de violencia entre el 15 y 18 de mayo en tres comunidades de Arcopongo (La Plaza, Palma Flor y La Plaza B) por la disputa para explotar oro en el río Chaquety. Además, confirmó la muerte de tres personas por impactos de bala.
“Lo que se ha acreditado es que ellos no estaban en el lugar de los hechos, sino a días y kilómetros del lugar, entonces no ha valorado eso el juez, pese a que hay pruebas. Ellos han hecho una filmación del viaje, existe un video de dos horas, también hay la planilla del viaje del 17 de mayo que demuestra que ellos estaban yendo de La Paz a La Asunta”, argumentó ayer Araníbar.
Añadió que el 18 de mayo sus defendidos estaban viajando y el objetivo era llegar a Chullpa Marka. Asimismo, negó que fueran miembros de la Cooperativa Ullakaya. Como las pruebas no fueron tomadas en cuenta se pedirá un peritaje del video en el que incluso se escucha las voces de sus defendidos. Ese trabajo tendrá que realizarlo el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para que compruebe la fecha que registra el video, aseguró.
Peregrinación. Antes de que el caso Arcopongo llegue a la ciudad de El Alto, pasó por cuatro juzgados: Quime, Sica Sica, Patacamaya y Sapahaqui, debido a la recusación a jueces que presentaban los abogados de los aprehendidos, explicó Araníbar.
El caso llegó a El Alto porque en fin de semana se trabaja por turno y se utilizaron los ambientes del Tribunal Departamental de Justicia por razones de seguridad y espacio, añadió. Entre los nueve remitidos a San Pedro, está el secretario de Hacienda de la Cooperativa Ullakaya Condorini, Edson Aníbal Cahuana, de quien el gobernador Cocarico mostró el 23 de mayo fotos portando un arma en medio de los comunarios de Siquimirani.
El abogado de dicha cooperativa, Eduardo León, anunció ayer a La Razón que apelarán la decisión del juez porque considera que en la audiencia de medidas cautelares se cometió irregularidades “por mandatos políticos”.
León puntualizó que se pudo establecer que el lugar de los hechos de violencia fue Palma Flor y que los tres cuerpos fueron encontrados a 75 y 95 kilómetros de ese pueblo. “Se ha denunciado que el escenario del hecho ha sido absolutamente modificado y armado, ante eso el juez no ha hecho nada y es una actitud de prevaricato que se ha incurrido”, añadió León.
Pruebas que aún faltan
Autopsia
El abogado de la Cooperativa Ullakaya Condorini, Eduardo León, recordó que tienen evidencia de que funcionarios de gobierno están detrás de la determinación del juez y que el escenario del hecho fue modificado y armado.