Las poblaciones de Tapacarí, Arque y Bolívar, ubicadas en la parte andina del departamento de Cochabamba, exigieron ayer al Gobierno una nueva amnistía para los vehículos indocumentados porque aseguran que éstos son su herramienta de trabajo.
El pedido fue realizado por los comunarios de esas poblaciones, quienes llegaron a la capital para pedir otra nacionalización de los vehículos. “Que haya amnistía de estos autos que son nuestra herramienta de trabajo, sirven para trasladar nuestros productos a las ferias”, manifestó Carmelo Larico, dirigente de Pongo. La solicitud se suma a la de la gente del Chapare y el Cono Sur de Cochabamba.
Existen al menos 600 vehículos indocumentados que ahora sustituyen a los animales de carga, argumentó Juan Navía, comunario de Tapacarí. Éste explicó que llamas y burros perecieron por falta de forraje, “por el cambio climático”, y compraron los vehículos, denominados “chutos”, para el traslado de sus productos.
Navía acotó que los motorizados fueron adquiridos a bajo precio, entre $us 2.500 y $us 4.000. “Los chuteros (vendedores de autos chutos) trajeron de Chile y compramos según nuestra economía. Nosotros también tenemos derecho a tener un auto”, afirmó.
Los propietarios de estos motorizados conformaron la Asociación de Propietarios de Vehículos Indocumentados de la Zona Andina y se organizaron para evitar la incautación de los mismos. Larico añadió que impedirán que el Control Operativo Aduanero (COA) les quite sus vehículos en los operativos. “No lo vamos a permitir, vamos a enfrentarnos, estamos bien organizados”.
Demanda. El pedido de amnistía para estos motorizados surgió en la población de Ivirgarzama del trópico de Cochabamba, donde se conformó la primera Asociación de Propietarios de Vehículos Indocumentados, pues existen más de 4.000 vehículos de este tipo que circulan sin placas y documentos legales, al igual que en el Cono Sur, donde hay otros 2.000. Hace 15 días, estos últimos también exigieron una nueva nacionalización.
El 4 de julio, la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, sin dar nombres, mencionó que se identificó cuatro municipios en el país donde las autoridades locales estarían otorgando documentación de nacionalización a los propietarios de vehículos chutos de forma irregular y anunció con el inicio de una investigación para realizar procesos penales contra éstos.
El 8 de julio, Ardaya dijo que coordinará con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para restringir la venta de combustible a los propietarios de los vehículos chutos que circulan en el país. También se les impedirá el acceso a repuestos para sus coches. El 4 de mayo, La Razón publicó que el negocio de los vehículos indocumentados emigró al pueblo de Uncía, en Potosí.