Habitantes de algunas poblaciones decidieron entregar vehículos indocumentados en su poder a la Aduana Nacional para evitarse problemas y el calificativo de población de contrabandistas, informó la presidenta de la institución, Marlene Ardaya, quien añadió que esa entrega no está condicionada porque no se negociará el delito.
La Aduana inició una serie de operativos para incautar los motorizados también conocidos como chutos, luego de establecer, junto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), de la existencia de más de 33 mil de estos motorizados que circulan, principalmente en poblaciones rurales como en los Yungas, en el Chapare y en occidente.
“Quieren entregar los vehículos indocumentados de población, ese es un tema que los vamos a trabajar temáticamente, no le puedo decir el cuándo, pero lo vamos a hacer”, explicó la autoridad en parte de una conferencia de prensa difundida por la emisora Compañera. “Hay poblaciones que quieren entregar ya (esos chutos)”, añadió.
Ardaya evitó identificar a las poblaciones decididas a entregar los vehículos internados al margen de la legalidad. “Quieren entregar voluntariamente a la Aduana Nacional, no quieren problemas (los pobladores); eso implica decir que estas personas van a hacer pacíficamente la entregar en un punto, pero no se negocia”, insistió.
El 18 de julio, la ANH y la Aduana informaron que, mediante el sistema informático B-Sisa, fueron identificados 33.697 coches indocumentados que circulan en Bolivia. De los mismos, 10.595 tienen placas clonadas. El miércoles 23 empezaron operativos de control en las estaciones de servicio para incautar a los chutos o a los autos con placas clonadas.
“Acá no se negocia absolutamente nada, lo que se quiere es entregar de buena manera, sin que haya problemas, eso implica decir: las poblaciones no quieren ser signadas como contrabandistas, la mayoría de ellas”, sostuvo.
El vicepresidente Álvaro García aseguró ayer jueves 24 que “tarde o temprano” los vehículos indocumentados (chutos) serán decomisados “uno a uno” porque, al haber ingresado de contrabando al país, sus propietarios no pagaron impuestos, por lo que no merecen una amnistía.