Economía

miércoles 12 may 2021 | Actualizado a 22:19

En los Yungas revenden gasolina para autos chutos hasta en Bs 10

Delito. El ‘mercado negro’ de carburantes involucra a surtidores, tiendas y comerciantes.

Por La Paz

/ 7 de septiembre de 2014 / 08:15

A 210 kilómetros de la ciudad de La Paz, en La Asunta, al sur de los Yungas, los propietarios de autos chutos hacen fila con bidones de entre 10 y 20 litros para cargar gasolina en sus vehículos o para revenderla hasta en Bs 10 el litro en el “mercado negro”, constató este medio.

Cada miércoles temprano, la estación de servicio de ese municipio, a unas siete cuadras de la plaza principal, acaba sus provisiones de gasolina y diésel. La demanda de los propietarios de coches —en su mayoría chutos o sin papeles— para adquirir el valioso carburante, rebasa la oferta.

“Hoy se acaba en el surtidor y luego solamente podremos encontrar en el ‘mercado negro’, por eso vengo aquí”, dijo un joven chofer de un taxi blanco sin placas, mientras hacía cola con dos bidones para comprar la gasolina subvencionada por el Estado. El costo legal del litro de gasolina es de Bs 3,72, pero en el “mercado negro” yungueño un litro puede costar entre Bs 7, Bs 8 y Bs 10. Mientras el litro de diésel que vale Bs 3,74, en la región se consigue a Bs 5.

Ilegalidad. Mientras la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dispuso en julio que no se venderá gasolina a los carros chutos que ingresan de contrabando al país, estos vehículos la adquieren sin problemas en los Yungas. Sus dueños se convirtieron en los principales clientes de los especuladores del carburante.

Y pese a que la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y el Control Operativo Aduanero (COA) llevan adelante operativos en el ámbito nacional para capturar a estos motorizados ilegales que, en algunos casos, incluso portan placas de control clonadas, en Chulumani y La Asunta estos autos circulan sin ningún problema.

“Yo compro el litro de gasolina en 7 y hasta 8 bolivianos, y luego lo vendo en 10 bolivianos, por eso no se gana mucho”, comentó María, quien evitó brindar su apellido, en la comunidad Chamaca, a poco de llegar a La Asunta, cuando La Razón le consultó cómo vendía el carburante en el lugar.

Este negocio y el libre tránsito de los vehículos chutos en esos dos municipios evidencia que tampoco se acata la Ley 100 de Desarrollo y Seguridad de las Fronteras, que castiga a la persona que “almacene o comercialice diésel, gasolina o gas licuado de petróleo, sin estar autorizado por la entidad competente”. Ello es sancionado con la privación de libertad de tres a seis años “y la confiscación de los bienes e instrumentos para la comisión del delito”, señala la norma.

No obstante, este medio evidenció que jóvenes choferes, ayudados por sus esposas e hijos, compraban diez, 20 y hasta 30 litros de gasolina de la estación se servicio de La Asunta, para luego esconderlos en los asientos traseros de sus vagonetas chutas.   

Cuando La Razón se acercó a la vendedora de este surtidor y preguntó el precio del litro del carburante, la muchacha nerviosamente respondió: “Vendemos a Bs 3,72…”. Empero, los compradores aseguraron que mínimamente cuesta Bs 4, que posteriormente es revendido en Bs 10. En La Asunta se observan por lo menos tres tiendas en las que se anuncia “gasolina-diésel Bs 7”. La calle donde se encuentran éstas se halla a una cuadra del inmueble de la Alcaldía.

Desde las oficinas ediles, Bernal López, responsable de Transporte del municipio asunteño, se declaró sorprendido cuando se le consultó por el comercio ilícito de carburantes que impera en la región. “La Agencia (Nacional) de Hidrocarburos tampoco coordina con nosotros y no sé qué tipo de tratos tendrán con los encargados del surtidor”, se defendió.

Además, señaló que cuando se hacen inspecciones no hay filas de personas con bidones en la estación de gasolina y menos automóviles chutos por los alrededores. “Me voy a dar una vuelta”, prometió. Eso sí, admitió que tomar cartas en el asunto también sería un poco complicado para él, porque los involucrados en la compraventa se “la tomarían” con el Gobierno Municipal de La Asunta.

Consultado sobre el arribo y la circulación libre de los motorizados sin papeles, apuntó que los funcionarios municipales no pueden hacer nada y que debe ser la ANB la que tiene que efectuar el control en las fronteras.

La Razón evidenció que incluso hay vehículos sin placas que brindan el servicio de transporte público de la Asociación Yungas. “Sí, ese es el problema, por eso vamos a tener una reunión (con ellos) para ver qué se puede hacer, porque los ilegales ya no deben circular. Hace poco hemos tenido un accidente (de tránsito) y el auto era chuto y ¿quién cubre eso?… Nadie cubre”, manifestó López.  

Mientras el presidente del Concejo Municipal asunteño, Willy Ramos, no quiso hablar con este medio cuando fue abordado sobre este asunto.

Chulumani. Si eso sucede en La Asunta, unas tres horas y media antes, en Chulumani, igual existe un “mercado negro” de carburantes en los talleres de cambio de aceite y llanterías al ingreso de la localidad.

Allí el litro de gasolina cuesta Bs 7 y cuando La Razón preguntó dónde más se puede comprar este carburante, lugareños apuntaron a los buses interprovinciales. “Hoy es martes y los martes las flotas traen (bidones de gasolina), por eso tiene que ir a esperarlos”, reveló una comerciante en la plaza principal.

Desde la gasolinera La Elegida, una de las dos que están a poco de arribar al municipio chulumaneño, sus empleados indicaron que no venden gasolina a los carros chutos.

Allí se formó la Asociación de Propietarios de Vehículos Indocumentados del Norte de La Paz, cuyo presidente Armando Ambrosio admitió que los 3.000 afiliados tienen problemas para proveerse de gasolina en los surtidores y que hasta deben pagar el doble por cada litro. Los dueños de estos carros sin papeles esperan una audiencia con el presidente Evo Morales para conseguir una nueva nacionalización, lo que fue descartado varias veces por el Gobierno.

En Caranavi, Guanay y Palos Blancos también existen motorizados ilegales, municipios donde, según los mismos conductores, se puede conseguir gasolina, pero a entre Bs 7 y Bs 10 el litro. Eso pasa en Yungas, uno de los paraísos de los chutos en el país.

Negocio de los chuteros sigue vigente en Uncía

Juan Mejía / Uncía (Potosí)

El pueblo de Uncía, en el norte de Potosí, continúa siendo uno de los mercados donde los contrabandistas o chuteros ofrecen autos sin papeles. El Control Operativo Aduanero (COA) no tiene pisada en este municipio donde mandan los ayllus, que esperan una nueva nacionalización.

Según lugareños entrevistados por La Razón, Uncía es considerado “zona roja” por la instalación de este “mercado negro”, aunque los militares acantonados en el sitio ejecutan operativos de fiscalización en las localidades cercanas para evitar el ingreso y proliferación de estos carros.

Una fuente militar, que pidió reserva en su identidad, comentó que hasta hace tres meses la venta de chutos era intensa. “Copaban toda la avenida Chayanta entre 200 y 300 autos de todas las marcas y modelos como Terrano, Probox, Caldina, Noah, incluso los jeep Cherokee, que costaban desde 3.000, 4.500 hasta 5.600 dólares”. Añadió que esta oferta bajó por decisión de las autoridades originarias o “segundas mayores”. Y los carros fueron replegados a las comunidades a la espera de una amnistía.

Josefina, quien no quiso dar su apellido, reveló que los comerciantes de estos motorizados son lugareños de los alrededores que aún llegan los domingos y los lunes a Uncía para ofrecer su “mercadería” en la calle que se conecta con la vía a Chayanta. “Entre 30 y 50 autos venden hasta en 2.000 dólares; están rematando porque no hay nacionalización”.

En las vías públicas de Uncía al menos medio centenar de vehículos sin placas, convertidos en taxis, circulan sin impedimento. Realizan viajes a los pueblos de Chuquihuta, Macha, Chayanta, Pocoata, Cala Cala, entre otros, y a las aguas termales y al cuartel. Se habla de un convenio que permite este servicio en la jurisdicción, aunque hay taxis que la rebasan y se trasladan hasta Llallagua, y para ello usan placas ilegales, según uno de los conductores.

El encargado de Tránsito en Uncía, suboficial Eduardo Flores, reconoció que su autoridad fue rebasada. “No podemos hacer nada para controlar a los autos que circulan sin placa, tememos la reacción de los comunarios como ocurrió hace unos cuatro años, cuando en una comunidad (Cala Cala) murieron cuatro efectivos de la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos”.

El alcalde Hilarión Flores admitió que su municipio es una vía de tránsito de chutos a otros departamentos y que los comunarios se compraron “su autito” por los bajos precios; aunque aclaró que los carros indocumentados son ilegales. Y negó conocer la presencia de un “mercado negro”. “No podemos meternos en algo ilegal”.

Los vehículos ilegales aún van sin placas por el trópico

Angélica Melgarejo / Trópico de Cochabamba

Los operativos del Control Operativo Aduanero (COA) no llegaron al trópico cochabambino, pero ante rumores de una posible intervención para incautar vehículos indocumentados o chutos, los dueños de éstos evitan sobre todo circular por la carretera. La Policía tampoco puede realizar operativos por posibles atentados contra la vida de los uniformados.

“Dijeron que el COA y la Policía iban a entrar, que vendrán a sacar estos autos que nos perjudican; sin embargo hay alerta, dicen que no van a permitir como la anterior vez que les pegaron a los policías”, rememoró Rolando, un chofer de transporte público en Ivirgarzama. “Puede haber enfrentamiento”, complementó su colega Germán, del sindicato Carrasco.

Hay pocos uniformados en la región para poner coto a centenares de propietarios y comerciantes de estos motorizados. “En reunión resolvieron tomar las oficinas policiales y a los policías de rehenes” si se secuestran sus autos, reveló un policía. “Así se pidan refuerzos, no podrá ser posible la intervención porque hay que preservar la integridad de los camaradas”, mencionó otro efectivo. “Tal vez ni un ingreso como se hizo en Challapata (en 2012) serviría, no es una población como ésa, aquí hay sendas, no se podrá perseguir”, agregó otro uniformado.

Circulación. Desde el Comando Regional del Trópico se informó que existe una orden del Comando General de la Policía de no emitir criterio ni declaraciones sobre el tema. En cuanto a estos motorizados, siguen circulando, aunque pocos sin placas. “No pueden cargar combustible si no tienen placas y por eso todos ya tienen, la mayoría son ‘gemeleadas’ (clonadas), solo la Policía podría saber que no son originales, pero no hay control”, dijo Rolando.

La Razón recorrió 40 kilómetros de vía, desde Villa Tunari hasta Ivirgarzama, y constató la circulación de chutos. En hora y media de viaje se identificó al menos diez sin placas y otros con éstas, pero cubiertas con protectores, algunas con el alfanumérico casi imperceptible. “Ahora no te venden nada en los surtidores si no tienes placa, todos los chutos tienen; si no ‘gemelean’, se prestan de otro vehículo, compran y luego se entran a las sendas”, añadió Rolando, quien además señaló que la anterior nacionalización dio una oportunidad, pero “más autos han entrado y siguen haciéndolo, perjudicando nuestro trabajo, nos quitan pasajeros”.

Hay más. Los propietarios de chutos apuestan al ingreso de estos carros en líneas de transporte público, la mayoría se encuentra en Ivirgarzama, según transportistas consultados por este medio. “Los chutos formaron incluso un sindicato, hay una línea con esos autos”, indicó una las personas entrevistadas. La denuncia fue respaldada por fuentes policiales.

El alcalde de Ivirgarzama, Félix Acosta, aseguró que desconoce esta propuesta. “Con claridad no puedo precisar si hay o no coches indocumentados, se dice que hay”. Opinó que personalmente está de acuerdo con que el ingreso de estos motorizados “perjudica a los transportistas, pero mal podría decir si es verdad o no, no puedo decir que sí están trabajando o no porque no lo he visto”.

Admitió que no es posible controlar el ilícito porque se requerirían otros datos para comprobar el alfanumérico de las placas y verificar si son originales o no. “Este trabajo de verificación es reciente, antes las capitales de provincia centralizaban todo. Complementó que la mayoría de las placas de vehículos corresponde a otros municipios y departamentos: de 2.500 coches en este municipio, solo 500 están registrados y pagan impuestos que benefician a Ivirgarzama.

Descubren chutos por accidentes de tránsito

Angélica Melgarejo

En Villa Tunari, donde existe más presencia policial, no hay vehículos chutos en el área urbana. Y dueños de estos coches señalaron que el peor riesgo que corren no son los controles de las autoridades, sino protagonizar un accidente de tránsito que deje en evidencia la falta de documentos. Incidentes que ya provocaron el secuestro de al menos cinco motorizados en la zona.

“Chocaron y verificando los documentos uno no tenía, era chuto, sin opción a reclamos el carro fue trasladado hasta la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove) en la ciudad, y el propietario remitido al Ministerio Público para no tener problemas”, indicaron fuentes policiales.

“Creo que con el tiempo, ante estos incidentes, será preferible que vendan los vehículos por partes, aquí es peligroso comprar un auto, te pueden vender hasta tus parientes uno indocumentado diciendo que todo está bien”, confesó Mario, un poblador de Chimoré. “Los coches están ocultos ahora, son Ipsum, Noa, hay también lujosos que transitan por las sendas y aunque pidamos que se deshagan de ellos porque nos dan mala imagen, aunque pidamos que venga la Policía, no va a pasar”, añadió.

Una fuente aseguró que “los motorizados siguen llegando desde Chile, si pillan que la placa no es original, se paga entre 100 y 400 bolivianos, luego con sus piecitos nomás llega al trópico y pasa las trancas”.

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En el MAS defienden ley para gravar los servicios digitales, la oposición insiste en que se afectará al usuario

“Es un golpe muy duro a la economía de la sociedad boliviana (…) este impuesto significa un candado a la libertad de los bolivianos, a la educación y desarrollo de los bolivianos”, advirtió el diputado de Creemos Richard Ribera.

Los diputados Juanito Ángulo (MAS), Marcelo Pedrazas (CC) y Richard Ribera (Creemos) con la directora de La Razón y Extra, Claudia Benavente, en el programa Piedra, papel y tinta.

/ 12 de mayo de 2021 / 21:25

Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) se defendió este miércoles el proyecto de ley que grava los servicios digitales, mientras que la oposición insistió en que recaerá en los bolsillos de los bolivianos.

“Es un proyecto para contribuir al Estado, es para generar impuestos a aquellas empresas que están fuera del país, a las transnacionales que prestan servicios de plataformas digitales”, explicó el diputado del MAS Juanito Ángulo en el programa por streaming de La Razon y Extra.

Su posición fue cuestionada por el diputado de Creemos Richard Ribera, quien sostuvo que aplicar un tributo como éste es “meter la mano al bolsillo del ciudadano”.

“Es un golpe muy duro a la economía de la sociedad boliviana (…) este impuesto significa un candado a la libertad de los bolivianos, a la educación y desarrollo de los bolivianos”, advirtió.

Según Ángulo, no se puede desinformar a la ciudadanía porque lo único que se pretende es que las empresas transnacionales con servicios digitales tributen igual que se lo hace en países como Chile o Argentina.

Lee además: Mamani dice que Diputados no tratará ningún proyecto de ley que no haya sido consensuado

Marcelo Pedrazas, diputado por Comunidad Ciudadana (CC), planteó recurrir a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), instancia que busca una regulación de los servicios digitales en países donde no existen mecanismos jurídicos para que las empresas tributen.

Lee además: Montenegro niega que el IVA a servicios digitales llegue al usuario y habla de ‘equidad tributaria’

Según Ángulo, la aprobación de la ley no “establece que los usuarios, dentro del territorio nacional, van a pagar” el impuesto a los servicios digitales.

Pero “esta ley atenta contra la economía de los bolivianos. Creo que podemos trabajar, creemos que estas empresas deben tributar, pero lo haremos de manera legal, no le carguemos al ciudadano, vamos también por quienes producen coca y otros”, indicó Pedrazas.

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Ferroviaria suspende prueba piloto del tren Arica-La Paz y Montaño espera que se levanten los bloqueos

La decisión es resultado de una mesa de diálogo instalada en La Paz a la cabeza del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, y con participación del transporte pesado y la Ferroviaria Andina. Sin embargo, se dejó abierta la posibilidad de rehabilitación de operaciones del ferrocarril.

/ 12 de mayo de 2021 / 21:01

La Ferroviaria Andina suspendió la prueba piloto del tren Arica-La Paz como resultado de una negociación entre dirigentes del transporte pesado y el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, sin embargo se dejó abierta la posibilidad de retomar las operaciones del ferrocarril, pero previo proceso de coordinación y socialización. El Gobierno espera la suspensión de los bloqueos.

“Siempre equilibramos la balanza, no nos inclinamos hacia uno”, afirmó Montaño en la conferencia en la que se informó del acuerdo con un sector del transporte pesado y en alusión a los exportadores que defienden el retorno de las operaciones del tren desde y hacia Arica.

De la reunión participaron representantes de la Ferroviaria Andina. El documento firmado señala que la empresa, “con la finalidad de buscar soluciones equilibradas, de forma libre y voluntaria, se compromete a suspender las actividades de la prueba piloto en el tramo Arica-La Paz”.

Sin embargo, dejaron establecido que “en caso de proponer la realización de actividades y operaciones de forma permanente en el tramo Arica-La Paz, la empresa Ferroviaria Andina S.A. se enmarcará previamente en la normativa vigente en el país y a las autoridades competentes, y previa coordinación y socialización -mediante mesas de trabajo- con los diferentes sectores del transporte para evitar conflictos sociales en la búsqueda del bien común y desarrollo integral de Bolivia”.

La reunión empezó la tarde de este miércoles en medio de una división en el sector. Mientras unos asistieron a la convocatoria al diálogo hecha este miércoles, otros demandaron la reprogramación de la cita para el jueves. Desde el martes, el gremio de los transportistas realiza un bloqueo de caminos con camiones en puntos estratégicos del eje troncal de Bolivia.

En una conferencia de prensa se notificó el acuerdo. “Con esto deberían ya los hermanos dejar que el transporte fluya”, sostuvo Montaño.

El ferrocarril La Paz-Arica se enmarca en el Tratado de 1904 con Chile para facilitar el acceso boliviano a los puertos. Uno de los puntos del acuerdo, justamente, hace referencia a ese tema. «Todas las instituciones y representantes se comprometen a apoyar las gestiones y estrategias que desarrollo el Estado Plurinacional de Bolivia en la defensa de los intereses del pueblo boliviano, referidos al Tratado de 1904».

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Mamani dice que Diputados no tratará ningún proyecto de ley que no haya sido consensuado

La Comisión de Planificación congeló el tratamiento del proyecto de modificación de la Ley 843 y de ampliación del alcance del IVA a los servicios digitales provistos desde el exterior.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani. Foto de archivo: ABI.

/ 12 de mayo de 2021 / 19:42

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, advirtió este miércoles que esa instancia camaral no pondrá en agenda ningún proyecto de ley que no esté debidamente “consensuado” e “informado” como en el caso de la propuesta del Ejecutivo para cobrar el IVA a las empresas internacionales de servicios digitales.

“Para nosotros (Cámara de diputados) eso está totalmente claro, no vamos agendar ningún proyecto de ley que no esté consensuando ni esté informado correctamente como corresponde, entonces esto va para largo”, explicó la autoridad legislativa en contacto con la prensa.

Ayer, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas dela Cámara de Diputados determinó congelar el tratamiento del proyecto de ley de modificación de la Ley 843 y de ampliación del alcance del IVA a los servicios digitales provistos desde el exterior a Bolivia debido al rechazo de diferentes sectores, principalmente de los usuarios de estos servicios.

Mamani pidió al Ejecutivo realizar la socialización de la norma para que no haya malas interpretaciones y desinformación y se aclare que no afectará “al bolsillo del pueblo boliviano” por servicios como los de Netflix, Youtube, Amazon, entre otros.

Según datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), entre 2016 y 2020 los importes por compra de servicios digitales de éstas y otras empresas digitales se incrementaron en un 50%.

“Mientras no consensuemos, mientras no tengamos un acuerdo absolutamente con los beneficiarios, no vamos a tratar (este proyecto) por eso se ha pedido al Órgano Ejecutivo que se pueda buscar todas las instancias de diálogo sobre todo de información y no de desinformación así como se está indicando de que por el uso de WhatsApp o por el uso de Facebook se les va a cobrar, absolutamente falso”, aclaró Mamani.

Ayer, en conferencia de prensa, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aclaró que el impuesto del 13% a estos servicios digitales no afectará al usuario final y que no se gravará los servicios gratuitos de las plataformas como Facebook y Zoom básico. (12/05/2021)

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Ferroviaria Andina solo realiza prueba técnica al tramo Viacha-Arica para ver viabilidad económica

Su gerente general dice que esta operación no se constituirá en una amenaza para el sector del transporte internacional. Ratifica que el volumen de carga que podría ser manejado por la empresa llega a un tope del 10%.

Por Miguel Lazcano

/ 12 de mayo de 2021 / 19:03

Ferroviaria Andina, a través de su gerente general, Cynthia Aramayo, aclaró este miércoles que la empresa solo está realizando una prueba técnica para analizar la viabilidad económica y comercial del tramo Viacha-Arica para que pueda ser en el futuro una vía formal para las cargas de importación y exportación de Bolivia hacia el Pacífico.

Añadió que luego de la prueba técnica, se deberán encarar una serie de pasos posteriores con Chile y otros actores en Bolivia, en un tiempo aún no determinado, conducentes a establecer con claridad su factibilidad.

“Si la prueba técnica que estamos desarrollando alcanza todos sus objetivos, por el tramo Viacha-Arica solo se transportaría en el mediano plazo, en el máximo de la capacidad de Ferroviaria Andina, un tope de 10% del volumen de carga de importación y exportación”, dijo Aramayo.

En ese sentido, explicó que esta operación no se constituirá en una amenaza para el sector del transporte internacional boliviano. “Ferroviaria Andina siempre ha trabajado en alianza con el sector del transporte nacional e internacional. Nuestras operaciones no podrían realizarse sin la participación de este sector, somos aliados naturales”.

Aclaró que para la realización de la prueba técnica, que implicó una inversión de $us 25.000, se ha coordinado desde el inicio con la Aduana Nacional, la Administradora de Servicios Portuarios-Bolivia y la Cancillería del Estado, en conocimiento del Viceministerio de Transportes.

Como concesionario, Ferroviaria Andina tiene un contrato con el Estado boliviano por 40 años que le faculta operar en toda la red occidental, en transporte de carga y de pasajeros, incluyendo todos sus ramales, por lo que no requiere ningún tipo de autorización especial para operar en el ramal Viacha-Charaña.

Lo que anualmente renueva la empresa, desde hace 17 años, es su licencia de operador de comercio exterior ante las autoridades pertinentes que son el Viceministerio de Transportes y la Aduana Nacional.

“Precisamos concluir la prueba técnica para poder determinar su factibilidad comercial, tarea que se encarará en los siguientes meses, si logramos todos los objetivos en esta primera experiencia, con todos los actores del comercio exterior boliviano que se vinculan con el puerto de Arica”, agregó.

Dijo también que la misión de la empresa es brindar soluciones logísticas para el transporte de carga y en ese contexto vio como necesario hacer la prueba técnica para que los exportadores e importadores bolivianos tengan una opción adicional para su carga hacia el Pacífico.

“Mientras más eficientes sean los servicios de logística el volumen de carga se incrementará en beneficio del sector de transporte carretero y, naturalmente, será un factor que ayude a la reactivación de la economía nacional. En todo el mundo el transporte ferroviario y carretero funcionan complementándose y contribuyendo así a potenciar la cadena logística”, puntualizó. (12/05/2021)

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Ferroviaria Andina aclara que ferrocarril Arica-La Paz ‘no es competencia’ para el transporte terrestre

Dice que los transportistas tienen garantizado su trabajo y que incluso podrían beneficiarse aún más trasladando carga desde los almacenes de la empresa.

Una locomotora de la Empresa Ferroviaria Andina (FCA). Foto: FCA

/ 12 de mayo de 2021 / 18:33

La gerente general de Ferroviaria Andina SA, Cynthia Aramayo, aclaró este miércoles que la factibilidad de reactivar el proyecto del ferrocarril Arica-La Paz depende de la prueba piloto que se realiza en estos días y que “no es competencia” para el transporte pesado.

“Las cargas de alto peso y alto volumen no puede llevarlas el transporte pesado, en cambio el ferrocarril sí. Ellos pueden llevar 25 toneladas, nosotros podemos llevar hasta 40 toneladas por cada vagón, por eso el ferrocarril no es competencia para los transportistas, en realidad deberíamos complementarnos», dijo en una entrevista, según un reporte de la estatal ABI.

Aramayo explicó que el plan piloto evaluará la operatividad del ferrocarril que tiene como propósito dar cumplimiento al Tratado de 1904 suscrito por Bolivia y Chile y que se vio paralizado desde 2005.

“Es una prueba técnica en la que hemos tenido varios factores para ver la factibilidad de la operación del ferrocarril. Este tenía la obligación de funcionar desde 1904, pero desde 2005 no se reactivó”, recordó.

La profesional indicó que este anuncio no debe preocupar a los transportistas, ya que se garantiza su trabajo, e incluso el incremento del mismo, debido a que la carga que llegue a Bolivia vía el ferrocarril podrá ser descargada y transportada por los vehículos de alto tonelaje desde los almacenes de Ferroviaria Andina hacia sus destinos en distintas partes del país.

«Eso también va a beneficiar al transporte, ahora ellos tienen que esperar que se desconsolide las cargas y tienen que esperar muchos días en el puerto, con el transporte férreo ya no tendrán que esperar», afirmó.

En pasados días se reinició operaciones del ferrocarril para una prueba técnica con el transporte de carga de bobinas de acero desde la República de Chile, como un hito histórico luego de 16 años de paralizado el proyecto.

De acuerdo con datos de Ferroviaria Andina SA, el ferrocarril Arica-La Paz se inauguró en 1913 y estuvo en servicio hasta el 16 de febrero de 2001, cuando parte de la vía fue destruida por una inusual crecida del río Lluta, del lado de Chile.

El servicio fue repuesto en enero de 2002, pero el ferrocarril realizó pocos viajes a partir de entonces por las dificultades financieras que tenía la empresa administrada en Chile.

A consecuencia de esa situación, en noviembre de 2005, la administradora del tramo ferroviario en Chile interrumpió las operaciones de la vía por completo y en febrero del año siguiente la empresa se declaró en quiebra.

De acuerdo con la posición de Bolivia, esa paralización de actividades se constituyó en una inobservancia al espíritu con el cual se concibió el Tratado de 1904 en lo referido al ferrocarril, que claramente fue dotar a Bolivia de un medio que le permita acceder efectivamente a las costas del océano Pacífico en cualquier momento, es decir aprovechar y beneficiarse del libre tránsito. (12/05/2021)

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