Los dueños de vehículos indocumentados (chutos) advirtieron ayer con iniciar desde el lunes un corte de rutas indefinido en demanda de otra amnistía para legalizar sus coches. El Gobierno afirmó que hará cumplir la ley pues la tenencia de estos carros es un delito.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, consultado sobre la posibilidad de aprobar una segunda amnistía para legalizar los vehículos indocumentados, indicó que la tenencia de estos motorizados es un delito y que el Órgano Ejecutivo cuenta con las instancias correspondientes para hacer cumplir la ley. “Tener un vehículo indocumentado se convierte pues en un delito y el Gobierno cuenta con las instancias correspondientes para hacer cumplir la ley”, afirmó.

La autoridad sostuvo que se advirtió a la población que no se puede comprar coches sin papeles. “No se dejen sorprender con vehículos que no tengan documentos que acrediten la importación correcta de esos vehículos, (ya que) lo demás es entrar al juego de la compra y venta de autos chutos que es ilegal en el país”.

Tras ser desalojados de las carreteras por la Policía, el presidente de la Asociación Nacional de Propietarios de Vehículos Indocumentados, Félix Mamani, anunció con efectuar un bloqueo indefinido de carreteras a partir del lunes para exigir una nueva amnistía.

Ayer en la mañana, los dueños de los vehículos indocumentados  cerraron vías en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí y Tarija en demanda de otra nacionalización de sus motorizados.

Ante esto, la Policía intervino las rutas en La Paz, Oruro, Potosí y Santa Cruz, y gasificó a los dueños de chutos, lo que provocó amagues de enfrentamiento entre ambos sectores. Con la medida, se despejaron los caminos. Mamani denunció que hubo una represión policial. En la Terminal de Buses de La Paz se suspendieron los viajes hacia esos departamentos del país.

La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya, sostuvo que los dueños de los chutos con el bloqueo de vías y sus medidas instan a la población a hacer “estos actos ilícitos”, según un reporte de la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI). Ardaya indicó que unos 225 autos indocumentados fueron secuestrados en los últimos meses en todo el territorio nacional.

El fiscal departamental de La Paz, José Ponce, advirtió que el cierre de vías se considera un delito, así como la petición del sector de nacionalizar los motorizados sin papeles pues está prohibido el contrabando y tiene una sanción. Por ello, el fiscal dijo que se instruyó al Ministerio Público a que esté atento para asumir las acciones pertinentes en estos casos.

Presentan querella en fiscalía

Denuncia

Carlos Roberto Pérez Chacón y Bladimir Machicao presentaron ayer una querella criminal en la Fiscalía contra el presidente de la Asociación Nacional de Propietarios de Vehículos Indocumentados, Félix Mamani, informó el portal digital Erbol.

Acusación

Mamani es acusado de los delitos de asociación delictuosa, organización criminal, atentado contra la seguridad, atentado contra el libre trabajo, atribuirse los derechos del pueblo, entre otros.

Bloqueo de caminos fue levantado en 6 regiones

Los puntos de bloqueo instalados en La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Tarija por los propietarios de vehículos chutos en demanda de una nueva amnistía se levantaron hasta finalizar la noche.

En La Paz, la Policía intervino los bloqueos en el Cruce a Peñas, Batallas, Huarina y otro instalado en el camino a Oruro. Los efectivos usaron agentes químicos para despejar las vías. Producto de dicha intervención fueron detenidas al menos 30 personas, según el reporte de La Razón Digital.

En Oruro, los propietarios de los vehículos indocumentados cerraron, desde las 06.00 hasta las 10.00, el Cruce Ventilla, que fue intervenido por efectivos policiales. Empero, hasta el mediodía hubo algunos enfrentamientos entre ambos sectores.

En Santa Cruz, se cerraron las vías en  los municipios de Yapacaní, Camiri, San José de Chiquitos, Roboré, Puerto Suárez, San Matías e Ichilo. La Policía de Santa Cruz desplazó  700 efectivos para garantizar el libre tránsito de las vías.