La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) calificó de “peligroso antecedente” la suspensión temporal de la exportación de aceite comestible por parte del Gobierno. Mediante un comunicado, la entidad advierte que esa medida dificultará aún más la grave situación del sector industrial y exportador.

“La suspensión impuesta a la exportación de aceite es una medida regresiva que genera un peligroso precedente y dificulta aún más la grave situación del sector industrial y exportador”, dice la CEPB.

Asimismo, indica que corresponde al Gobierno combatir el contrabando, defender al consumidor, proteger las fuentes de producción e impulsar las exportaciones. “Cuando hace lo opuesto incurre en una peligrosa incoherencia y levanta una barrera al esfuerzo y la voluntad de los bolivianos para salir adelante”.

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“Coincidimos en la importancia y la necesidad de combatir el agio y la especulación en los precios de los alimentos, para ello es imprescindible diagnosticar adecuadamente el origen del conflicto y solucionarlo de manera puntual, rápida y eficiente”.

Aceite

Remarca, además, que el desabastecimiento de aceite no se solucionará afectando a la industria; “sino más bien enfrentando oportunamente las causas que lo generan”.

La nota señala que el diálogo siempre será la manera más adecuada de prevenir y solucionar diferencias; además, evitar que se ponga en riesgo a los sectores empresariales; que “ya sufren las consecuencias de una crisis persistente”.

El jueves, el Gobierno nacional informó que se suspendió de forma temporal las exportaciones de aceite comestible hasta que se normalice el abastecimiento en el mercado interno e instruyó fortalecer el control en la cadena de comercialización.

La medida ha generado protesta en todos los sectores productivos, exportadores y empresariales. Por ejemplo, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) advirtió que esta medida amenaza con causar la quiebra inminente de más de 14.000 productores de soya en el país, de los cuales el 80% son pequeños agricultores.

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) cuantificó en 8.078 pasajeros y 66 vuelos los afectados por el incidente con un avión de Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.

El director de Transportes de la ATT, Juan Manuel Chevarría, informó que, a causa de esta situación “un total de 66 vuelos fueron demorados, afectando a 8.078 pasajeros a nivel nacional”. 

El funcionario confirmó que la aeronave de la empresa TAB “sufrió el reventón de los neumáticos, lo cual provocó que el avión se tenga que quedar en medio de la pista”. Ese incidente provocó la suspensión de operaciones en ese aeropuerto durante más de siete horas.

La ATT catalogó este hecho de “un evento de fuerza mayor y que no se le puede aducir la responsabilidad a la línea aérea”.

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Quejas en Viru Viru

Asimismo, Chevarría dijo que 46 pasajeros presentaron su queja formal por los retrasos y suspensión de sus vuelos y que este procedimiento; deberá ser atendido por la línea aérea que causó los retrasos. Según la entidad, las quejas se presentaron contra Boliviana de Aviación (BoA).

“Tienen que dar una respuesta en un periodo de siete días y en caso de que no satisfaga la respuesta al usuario; pues bueno ya puede pasar a una segunda instancia que sería la ATT para lo cual, ellos (pasajeros) también tienen 15 días hábiles para presentar ese reclamo”, explicó.

Además, se activó una acción de fiscalización a la aerolínea constatando que no se brindó información adecuada a los pasajeros; ni se contó con el personal suficiente para atender sus reclamos de manera oportuna.

“Por estas infracciones, la línea aérea podría recibir sanciones económicas; que alcanzarían hasta 10.000 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV)”, explicó Chevarría

La ATT recordó a los pasajeros que pueden presentar sus reclamos formalmente ante la institución; a través de la línea gratuita 800-10-6000 o mediante WhatsApp al número 715-33208, las 24 horas del día.

El jueves, las operaciones aéreas en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, quedaron suspendidas durante más de siete horas luego de que un avión de la empresa estatal de Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) sufriera un incidente durante su aterrizaje.

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, prevé que la suspensión de exportaciones de aceite comestible dure tres meses a partir de este viernes. En ese lapso espera que se normalice el abastecimiento y precio justo en el mercado interno.

“Se estima tres meses a partir de hoy (viernes) las cuales se deben suspender las exportaciones, es parte también de la política de nuestro Estado impulsar las exportaciones; pero siempre y cuando se garantice el abastecimiento del producto en el mercado nacional”, dijo.

Asimismo, remarcó que la medida busca garantizar el abastecimiento de este producto en el mercado interno a precios justos. Recordó que, en varios operativos en los mercados; en La Paz y Santa Cruz, se detectó la distribución irregular y precios altos.

La autoridad agregó que la decisión no es arbitraria; y se tomó tras verificar que las industrias oleaginosas no están cumpliendo con el abastecimiento interno necesario.

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Aceite

El funcionario garantizó que esta suspensión sea temporal; y se trata de una respuesta contundente para garantizar la seguridad alimentaria en el país.

Anunció también que, en coordinación con otras entidades del Estado, Defensa del Consumidor intensificará los controles a la venta de juguetes, panteones, entre otros productos de alta demanda para las fiestas de fin de año.

El jueves, el Gobierno nacional informó que se suspendió de forma temporal las exportaciones de aceite comestible hasta que se normalice el abastecimiento en el mercado interno e instruyó fortalecer el control en la cadena de comercialización.

Además, se anunció que reforzarán los controles en las fronteras para evitar el contrabando a la inversa de este y otros productos básicos de la canasta familiar.

Luego de la decisión del Gobierno de suspender temporalmente las exportaciones de aceite comestible, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) advirtió este viernes que esta medida amenaza con causar la quiebra inminente de más de 14.000 productores de soya en el país, de los cuales el 80% son pequeños agricultores.

Asimismo, alerta que la medida también pone en peligro los ingresos de $us 2.000 millones anuales y más de 120.000 empleos directos e indirectos; que genera la cadena productiva oleaginosa, considerada la más importante para la economía nacional.

El gerente de la entidad, Fernando Romero, dijo que la prohibición de exportación genera incertidumbre en los productores; exportadores e industriales. Alertó que se está dejando sin una fuente de financiamiento al sector para afrontar los altos costos de producción; y deudas por insumos y semillas.

“Esto amenaza no solo su sustento, sino la estabilidad de toda la cadena productiva; desde los transportistas hasta los proveedores de insumos y maquinarias”, complementó.

Asimismo, explicó que la medida repercutirá en la planificación y siembra de cultivos de rotación como maíz, sorgo; trigo y girasol, esenciales para la seguridad alimentaria; y el suministro insumos de cadenas alimenticias como la avícola, porcina, lechera y ganadera.

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Aceite

Romero dijo que esta decisión se suma a la crisis previa provocada por la sequía, escasez de dólares, incremento en el costo de los insumos y falta de diésel.

Anapo alerta que, de mantenerse la medida durante los próximos meses, puede significar la quiebra de la más importante cadena productiva del país.

“Instamos al Gobierno a reconsiderar esta medida y a trabajar en soluciones estructurales que combatan el contrabando a la inversa y la especulación. Los productores estamos demostrando que a pesar de todas las dificultades vamos a producir alimentos para el país, pero necesitamos tener certidumbre y seguridad de acceso a los mercados interno y para las exportaciones”.

Según cifras de la Anapo, la exportación de aceite y harina le genera al país $us 2.000 anuales. El sector produce, aproximadamente, 6.000 toneladas de granos de soya, maíz, trigo, sorgo y girasol.

Ante el desabastecimiento y precio elevado, el jueves el Gobierno anunció la suspensión temporal de la exportación de aceite comestible hasta que se garantice el normal abastecimiento y precio en el mercado interno.

Molestos tras la intervención de la Fiscalía y la Policía en Montero, los propietarios de los ingenios arroceros anuncian medidas de presión por el “abuso y atentando a la propiedad privada”.

Los productores y arroceros amenazan con un bloqueo de caminos en la vía hacia Cochabamba y rechazaron la “arbitraria” intervención del Gobierno. En tanto se mantienen en vigilia hasta que las autoridades desprecinten los ingenios.

El presidente de la Asociación de Ingenios Arroceros del Norte (Ingenor), Jimmy Prado, dijo que lo ocurrido este viernes fue un atropello a la institución privada “que da empleo, somos más de 50 ingenios, más de 1.000 trabajadores y les están quitando el pan de cada día”.

“Es arbitrario y vamos a luchar y tomar decisiones drásticas como ingenios arroceros. Nuestras instituciones alimentan a nivel nacional, lo que está ocasionando el Gobierno es que se produzca menos. Hay falta de arroz por el diésel y por el dólar y el Gobierno empeora el abastecimiento”, dijo.

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Asimismo, explicó que el sector está tratando de sostener la baja producción debido a factores climatológicos y advirtió que la nueva cosecha está saliendo con mayor costo por la falta de combustible.

Asimismo, hizo un llamado a otros sectores productivos a sumarse a su protesta en contra de los sectores productivos de Santa Cruz.

“Los fiscales han visto que estamos trabajando, estamos respetando los acuerdos; nosotros trabajamos para Bolivia, somos una institución legal. Convocó a todos los ingenios a sumarse porque nunca nos vamos a rendir”.

La mañana de este viernes, una comisión de fiscales intervino cinco empresas e incautó varios quintales de grano pelado y sin pelar después de recibir una denuncia relacionada a un supuesto ocultamiento de arroz.