Ante la propuesta del líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, de efectuar minidevaluaciones de la moneda nacional, el Gobierno descartó tal posibilidad porque dijo que generaría un “fuerte impacto económico” en la capacidad de ahorro y de adquisición de la población boliviana.

El Gobierno mantiene congelado el tipo de cambio desde hace más de cuatro años. La última vez que se hizo un ajuste fue el 2 de noviembre de 2011, cuando el Banco Central de Bolivia (BCB) apreció el boliviano con relación al dólar de Estados Unidos y bajó la cotización de Bs 6,97 a Bs 6,96 para la venta y de Bs 6,87 a Bs 6,86 para la compra.

Esta política aplicada por el actual Gobierno permitió profundizar la bolivianización (uso del boliviano en depósitos, créditos y transacciones financieras). Al 31 de marzo, el 83% de las obligaciones y el 96% de la cartera en el sistema de intermediación financiera se encuentra en moneda nacional.

IMPACTO. “¿Qué pasaría si empezamos a devaluar nuestra moneda? ¿Cuál sería el impacto en los ahorros que tienen las familias en las entidades (financieras)? Crearíamos un terrible impacto económico en la capacidad de ahorro y adquisición de las familias y no lo vamos a hacer”, afirmó ayer el ministro de Planificación del Desarrollo, René Orellana Halkyer.

La autoridad hizo estas declaraciones luego de que Doria Medina presentará en conferencia de prensa la investigación realizada por su partido denominada “Cómo enfrentar la crisis económica e institucional, propuestas para evitar que éstas se agraven”.

Dijo que entre las medidas que se proponen para afrontar la crisis está que se suspenda la estabilidad del tipo de cambio y se efectúen minidevaluaciones del boliviano debido a que los países vecinos siguen depreciando sus monedas, lo que genera un “gran daño” a la industria nacional y que podría provocar la pérdida de empleos.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) pidió días atrás al Gobierno restricciones al comercio (elevar aranceles, salvaguardias y medidas para-arancelarias) para frenar el ingreso legal e ilegal de mercancías, sobre todo de alimentos, a territorio nacional. 

“La propuesta es que se empiece a modificar el tipo de cambio en una pequeña cantidad semana a semana y junto a otras medidas que eviten el alza de la inflación y se perjudique la bolivianización se pueden hacer esos ajustes”, manifestó Doria Medida.

Orellana explicó que hoy, en el ámbito externo, se vive la guerra de las monedas donde los países compiten por devaluar éstas, lo que está vinculado directamente a la inflación. “En los países vecinos en los que hay una inflación muy alta las familias compran sus alimentos pero, de un día para otro, los precios suben”.

El ministro ratificó también que más del 84% de los ahorros están en moneda nacional. Afirmó que el Ejecutivo está en la obligación de proteger la economía y dijo que la devaluación del boliviano no es el “camino adecuado”. Por el contrario, señaló que se deben abrir nuevos mercados externos para los productos a ser exportados.

Eliminación de beneficio

Propuesta

El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, dijo que se plantea que para la mediana y pequeña empresa se elimine el doble aguinaldo, pues ha significado más desempleo y problemas.

El Gobierno fijó las metas intermedias anuales de préstamos al sector productivo y de vivienda de interés social para cumplir niveles mínimos de cartera. Con la medida, la banca calcula   que colocarán hasta $us 1.600 millones en ambos créditos. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aprobó la medida a través de la Resolución Ministerial 031 emitida el 23 de enero de la presente gestión.

La norma, a la que accedió La Razón, establece “las metas intermedias anuales de cartera de créditos destinada al sector productivo y de vivienda de interés social que los bancos múltiples, bancos pyme y mutuales de ahorro y préstamo, en curso de adecuación a entidades financieras de vivienda, deberán cumplir siguiendo un proceso continuo hasta llegar a los niveles mínimos establecidos en el Decreto Supremo 1842 y en los plazos previstos” en la disposición.

Dicho decreto supremo, emitido el 18 de diciembre de 2013, ordena que los bancos múltiples deben mantener un nivel mínimo de 60% del total de su cartera, entre créditos al sector productivo y de vivienda de interés social, tomando en cuenta que los créditos productivos deben sumar el 25% de toda la cartera.

En tanto, señala que las entidades financieras de vivienda deben mantener un nivel mínimo del 50% del total de los préstamos en aquellos destinados a la vivienda de interés social. Finalmente, los bancos pyme deben llegar a un nivel mínimo de préstamos a pequeñas, medianas y microempresas del sector productivo del 50% del total de su cartera. Los créditos de vivienda de interés social otorgados a productores que registren en la misma entidad créditos dirigidos al sector productivo pueden formar parte de ese porcentaje, hasta un máximo del 10%.

El decreto dispone que en un plazo de cinco años los bancos múltiples y pyme deben alcanzar los niveles mínimos de cartera en dichos sectores, mientras que las mutuales de ahorro y préstamo deben cumplir la disposición en cuatro años.

Fuentes del sistema financiero informaron a La Razón que existe preocupación en el sector por la normativa, porque algunas entidades no podrán cumplir dichos niveles mínimos de cartera en dichos sectores y porque sus utilidades disminuirán.

La Ley de Servicios Financieros, emitida el 21 de agosto de 2013, ordena que el Estado mediante decreto definirá niveles de cartera que las entidades del sistema financiero deberán cumplir para “priorizar la atención de sectores de la economía”.

El miércoles, el vicepresidente Álvaro García indicó que para afrontar la caída del precio del crudo se aplicará tres medidas desde este año: invertir más en el sector productivo, diversificar la producción y reorientar los recursos de los gobiernos subnacionales al ámbito productivo.

La Asfi aplicará sanciones

El incumplimiento de las metas intermedias anuales de préstamos al sector productivo y de vivienda de interés social a fin de alcanzar los niveles mínimos de cartera en ambos sectores, será objeto de sanciones. La Resolución Ministerial 031, emitida el 23 de enero de este año, establece que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) realizará el control del cumplimiento de las metas intermedias anuales al final de cada año.

La disposición dispone que “el incumplimiento será objeto de sanciones de acuerdo a lo establecido en el régimen de sanciones” de la autoridad reguladora, la cual puede suspender determinadas operaciones de las entidades del sistema financiero con el objetivo de garantizar el cumplimiento de dicha resolución. Además, indica que para calcular el cumplimiento de los niveles mínimos de cartera se considerará los financiamientos vigentes destinados a ambos rubros.

Ante el anuncio del presidente peruano, Ollanta Humala, de que el tren bioceánico entre Perú y Brasil no cruzará territorio boliviano, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, relativizó esta información y dijo que el proyecto no afecta al país porque ya “tenemos nuestro corredor bioceánico”.

“Si Brasil y Perú se están uniendo por otro lado, no es algo que vaya a afectar a Bolivia, simplemente son propuestas y proyectos de desarrollo. Nosotros también tenemos nuestro corredor bioceánico que pretende unir mediante una carretera internacional la frontera del Brasil con la frontera con el Perú“, puntualizó ayer la autoridad ante una consulta de este medio.

Dávila hizo estas declaraciones luego de que Humala anunciara el miércoles que el recorrido que llevará el tren bioceánico no será por el sur peruano y a través de Bolivia sino “por el norte, por razones de interés nacional”.

“Luego de un acuerdo previo con Brasil, en China se aprobó la suscripción de un memorándum para iniciar los estudios de un proyecto de ferrocarril que una los dos oacéanos y que pueda integrar los mercados de Brasil, Perú y China”, sostuvo el Mandatario.

A decir de Dávila, el corredor bioceánico terrestre que se construye en el país también posibilitará unir comercialmente el océano Atlántico con el océano Pacífico. La obra carretera es financiada con recursos del erario público y créditos externos.

Precisó que el proyecto del corredor bioceánico tiene “un avance importante”. Por ello, dijo, se gestionan los recursos para consolidar la construcción de la ruta a Riberalta, que conectará La Paz con Beni y Pando. Afirmó que este proyecto vial es parte del corredor bioceánico con Perú y Brasil.

Además de los cinco corredores bioceánicos terrestres que se construyen actualmente en el país, Bolivia impulsa el megaproyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico Central (CFBC) que integrará a Brasil, Perú y Bolivia. Esta megaobra, que unirá los océanos Atlántico y Pacífico, tiene una longitud de 3.500 kilómetros desde el puerto de Santos, en Brasil, hasta el puerto de Ilo, en Perú.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Fernando Cáceres, lamentó la exclusión de Bolivia del ferrocarril bioceánico debido a que el país no cuenta con una salida soberana al mar y porque Sudamérica debería buscar la integración regional. Señaló que el sector conoce que la Cancillería boliviana ha interpuesto “sus buenos oficios” para tratar de solucionar el tema. “Recomendamos que seamos muy agresivos en este tema y fomentemos la integración de nuestra región por el bien de todos”.

La posición empresarial

Cáceres dijo que es de vital importancia que las nueve regiones del país estén conectadas y que sus productos salgan por los dos océanos.

Se tratarán 7 proyectos viales en cita de Unasur

Carlos Corz

La Secretaría General de la Unasur informó ayer que en la cumbre presidencial que se realizará en diciembre se presentarán siete proyectos de infraestructura vial, entre ellos el tren bioceánico, pero no se menciona a Bolivia en el recorrido que llevará el ferrocarril.

“Esos proyectos, entre otros, son el ferrocarril que va de Antofagasta hasta Santos, pasando por Brasil, Argentina, Chile y Paraguay. El corredor amazónico que permitirá integrar a la gran Amazonía, en la cual participa Bolivia, (permitirá) una salida de Caracas al mar Pacífico”, respondió ayer el secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, ante la consulta sobre la decisión peruana de excluir a Bolivia del tren bioceánico.

La cumbre de la Unasur se efectuará entre el 3 y 4 de diciembre en Ecuador, en la que se tratarán los proyectos de infraestructura vial. Samper evitó referirse a dicha decisión de Perú y consideró que se debe tener la capacidad de enfrentar los grandes desafíos.