Luego de que la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) cuestionara duramente la gestión del presidente Luis Arce por haber “deteriorado” la economía del país, el Gobierno respondió a las críticas acusándolas de políticas y que persiguen un interés electoral.

“Son ellos los que hoy cuestionan, porque más allá de su cuestionamiento están electoralizando el país”, señaló el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruíz, en conferencia de prensa.

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Cainco

El presidente de la Cainco, Jean Pierre Antelo, aseguró el lunes que su cuestionamiento al Presidente no tiene un interés político, sino que busca que tenga autocrítica con un modelo económico que él mismo implementó y que llevó al país a la inflación más elevada en los últimos 15 años y a un “déficit fiscal histórico”.

El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, reconoció que el país atraviesa un momento complicado, pero considera que se debe a otros “factores”.

“Hay muchos sectores que están culpando fuertemente a la gestión de nuestro Gobierno nacional, criticando nuestro modelo económico, pero no están tomando en cuenta los diferentes factores que hacen que estemos en la situación en la que nos encontramos”, indicó la autoridad.

En criterio del Gobierno, la crisis económica se debe a los bloqueos del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2024, a los fenómenos climáticos adversos y a la inflación importada.

Justamente, este tipo de discurso es el que critica la Cainco, pues Antelo protestó que Arce y su gabinete “apuntan a todos con el dedo, menos a sí mismos”.

Por su parte, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, calificó a las declaraciones de la institución cruceña como “políticas”.

En su criterio, debido a la proximidad de las elecciones generales, el Gobierno deberá enfrentar en los próximos meses una serie de acusaciones y difamaciones con fines netamente electorales.

Después de dos días de bloqueo, los productores interculturales del municipio de San Julián, Santa Cruz, decidieron levantar su medida de presión y dar un cuarto intermedio de una semana, con el objetivo de esperar soluciones por parte del Gobierno respecto a la dotación de diésel, su principal demanda. 

Los productores exigen a las autoridades nacionales asegurar el cupo necesario de combustible, ya que en aproximadamente mes y medio iniciará la cosecha de granos, y temen que la falta de diésel ponga en riesgo su producción, generando pérdidas económicas significativas. 

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Bloqueo

La medida de presión fue levantada durante la tarde de este martes, despejando la carretera que une a Santa Cruz y Beni, lo que permitió la reanudación del tránsito vehicular, beneficiando a quienes planeaban viajar por el feriado del miércoles.

El lunes en la noche los representantes del sector se reunieron autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para reclamar la falta de combustibles. Debido a que no hubo acuerdo, los interculturales advirtieron con radicalizar su bloqueo en los próximos días, lo que finalmente no ocurrirá.

Pese a que el Gobierno insiste en que los despachos de carburantes se realizan con normalidad, en algunos municipios, como San Julián, las estaciones de servicio no cuentan con la cantidad de combustible suficiente para hacer frente a la demanda, según los productores. 

Además del tema del diésel, los movilizados también expresaron su preocupación por la escasez de dólares, señalando que el incremento de precios en insumos agrícolas afecta su actividad productiva. 

En los próximos días, los productores esperan una respuesta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para aclarar la situación respecto a un presunto recorte del cupo de distribución de diésel, que ha generado incertidumbre en el sector.

A casi 19 años de la entrada en vigencia del modelo económico social productivo del Movimiento Al Socialismo (MAS), el Gobierno sostuvo que se trata de un modelo sólido y con fortaleza, que aguantó múltiples ‘ataques’ durante la gestión 2024.

“¿Qué modelo económico aguanta un mes y medio de bloqueos? ¿Qué modelo económico aguanta el boicot de la Asamblea? ¿Qué modelo económico aguanta la desestabilización y la electoralización del país?”, cuestionó el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, en conferencia de prensa.

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Modelo

Las declaraciones de la autoridad se deben a múltiples cuestionamientos de actores y sectores de oposición a la política económica que implementa el Gobierno.

Sin embargo, en criterio de Ruiz, el modelo logró que el país mantenga el crecimiento económico, pese a las medidas de presión del ala evista del MAS, que por 40 días cortó la transitabilidad entre departamentos y afectó a la economía por más de $us 2.200 millones.

De igual manera, recordó que existen 16 proyectos de créditos pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa desde 2023. No obstante, pese a que el país no recibió el desembolso por esos créditos de financiamiento externo, el Gobierno, señala el viceministro, continuó con planes y proyectos en beneficio de toda la población.

Por ello, considera que el país atraviesa un momento de electoralización, a pocos meses de las elecciones generales, lo que lleva a declaraciones con un presunto interés económico, pero con un verdadero matiz político.

Asimismo, Ruíz destacó que el presidente Luis Arce está abierto a la posibilidad de que el modelo económico pueda ser modificado, pero para ello se necesitan propuestas.

“El Presidente ha dicho que se puede adecuar y mejorar. Eso se va a mejorar, pero con propuestas”, subrayó.

De acuerdo con el oficialismo, la oposición únicamente crítica, pero no tiene una idea real, mucho menos un proyecto, de cómo administrar la economía del país.

El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), impulsa la recolección de muestras de suelos en el norte del departamento de La Paz para fortalecer la agricultura en el marco del programa del Programa Piloto de Producción de Soya.

Según un informe institucional, el INIAF se encarga del protocolo para la obtención de muestras de suelo y a la fecha impulsó la recolección de 75 muestras en los municipios de Ixiamas y San Buenaventura, en las comunidades de Everest y Porvenir.

Las muestras fueron tomadas en una superficie total de 270 hectáreas de uso agrícola.

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Soya

“Estas muestras serán clave para implementar campos soyeros en el norte de La Paz, con el objetivo de mejorar la productividad y la calidad de la soya en la región; optimizando el uso de los recursos naturales y promoviendo cultivos más sostenibles y rentables”, destaca el INIAF.

Asimismo, el director de la entidad, Windson July Martínez, informó que se incrementan esfuerzos “hacia el fortalecimiento de nuestra soberanía alimentaria y el desarrollo agrícola del país; en línea con las políticas del gobierno en el bicentenario del país”.

La soya es un cultivo importante en Bolivia; ya que es el principal rubro de exportación no tradicional.  La producción de soya se concentra en el departamento de Santa Cruz, principalmente.

El 2023, el presidente Luis Arce destacó el desarrollo del norte del departamento de La Paz y dijo que ya se produce soya, sorgo y maíz; que será destinado para el sector pecuario que requiere este insumo para la producción de cárnicos.

El INIAF, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, es referente nacional e internacional en innovación; regula y ejecuta la investigación, extensión, asistencia técnica, transferencia de tecnología agropecuaria, acuícola y forestal.

Los sectores empresariales, productivos, de transporte y gremiales advierten con movilizarse a partir del 10 de febrero si el Gobierno no deroga la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) sobre decomisos.

El segundo ampliado multisectorial se reunió este martes en La Paz con la participación de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Nacional de Industrias (CNI); Cámara del Transporte del Oriente, Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex); Cámara Nacional de Exportadores (Caneb), Confederación Sindical de Trabajadores y otros.

El encuentro ratificó su rechazo a esa disposición y la calificó como “un atentado contra la propiedad privada y la producción”, según el presidente de la CAO, José Luis Farah.

Al respecto, el presidente de la CNI, Pablo Camacho, dijo que la norma ataca a la propiedad privada y al “eslabón más fácil, que es el pequeño, mediano empresario”.

Asimismo, Farah anunció que el tercer ampliado multisectorial se realizará el 30 de enero en Sucre y esperan tener una respuesta hasta ese día. En caso de que no sea así, en el encuentro definirán las movilizaciones y medidas que asumirán a partir del 10 de febrero.

“No podemos permitir la invasión, porque eso de confiscar la propiedad privada no es permitido; más bien lo que se debe hacer es un mensaje de paz para seguir trabajando por Bolivia”, dijo Farah.

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Disposición

En tanto, el dirigente del transporte pesado, Domingo Ramos, lamentó la desatención del Gobierno a las demandas de los sectores productivos y dijo que, en caso de su sector, están en una situación crítica.

“Estamos con diferentes problemas por la falta de combustible; no podemos sacar nuestro dinero de los bancos cuando nos depositan en dólares”, lamentó y criticó que el Gobierno no dé soluciones a sus demandas.

El ampliado también determinó pedir la “implementación de un nuevo modelo basado en la familia, propiedad privada, seguridad jurídica y acceso a la biotecnología”. Y trabajar con un programa económico que dé soluciones a todos los sectores.

El ampliado se declaró en estado de emergencia y movilización permanente.

La disposición adicional séptima del PGE 2025 establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

El Gobierno anunció que la norma no entrará en vigencia en tanto no se elabore la reglamentación en consenso con los sectores que la objetan.