El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) informó este viernes que Juan Carlos Montenegro, exgerente de Recursos Evaporíticos de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), falleció debido a un “shock cardiogénico”, pues padecía de problemas cardiacos. El informe toxicológico descartó una “muerte provocada”.

El shock cardiogénico ocurre cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre y oxígeno al cerebro y otros órganos vitales.

“Principalmente, la causa está relacionada a un shock cardiogénico relacionado a factores anteriores, presentaba el agrandamiento del corazón, tomaba medicación. Podemos indicar que no ha sido una muerte provocada”, dijo Luis Fernando Alcócer, director del IDIF.

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El examen toxicológico realizado al cuerpo de Montenegro descartó envenenamiento, alcohol, cocaína o marihuana.

«No existen elementos para decir que haya sido una muerte inducida”, ratificó.

Montenegro era uno de los investigados por presuntos hechos de corrupción en la construcción de piscinas industriales de evaporación en YLB. Fue encontrado sin vida el miércoles 24 y se encontró una supuesta carta póstuma en la que rechaza las acusaciones en su contra.

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Los representantes de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) debatieron, en una reunión, los principales retos económicos que enfrenta el país, incluyendo la contracción de la demanda y los efectos de los incrementos salariales en la industria manufacturera.

El presidente de la CNI, Pablo Camacho, sostuvo que los efectos económicos negativos se reflejan en los sectores de la industria manufacturera por lo que se debe trabajar de manera conjunta.

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“Estamos comprometidos a trabajar juntos para superar los obstáculos que enfrenta nuestra economía”, manifestó Camacho.

Para este año, el Gobierno determinó un incremento salarial del 5,85% al mínimo nacional y 3% al haber básico que fue rechazada por la CNI. No obstante, en cumplimiento de la norma se planteó que se pague en bienes y/o servicios.

Durante la reunión, se enfatizó el rol crucial que desempeña la Conamype al representar a dos millones de unidades productivas, incluyendo emprendedores y empleados, lo que constituye una parte significativa de la fuerza laboral del país.

Este aspecto subraya la necesidad de implementar medidas conjuntas que respalden la sostenibilidad y el desarrollo de las micro y pequeñas empresas ante los retos económicos actuales.

Acuerdo

Además, se acordó fortalecer la colaboración para la realización de actividades conjuntas y en el intercambio de información que ayudará a ambas organizaciones a manejar mejor los desafíos del mercado y a diseñar estrategias más efectivas.

El presidente de la Conamype, Mario Montoya, enfatizó la necesidad de un esfuerzo unido. Afirmó que “nuestra colaboración es más crucial que nunca para proteger y potenciar a las pequeñas empresas, que son la columna vertebral de nuestra economía”.

Este diálogo entre la CNI y Conamype marca un paso importante hacia una cooperación más estrecha, con el objetivo de promover un entorno empresarial más resiliente y próspero para todos los sectores involucrados.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, rechazó las versiones de exautoridades gubernamentales que afirman que el proceso de industrialización de litio es un fracaso. Afirmó que se desarrollan proyectos para emplazar fábricas con tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL).  

“Descalifico y Desmiento a quienes dicen que es un fracaso la industrialización del litio, para nada. Estamos llevando adelante dos procesos, por uno, reencausar y realizar una reinyección para que pueda funcionar la planta de carbonato de litio, que es lo que estamos llevando adelante; y por el otro lado, EDL, la industrialización, como lo hemos mencionado, se va a llevar adelante”, afirmó Alcón.

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Juan Carlos Montenegro, quien fue el primer gerente de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), entre 2017 y 2019, cuestionó —a través de una carta póstuma— el proceso de industrialización del litio que lleva adelante el actual Gobierno, ya que —dijo— el proyecto de EDL aún no es viable porque a la fecha no se instalaron ni plantas pilotos y “es algo que el Gobierno pretende ocultar”.

“Se habló de alcanzar 100.000 toneladas de carbonato de litio para 2025. Constataron que todavía no son viables grandes plantas industriales vía EDL”, escribió Montenegro, quien falleció el miércoles.

Los otrora ministros Teresa Morales, Wilma Alanoca y Roberto Aguilar, en la gestión de Evo Morales, se declararon el miércoles “defensores de los recursos naturales y del litio” y anunciaron una férrea defensa para esclarecer el caso de supuesta corrupción en la planta de Yacimientos de Litio Boliviano.

Alcón afirmó que el gobierno de Luis Arce reencausó el proyecto del litio y la culminación de la Planta Industrial de Carbonato de Litio en Llipi, Potosí, porque cuando se asumió la administración del Estado esa factoría solo tenía un avance del 20%.

Plantas

Esa factoría requiere de materia prima que se obtiene del proceso de evaporación en piscinas, las que, según una investigación de YLB, no son operables en su totalidad por la mala ejecución en su construcción.

Además, para acelerar el proceso de industrialización del litio, dijo que se firmaron acuerdos con empresas de China y Rusia para el emplazamiento de plantas con tecnología EDL con el objetivo de obtener una mayor producción.

“Están llegando las mejores empresas. A través de convocatorias abiertas, públicas, internacionales, se han firmado convenios, se llevan adelante plantas pilotos que están en ejecución para mostrar resultados donde el Gobierno no invierte un centavo, es la tecnología de estas empresas que tienen mucha experiencia en el mundo en la industrialización del litio”, dijo.

Estos acuerdos se firmaron en un modelo de soberanía para el Estado, donde las empresas invierten a riesgo y, en caso de obtener resultados positivos, YLB define el tema de la producción y la comercialización del carbonato de litio.

La semana pasada, YLB y la Procuraduría General del Estado presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra 10 exfuncionarios de la estatal por daños a las piscinas industriales del complejo de litio en Potosí, que ascienden a más de Bs 425 millones.

La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) anunció que a partir de este año se construirá un total de 8.190 kilómetros de líneas eléctricas de media y baja tensión, para llevar el suministro eléctrico a familias de comunidades del área rural de distintas regiones de Bolivia.

El presidente ejecutivo de ENDE, Manuel Valle, informó que estas obras se realizarán con la ejecución del Programa de Electrificación Rural III (PER III), que contempla la ampliación y mantenimiento de líneas eléctricas, además de la instalación de sistemas fotovoltaicos e híbridos, para llevar electricidad a hogares donde antes no existía el servicio.

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“El PER III es un proyecto de extensión de redes, ampliación y mejoras del sistema eléctrico de distribución, para llegar con energía eléctrica a los lugares más alejados del país. Con este programa de electrificación se verán beneficiados más de 56.000 usuarios a lo largo y ancho de todo el país”, dijo en el acto de la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial-2024.

La inversión prevista para la ejecución del PER III asciende a $us 200 millones, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y será ejecutada por ENDE siguiendo una exhaustiva planificación, que contempla la ejecución de distintos proyectos en diferentes regiones del país.

Con el inicio del PER III en esta gestión, el Gobierno, a través de ENDE Corporación, busca consolidar uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), que prevé incrementar la cobertura del servicio eléctrico para las familias del área urbana y rural del país.

Crédito

La Cámara de Senadores sancionó el 17 de abril dos créditos por un monto de $us 325 millones provenientes del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinados a financiar la tercera fase del programa de electrificación rural del país.

Uno es el Proyecto de Ley 254/2023-2024 que aprueba el Contrato de Préstamo 5801/OC-BOY 5802/KI-BO para el Programa de Electrificación Rural III, por un monto de hasta $us 200 millones; y el otro es el Convenio de Préstamo 9611-BO para el Proyecto Mejora del Acceso Sostenible a la Electricidad en Bolivia IDTR III, por un monto de hasta $us 125 millones.

Con la ejecución de la tercera fase del programa, la meta es alcanzar el 95% de cobertura de electrificación en el país. En la actualidad, la cobertura del servicio de electricidad en el área urbana alcanza al 99%, mientras que en las zonas rurales llega al 84%.

El programa incorporará tres soluciones tecnológicas de acuerdo con las condiciones de los hogares de las comunidades rurales.

Con la ejecución de estos proyectos se busca que las familias del país de más de 2.100 comunidades de 212 municipios en los nueve departamentos del país se beneficien y accedan a la cobertura eléctrica.

El Gobierno cuestionó que entre 2008 y 2020, entre las gestiones de Evo Morales (2006-2019), y de Jeanine Áñez (2020), se invirtió Bs 4.871 millones para la industrialización del litio de los salares del país y que solo se haya recuperado Bs 98,9 millones.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, indicó que en ese periodo (2008-2020) hubo una deficiente gestión de, primero, la Dirección Nacional de Recursos, creada en abril de 2008; luego la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) en 2010; y Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) en 2017, que puso en riesgo el proyecto de desarrollo del litio en el salar de Uyuni, en el departamento de Potosí.

“Se han invertido montos fuertes, desde 2013 a 2020 (sic) en ese momento se ejecutó 4.871 millones de bolivianos con créditos del Banco Central, total de ingresos recibidos 98,9 millones de bolivianos. A este rimo la inversión ni en 50 años se recupera”, cuestionó ayer en conferencia de prensa.

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Litio

Molina afirmó que los datos del periodo gubernamental de Evo Morales difieren radicalmente con lo que realizó el actual Gobierno en tres años. De acuerdo con YLB, la inversión correspondiente al período 2021-2024 llega a Bs 1.346 millones.

Para ese periodo se prevé una recuperación de Bs 1.437 millones. Entre 2021 y 2023 se generó ingresos por Bs 904,16 millones.

Entre 2008 y 2020 la producción de cloruro de potasio llegó a 65.867 toneladas, mientras que en los últimos tres años (2021-2023) alcanzó a 195.139 toneladas.

Respecto a la producción de carbonato de litio, entre 2008 y 2020 alcanzó 844,8 toneladas, mientras que entre 2021-2023, correspondiente a la actual gestión de YLB, el volumen fue superior, llegando a 2.050 toneladas.

La explicación para obtener esa poca producción con una alta inversión entre 2008 y 2020, es que en ese periodo hubo anomalías. Molina reiteró que uno de esos hechos irregulares es la mala construcción de las piscinas para la obtención de materia prima para las plantas de Cloruro de Potasio y de Carbonato de Litio.

Dato

Ese hecho fue denunciado ante la Fiscalía para que se investigue a al menos 10 exfuncionarios de la GNRE e YLB que causaron un daño económico al Estado de Bs 425 millones y el retraso en la producción de carbonato de litio y cloruro de potasio.

Uno de los sindicados de estos hechos fue el exgerente de YLB, Juan Carlos Montenegro, quien apareció muerto el miércoles. El exfuncionario denunció, a través de una carta, que en su gestión se construyó e impermeabilizó 90 piscinas hasta la línea 12 para la obtención de materia prima, pero que fue abandonado por el actual Gobierno, de las que, según YLB, 18 estarían sin operación.

Molina aclaró que esas piscinas tenían problemas en el sistema hidráulico, lo que evitó su funcionamiento. “Cuando dicen que la reparación de las 18 piscinas tiene que ver con que se completen las líneas, en cierta manera es correcta, pero también no hay que olvidar que esas piscinas que fueron construidas no llegaron a operar nunca por una sencilla razón. Primero, la densidad de las geomembranas era muy delgada y, un segundo elemento, tal vez la más importante, es que dos años después de que se construyen las piscinas recién se completa el sistema de agua”, manifestó.

Una de las irregularidades fue la adquisición de la geomembrana PVC, que se utiliza en la impermeabilización de las piscinas que no cumplían el espesor estándar, según contrato de 0,75 milímetros (mm) y se adquirió una de menor espesor de 0,50 mm.