El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Miguel Pérez, alertó sobre un nuevo conflicto entre mineros asalariados y cooperativistas en el distrito minero de Colquiri, a causa del incumplimiento de un decreto.
El representante minero explicó que esta posibilidad deriva del incumplimiento del Decreto Supremo 1264, promulgado en 2012 por el vicepresidente Álvaro García Linera, a través del cual la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) asume el control del Centro Minero de Colquiri (La Paz).
El dirigente de los trabajadores asalariados lamentó que el Estado “continúe realizando compromisos con el sector cooperativo” para restituirles áreas de trabajo que ya fueron revertidas por la estatal minera. Recordó que por ese hecho los trabajadores asalariados de esa empresa se declararon en estado de emergencia.
“Lo que solicitamos es tener una audiencia con el Ministerio de Minería y la Comibol y exigir el cumplimiento de los decretos, y que las tareas de explotación se realicen en un ambiente de tranquilidad”, manifestó.
En su criterio, otorgarles nuevamente áreas de trabajo “sería un atropello contra el patrimonio boliviano”. Pidió que se lleve a cabo un estudio técnico-económico para establecer si el sector asociado aporta al erario nacional y si tiene una relación de contrato con la Comibol.
Sin embargo, sostuvo que los cooperativistas no tienen ningún acuerdo para explotar áreas en la zona. Por ello, consideró que se “está empujando a una nueva confrontación entre los dos sectores, estamos en estado de emergencia y no vamos a permitir más atropellos a la empresa estatal Colquiri”.
Anteriormente, la Comibol adjudico áreas a la Cooperativa 26 de febrero, pero con el Decreto 1264 del 2012 éstas fueron revertidas para el Estado y pasaron a administración de Comibol. Pero los cooperativistas argumentan que sus zonas tienen que ser restablecidas por las autoridades.
La presidenta de la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Karla Calderón, informó este domingo que la estatal está dando continuidad a las piscinas de evaporación y, en paralelo, desarrolla proyectos para garantizar la producción de carbonato de litio y otros recursos evaporíticos.
“Si bien hay inconvenientes por el daño a 18 piscinas y un retraso (en la producción), se sigue llevando adelante los trabajos para dar continuidad al proyecto”, afirmó en Bolivia Tv.
El viernes, la ejecutiva confirmó que se hizo el arreglo de cinco de las 18 piscinas; para proveer la materia prima a la planta de carbonato.
Calderón confirmó que, desde 2021, YLB lleva adelante trabajos técnicos e inversiones para reparar las piscinas dañadas; y alcanzar la máxima capacidad de producción de las plantas industriales de carbonato de litio y cloruro de potasio, que a la fecha operan al 30%.
La funcionaria enfatizó que no se ha abandonado el trabajo con tecnología de evaporación, como denunciaron algunos políticos de oposición; sino que también se incursionó en paralelo en la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL); que permite reducir el tiempo en la obtención de carbonato de litio con un alto rendimiento.
“Al tratarse de una nueva tecnología, se necesita una fase piloto en la que la tecnología tenga que ser probada en condiciones reales; a la par, se realizan evaluaciones técnicas, financieras, los estudios hidrogeológicos, el parte medioambiental; análisis de sustentabilidad, entre otros, para tener la opción de elegir las propuestas que representen mejores beneficios para el país”, detalló.
La semana pasada, YLB presentó una denuncia en contra de exfuncionarios y de una empresa contratista por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato que dejaron inoperables 18 piscinas industriales de evaporación del complejo industrial.
La denuncia es el resultado de una auditoría e investigación especializada que estableció un daño económico al Estado por más de Bs 425 millones.
El proceso está en plena investigación y hasta la fecha un exfuncionario fue enviado a la cárcel y otros tres, entre ellos el exministro de Minería Luis Alberto Echazú, están con detención preventiva.
El proceso se inició contra 11 personas; sin embargo, tras la muerte de Juan Carlos Montenegro, exgerente de Recursos Evaporíticos de YLB, y la aprehensión de cuatro de los sindicados; aún quedan seis implicados que son buscados.
Según la viceministra Jiménez, la economía boliviana creció en 3% en 2023
A tiempo de reclamar que Moody’s no pondere estas cifras, la autoridad aseguró que el país cuenta con divisas para cumplir con sus obligaciones de deudas y bonos.
La viceministra Juana Jiménez. Foto: Roberto Guzmán
La viceministra de Tesoro y Crédito Público, Juana Jiménez, aseguró este domingo que la economía boliviana alcanzó el 3% de crecimiento al cuarto trimestre de 2023 y lamenta que las calificadoras, como Moody’s, no ponderen esas cifras “que ubican al país en el promedio mundial de economías con mayor dinamismo”.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) aún no presentó las cifras oficiales del crecimiento económico al cuarto trimestre de 2023. Se conocen solo los resultados al tercer trimestre que, según informe oficial, llegaron a 2,31%.
Jiménez dio esa cifra a tiempo de exigir a la agencia calificadora Moody’s que sea más equilibrada en sus informes y pondere otras variables registradas en el país.
“Si el Fondo Monetario Internacional y organismos internacionales han estimado que el PIB (Producto Interno Bruto) a nivel mundial va a estar un poco más del 3% y el país en la gestión 2023 ha obtenido un crecimiento del 3%; que nos sitúa entre las economías de mayor dinamismo, cómo esta variable fundamental no va tener la ponderación respectiva”, cuestionó.
El viernes, Moody’s rebajó la calificación de Bolivia de “Caa1” a “Caa3” y advirtió que hay riesgo de que no cumpla con sus obligaciones de deuda externa y no cuente con divisas para el pago de sus importaciones.
La viceministra Jiménez consideró esa calificación poco equilibrada y pidió más objetividad.
El informe de Moody’s indica que hay riesgo de que Bolivia no cumpla con sus obligaciones de deuda externa y no cuente con divisas para el pago de sus importaciones.
Sin embargo, Jiménez aseguró que la propia Moody’s dice en su informe que desde 1983 Bolivia no ha dejado de cumplir con el pago de sus deudas y bonos.
Asimismo, aseguró que el país cuenta con las divisas correspondientes para cumplir con sus obligaciones en deudas.
“Paulatinamente se irá cumpliendo con las obligaciones se vayan generando con relación a importaciones. Nosotros generamos todas las condiciones para la programación de divisas en relación al pago con multilaterales; y tenedores de nuestros bonos internacionales. La propia Moody’s dice que en su comunicado que Bolivia ha cumplido con sus obligaciones de deuda”.
A través de un comunicado, el Ministerio de Economía respondió el sábado que la calificadora limita su análisis a las presiones de liquidez en moneda extranjera sin considerar la estabilidad y el crecimiento económico.
Sobre el tema, el presidente Luis Arce aseguró este domingo que la calificación de Moody’s de Caa1 a Caa3; tiene un origen político vinculado a la falta de aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional por parte de evistas y la oposición.
La viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Jessica Saravia, explicó que el Decreto Supremo 5143 apunta a la desburocratización de los trámites en las oficinas de Derechos Reales (DDRR) a través del uso de la tecnología.
“Al poder hacer uso de la tecnología, este decreto pretende la desburocratización (de Derechos Reales). El momento en que este sistema empiece a funcionar, le va a dar muchas posibilidades a la gente de tener un trámite certero, que tenga información correcta, que los plazos se reduzcan”, dijo en entrevista con Bolivia Tv.
El decreto en cuestión plantea la creación del Sistema Único de Derechos Reales y fue promulgado el 10 de abril por el presidente Luis Arce.
La norma pretende crear una base de datos única, y con “estándares internacionales”, para que usuarios accedan a información “cruzada” entre varias instituciones, entre ellas, la Dirección del Notariado Plurinacional (Dirnoplu) y hasta los gobiernos municipales y departamentales.
Trámites
“Va a haber seguridad jurídica, porque los datos son inalterables y se va a poder evidenciar quién ha sido la persona que ha generado los registros. Eso, por supuesto, va a generar mayor transparencia” explicó Saravia.
Explicó que la norma “es una respuesta” a varias quejas y reclamos por casos de corrupción y de trámites que, según contó, tardaban hasta tres años en concluir.
Planteó, además, una serie de beneficios, aparte de la “rapidez” de los trámites; por ejemplo, el pago que ahora podrá realizarse con tarjeta de débito o crédito y también a través del uso de QR.
Otro de los puntos que explicó la funcionaria es la “institucionalización de Derechos reales” y explicó que eso implica una evaluación meritocrática del personal de esa institución.
Registro
“Al ser un registro tan importante, es necesario que el personal tenga conocimiento suficiente. Se va a realizar una convocatoria que valore la meritocracia (…). También cuando hablamos de servidores con conocimiento pleno de la norma; van a tener una mayor y mejor información y evitar los trámites de dos o hasta tres años”, complementó.
Los datos de los usuarios, indicó, migrarán del formato tradicional al digital de manera “automática”; esa tarea está a cargo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).
Varios sectores reclamaron que el contenido de esta norma no fue socializada, por lo que pidieron a las autoridades informar sobre sus alcances.
Desde 1983, Bolivia no ha dejado de cumplir con el pago de bonos y préstamos que tiene con organismos multilaterales o con otros países, señala una parte del informe de la agencia calificadora Moody’s informó este domingo la viceministra de Tesoro y Crédito Público, Juana Jiménez.
El viernes, Moody’s rebajó la calificación de Bolivia de “Caa1” a “Caa3” y advirtió que hay riesgo de que no cumpla con sus obligaciones de deuda externa y no cuente con divisas para el pago de sus importaciones.
Sin embargo, el Gobierno asegura que, en el mismo informe, en el historial de pago de Bolivia, ubicado en una parte “casi imperceptible”, también señala que el país no incumple con sus obligaciones de pago de deudas desde hace 41 años.
“Como cualquier persona que contrae deudas con el banco, el país también contrae deudas con organismos multilaterales, con gobiernos bilaterales. (…) El informe señala un aspecto fundamental, aunque está en una letra pequeñita y en una parte casi imperceptible; que el historial de pagos del país no ha registrado ningún incumplimiento de pagos por préstamos desde 1983”, dijo Jiménez mostrando un cuadro.
La autoridad explicó que el país trabaja con tres calificadoras de riesgo: Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s.
Jiménez garantizó que el país no ha dejado de cumplir con el pago de sus obligaciones por préstamos y por ellos Moody’s cambió la calificación del país de “negativo” a “estable”, lo que quiere decir “que no está ni en alza ni en baja y dependerá de las condiciones”.
“Les pedimos a Moody’s y las otras calificadoras que equilibren sus análisis, no solo vean efectos transitorios. El Gobierno está trabajando con políticas; que se irán reflejando en indicadores positivos”, destacó la viceministra.
Asimismo, recordó las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) y la inflación del país, que muestran dinamismo económico y ubican a Bolivia entre las naciones de mayor crecimiento de la región.
Lamentó que ese tipo de informes sean aprovechados por analistas y opositores para “deteriorar” la imagen del Gobierno y exacerbar a la población.
“La repercusión principal de estos informes es que analistas de oposición que exacerban una mala noticia; y gente radical en el MAS (Movimiento Al Socialismo) que usa este tipo de indicadores y opiniones para exacerbar muchos más aspectos”.
La viceministra llamó a la calma a la población y pidió que se valor la actividad económica y las cifras del país.
“Hay crecimiento económico positio para el país que se muestra a nivel mundial. Hay variables de actividad económica que muestran ese dinamismo; pedimos a la población serenidad y cautela que no tome esas opiniones que quieren deteriorar la imagen del país”.
El sábado tras conocer el informe de Moody’s, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas rechazó la calificación de “Caa3” para Bolivia; y ratificó las políticas económicas del país que permiten mantener estabilidad y crecimiento. Asegura que el Gobierno cumple puntualmente con sus obligaciones de servicio de deuda.
De 6,72 millones de la Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO) del país, solo el 15,7% recibirá el incremento salarial dispuesto por el Gobierno para este año, debido a que cuenta con un empleo formal (asalariados).
Según un análisis realizado por el analista económico Jimmy Osorio, con base a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la última Encuesta Continua de Empleo (ECE) para el tercer trimestre de 2023, la Población Económicamente Activa (PEA) llega a 6,91 millones de personas.
De este universo de personas, no todas realizaban o tenían una actividad laboral al momento de la encuesta. Los que sí tenían un ingreso sumaban 6,72 millones de trabajadores, de los que el 84,3% (5,66 millones) estaban en el sector informal y solo el 15,7% (1,05 millones) en el sector formal.
“En términos absolutos, 5.660.192 de trabajadores tiene actividad laboral informal y 1.051.884 forman parte de la masa laboral formal”, explica Osorio.
INFORMALIDAD.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un empleo informal es aquella relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional, no cumple con el pago de impuestos, no tiene cobertura de protección social, y carece de prestaciones relacionadas con el empleo.
El sector informal incorpora a los trabajadores por cuenta propia (excluyendo a profesionales y técnicos), familiares no renumerados, empleados y empleadores en establecimientos de menos de cinco trabajadores (dependiendo de la información de los países) y servicio doméstico.
En Bolivia, afirma Osorio, “basta con salir a la calle, tomar el transporte público y comprar o comer algo al paso, para darse cuenta que el sector informal es el que campea en todo lado, sobre todo en lugares donde la burocracia estatal y el desarrollo productivo son pequeños y no se ha podido desarrollar el empleo estable y formal”.
El martes 23 de abril, el Gobierno —luego de reunirse con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB)— determinó un incremento de 5,85% al Salario Mínimo Nacional (SMN) y 3% al haber básico, con el objetivo —se informó— de preservar el poder adquisitivo de la clase trabajadora.
“Se ha acordado con la Central Obrera Boliviana un incremento al Salario Mínimo Nacional del 5,85%, lo que equivale que en esta gestión 2024 el Salario Mínimo Nacional a partir del primero de enero de esta gestión —porque será retroactivo al mes de enero— será de 2.500 bolivianos. Adicionalmente se acordó también el incremento del 3% al haber básico”, informó el presidente Luis Arce en conferencia de prensa.
El anuncio del Gobierno fue rechazado inmediatamente por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que agrupa a la mayoría de los gremios empresariales del país.
La patronal boliviana expresó en un comunicado público su “alarma” y “preocupación extrema” por la decisión tomada por el Gobierno y la Central Obrera. Advirtió que esta determinación tendrá “consecuencias muy graves” para la estabilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, y agravará la situación de los “cientos de miles de familias cuyos ingresos dependen de la actividad privada formal”.
EMPLEO.
Asimismo, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) señaló que el aumento al sueldo “es anecdótico” porque “cada día son menos las fuentes de empleo” que hay en el país. “Las cifras muestran que después de la pandemia, la recuperación total de las fuentes laborales no ha sido posible”, remarcó la entidad de la mayor región y motor económico del país.
En tanto, la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) recordó que, cuando hay incremento salarial, este solo llega a los trabajadores formales (asalariados) y no así a los trabajadores informales, los que son afectados por un aumento en los precios de los bienes y servicios, lo que a su vez genera un efecto inflacionario.
“En países en desarrollo o pobres como el caso de Bolivia, las TDA (Tasa de Desempleo Abierta) son muy bajas, porque las personas económicamente activas necesitan generar recursos para su subsistencia”, añade Osorio.
El 78% de los empleados gana hasta Bs 5.000
De un poco más del millón de asalariados que había en el país hasta 2023, el 78% tenía un ingreso que llegaba hasta los Bs 5.000, según los datos procesados por el analista económico Jimmy Osorio.
El profesional toma como base para su análisis la Encuesta Continua de Empleo (ECE), del Instituto Nacional de Estadística (INE). La muestra es al tercer trimestre de la gestión pasada.
Osorio reitera que los trabajadores formales de la Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO) llega a 1.051.884 personas a nivel nacional, lo que representa el 15,7% del total. Mientras que los trabajadores informales suman 5,66 millones, el 84,3% restante.
SEGMENTOS.
La información da cuenta de que 81.905 personas (7,8% del total) tenían un ingreso menor a Bs 2.362, monto menor al Salario Mínimo Nacional (SMN) fijado por el Gobierno para la gestión pasada. El promedio salarial para este segmento de la población era de Bs 1.636.
Luego están los segmentos con niveles salariales de entre Bs 2.362 y Bs 3.000 (promedio salarial de Bs 2.602), y de Bs 3.001 a Bs 5.000 (promedio salarial de Bs 4.095). Los tres niveles salariales suman el 78% del total de trabajadores del sector formal. (Ver infografía).
El restante 22% están en los niveles salariales de Bs 5.001 a Bs 7.500, de Bs 7.501 a Bs 10.000, de Bs 10.001 a Bs 15.000 y los que ganan por encima de los Bs 15.000.
El Gobierno, en acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), dispuso el martes un incremento salarial del 5,85% al salario mínimo y de 3% al haber básico. El aumento salarial es retroactivo al 1 de enero de este año.
Con este ajuste, el Salario Mínimo Nacional (SMN) subió de Bs 2.362 a Bs 2.500. El SMN es el monto que fija el Gobierno cada año, por el cual ninguna trabajadora ni trabajador puede percibir un salario inferior a éste. El objetivo, según la actual administración, es el de preservar la economía de la clase trabajadora.
RÁNKING.
La Razón publicó el 8 de enero de este año que, de 17 países latinoamericanos, Bolivia ocupaba la posición nueve en el ranking de los sueldos mínimos, de acuerdo con datos oficiales recopilados por Bloomberg Línea.
Costa Rica es el país latinoamericano donde el salario mínimo mensual es el equivalente a $us 687. Le siguen Uruguay ($us 570), Chile ($us 521), Ecuador ($us 460), México ($us 440), Guatemala ($us 417), Paraguay ($us 367), El Salvador ($us 365), Bolivia ($us 360 con el nuevo ajuste dispuesto por el Gobierno), Colombia ($us 335), Honduras ($us 329), Panamá ($us 326), Brasil ($us 291), Perú ($us 277), República Dominicana ($us 245), Argentina ($us 152) y Venezuela ($us 3,61).
En los últimos años, Bolivia ha implementado una serie de políticas y reformas que han tenido impacto en la reducción de la pobreza y promoción de la equidad.
Una de las políticas más controversiales ha sido el incremento del salario mínimo, mismo que pasó de Bs 440 ($us 63) en 2005 a Bs 2.362 ($us 342) en 2023. Ahora, con la nueva disposición, el salario mínimo ha subido para la presente gestión a Bs 2.500 ($us 360).
Alza salarial tendrá un costo de Bs 1.461 MM
Para el analista económico Jimmy Osorio, el incremento salarial del 3% al haber básico y del 5,85% al Salario Mínimo Nacional (SMN) tendrá un costo de Bs 1.461,25 millones, tanto para la administración pública como para el sector privado.
Desagregado, el gasto adicional para cubrir el 3% de aumento al haber básico será de Bs 776,38 millones en la administración pública y de Bs 491,19 millones en el sector privado, además de otros Bs 52,26 millones (en ambos sectores) para el incremento del 5,85% al mínimo nacional.
“De la Población Económicamente Activa Ocupada formal a nivel nacional, y de acuerdo a la Encuesta Continua de Empleo 2023 (del Instituto Nacional de Estadística), 552.471 personas trabajan en el sector público y 447.508 en el sector privado y 81.905 trabajadores, tanto del sector privado como público, perciben el Salario Mínimo Nacional o menor a éste. En esa línea, y en términos generales, el incremento del 3% costaría aproximadamente Bs 1.461 millones”, detalla Osorio.
En la gestión 2021 el Salario Mínimo Nacional alcanzó el monto de Bs 2.164, en 2022 llegó a Bs 2.250 y para 2023 subió a Bs 2.362, mientras que, con el reciente acuerdo entre el Gobierno y la Central Obrera Boiviana (COB), el sueldo mínimo será de Bs 2.500.
