Economía

Thursday 5 Dec 2024 | Actualizado a 05:17 AM

Se impone precio del pan a Bs 0,50 y no hay quién controle y sancione

Conflicto. Gobierno e Intendencia de La Paz dicen que no tienen tuición en el tema

/ 11 de junio de 2015 / 05:09

El alza del precio del pan a Bs 0,50 se impone en La Paz y El Alto. Los panificadores indicaron que no lo rebajarán pese a la amenaza de procesos penales por agio, mientras el Gobierno y la Intendencia paceña señalaron, por separado, que no tienen tuición para el control y la sanción. 

El conflicto se activó el 14 de mayo, cuando el Ejecutivo anunció el retiro de la subvención a la harina de trigo entregada a los panaderos, lo que provocó una serie de medidas de presión que desembocaron en el incremento del costo del alimento, de Bs 0,40 a Bs 0,50 desde el lunes.

Un recorrido por barrios y un sondeo a compradores de La Paz y El Alto realizados por La Razón mostraron que el producto es ofertado a Bs 0,50 por tiendas y puestos callejeros en las zonas paceñas de Miraflores, Los Pinos, Villa Fátima, Villa La Merced, Munaypata, Pampahasi, Alto Obrajes, Sopocachi; además de la Ceja alteña.

Costo. Paralelamente, hay menos centros de expendio que comercializan el pan a Bs 0,40, como en la avenida Periférica, el barrio El Tejar, la avenida Buenos Aires (La Paz) y el Faro Murillo (El Alto). Aparte, en la calle paceña Zoilo Flores (San Pedro), vendedoras entregaron el alimento a este precio, pero en poca cantidad y con un menor peso.

El presidente de los panaderos de La Paz, Félix Quenta, remarcó que su sector no reducirá el costo del producto porque ya no lo elaboran con harina subvencionada y, por lo tanto, el precio “fue liberado”. “La marraqueta es el único pan autorizado a venderse a un precio justo, la pregunta es cuál es este precio y la ministra (Verónica Ramos) no quiere hacer una hoja de costos”.

Daniel Lamas, presidente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia, amenazó con extender a todo el país el alza del precio, desde la próxima semana, si el Ejecutivo no convoca al diálogo. “No se dará un paso atrás en el incremento. Lo que nos ligaba a vender a 0,40 centavos era la subvención de la harina de trigo”.

El martes, el ministro de Economía, Luis Arce, indicó que el Gobierno “no puede hacer nada” ante el aumento, ya que lo contrario implicaría devolver la subvención; ello a pesar de que el Ejecutivo anunció el inicio de acciones penales por el delito de agio contra quienes apliquen el alza. Mientras la ministra de Desarrollo Productivo, Verónica Ramos, solicitó a la población resistir la medida y no pagar más de Bs 0,40.

“No nos intimidarán con juicios”, anunció Quenta. Ayer, la ministra Ramos sostuvo que el diálogo está abierto, pero sin medidas de presión de por medio e informó que se defenderá a los consumidores con las denuncias correspondientes. Eso sí, remarcó que el control del precio y del peso del pan de batalla está en manos de las intendencias de las alcaldías. “Tienen que cumplir con las tareas que les competen”.

Pero el intendente de La Paz, Carlos Valencia, aclaró que la fiscalización del costo no es tuición de su entidad. “El precio del pan lo establece el Gobierno central”. Puntualizó que el Decreto Supremo 2130, de 2014, otorga al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural la ejecución de acciones de prevención y control sobre el abastecimiento de alimentos a precio justo, evitando el agio y la especulación.

A Bs 0,40 en los hornos

La Paz

El dirigente Félix Quenta indicó que el pan puede ser comprado a Bs 0,40 en los hornos de La Paz. Así los comerciantes lo pueden ofrecer a Bs 0,50, para obtener ganancias.

Entregan 9 notificaciones de advertencia a vendedores

El viceministro de Defensa del Consumidor, Dante Justiniano, informó ayer que junto con autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural se entregaron notificaciones a comercializadores de pan para que dejen de vender ese producto a Bs 0,50.

“El Ministerio de Desarrollo Productivo ha dejado notificaciones señalando que no está dispuesto un tema de elevación del costo del pan y dentro del marco normativo que compete al Viceministerio de Defensa del Consumidor estamos comunicando que no se puede vender el pan a 50 centavos”.

Explicó que los avisos fueron entregados luego de recibir unas 45 llamadas telefónicas en las que denunció la comercialización del alimento a Bs 0,50. “Constatamos esta elevación de precio, principalmente la marraqueta, por lo que pedimos a la población que no la adquiera porque no ha sido justificada la elevación del precio de este producto de primera necesidad”.

Remarcó que se espera una tabla de costos de los panaderos para realizar un análisis que busque no perjudicar a la ciudadanía.   Una fuente del Ministerio de Desarrollo Productivo indicó a  La Razón que se entregaron al menos nueve notificaciones a comercializadores del producto, las cuales son una advertencia, porque pueden ser procesados por agio.

Ferias ofertarán el alimento a Bs 0,40

La Feria del Precio Justo que se realizará hoy en la Estación Central de la Línea Roja del teleférico en la ciudad de La Paz, en la exestación de trenes, ofertará pan a Bs 0,40, además de otros productos como carnes de res y de pollo, informó ayer el director del Observatorio Agroambiental del Ministerio de Desarrollo Rural, Carlos Guillén.

“La particularidad de esta feria es que vamos a garantizar la venta de la carne de res a 22,50 bolivianos el kilo gancho, el pan a 40 centavos y la carne de pollo a 12,50 bolivianos el kilo, este último porque se quiere disparar el precio del pollo por la especulación sobre el desabastecimiento de la carne de res”, indicó la autoridad.

Esta cita tiene el objetivo de garantizar alimentos a bajo costo para la ciudadanía. Los comerciantes tomarán la Estación Central desde las 07.00, y la oferta se extenderá a hortalizas, frutas y otros productos de la canasta familiar. Por ejemplo, la carne de res llegará desde Santa Cruz. Similar evento se llevará a cabo mañana en el mercado Santa Rosa de El Alto.

Aparte, el gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Avelino Flores, remarcó que la entidad continuará con la venta de pan de batalla a Bs 0,40 en sus 11 tiendas de La Paz y El Alto, con el apoyo de panaderos independientes y en los supermercados Hipermaxi, Ketal y Fidalga. Y el quintal de harina es comercializado en Bs 150.

“Para nosotros es una preocupación el capricho de algunos dirigentes panificadores, porque otros quieren vender el pan a 0,40 centavos, pero están amenazados por sus dirigentes”. Sostuvo que el control del precio, la calidad y el precio del pan está a cargo de las intendencias municipales.

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Ministro reitera invitación a sectores para sumarse a reglamentación de disposición de PGE

El ministro de Economía aseguró que la propuesta no apunta a los productores, sino a los intermediarios que se benefician con el contrabando, agio y especulación.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Foto: APG

/ 4 de diciembre de 2024 / 22:27

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, defendió este miércoles la disposición adicional séptima del Proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y convocó nuevamente a los sectores que observan la propuesta a sumarse a la elaboración de la reglamentación.

La disposición adicional séptima del PGE 2025 “faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

“Les hemos ofrecido que la reglamentación pueda ser en conjunto con el sector pues ellos conocen muy bien”, indicó la autoridad.

El martes en Santa Cruz, Montenegro explicó a los productores que la disposición no está dirigida a ellos. Sin embargo, ese sector, además de empresarios e industriales objetan la propuesta y exigen su eliminación.

Lea más: Cámaras descartan participar en reglamentación y exigen eliminar disposición sobre decomisos

Disposición

Montenegro argumenta que la disposición es para hacer frente al contrabando, al agio y la especulación. Señaló que se apunta, principalmente, a los intermediarios que serían los que más se benefician.

“¿O nos vamos a inventar que estaban saliendo productos alimenticios por las fronteras? ¿O es un invento del Gobierno que tanto arroz, huevo y carne salen de las fronteras?”, afirmó.

Asimismo, Montenegro aseguró que “se requiere una normativa con rango de ley” y subrayó que “este pedido no es para estigmatizar a los productores”.

El proyecto de ley, actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento.

Este miércoles, las cámaras agropecuarias, industriales y exportadoras descartaron participar en la reglamentación de la disposición adicional séptima y solicitan la eliminación total de ese texto.

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Comité de Energía evalúa propuestas para ‘clasificar’ entrega de combustible subvencionado

El diputado Juan José Huanca explicó que el objetivo es garantizar una distribución más equitativa y sostenible de los recursos.

El diputado del MAS Juan José Huanca

/ 4 de diciembre de 2024 / 21:46

El secretario del Comité de Energía e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados, Juan José Huanca, informó que, en esa instancia analizan propuestas para optimizar el sistema de subvención de combustible.

El objetivo es garantizar una distribución más equitativa y sostenible de los recursos. Huanca, de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), señaló la necesidad de clasificar a los beneficiarios por sectores.

“Existen vehículos con altas cilindradas y deberán asumir el costo total de los combustibles; mientras que los sectores estratégicos; como la agricultura, tendrán prioridad para beneficiarse”, explicó.

Asimismo, destacó que está coordinando con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para poner en marcha un sistema tecnológico; que permita identificar a los beneficiarios y garantizar el suministro continuo para los productores.

Lea más: El Estado gasta $us 56 millones semanalmente en la subvención de combustibles

Combustible

El legislador subrayó la importancia de elaborar un proyecto de ley consensuado con los sectores afectados.

Respecto a las filas en las estaciones de servicio que persisten en algunas regiones del país, dijo que se convocará a autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para que expliquen las acciones que están asumiendo y el plan para agilizar el normal suministro de carburantes.

En noviembre, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, explicó que la subvención de combustibles le representa al Estado un gasto de aproximadamente $us 56 millones semanalmente.

La subvención de combustible en Bolivia es una política que permite abastecer al mercado interno con gasolina y diésel a precios más bajos. Sin embargo, según autoridades de Gobierno, debido a que el 50% de la gasolina es importada y el 86% del diésel se trae del mercado exterior, los costos son mucho más elevados.

En Bolivia, el litro de gasolina se comercializa a Bs 3,74, mientras que el litro de diésel cuesta Bs 3,72.

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Cámaras descartan participar en reglamentación y exigen eliminar disposición sobre decomisos

Las instituciones agropecuarias, industriales y exportadoras del país alertan que la disposición vulnera los derechos fundamentales y la libertad de producción y comercialización

Los productores, empresario e industriales temen decomisos en negocios y almacenes. Foto: RRSS

/ 4 de diciembre de 2024 / 19:42

En un comunicado conjunto, las cámaras agropecuarias, industriales y exportadoras descartaron participar en la reglamentación de la disposición adicional séptima del Proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y solicitan la eliminación total de ese texto.

La disposición adicional séptima del PGE 2025 “faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización; confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Las cámaras manifiestan este miércoles “su firme y categórico rechazo” a esa disposición que “dispone la confiscación y decomiso de producto a las empresas”.

“El sector privado, en ejercicio de su compromiso con el desarrollo económico del país; anuncia que no participará en procesos de reglamentación relacionados con la citada disposición”, dice la nota.

Asimismo, le piden al presidente Luis Arce y a la Asamblea Legislativa no aprobar esa normativa; que “vulnera los derechos fundamentales como libertad de producción y comercialización”.

Alertan que, de aprobarse la norma, se profundizará el clima de inseguridad jurídica, “ahuyentando las inversiones nacionales y extranjeras; en detrimento de la economía nacional, en un escenario en que urge aumentar la producción y exportar”.

Lea más: CNC critica política de gasto público y déficit fiscal en el PGE 2025

Cámaras

Además, las cámaras advierten que la aplicación de esa disposición generará un entorno propenso a la arbitrariedad; y a la extorsión de funcionarios públicos e incentivará la informalidad. Advierten que también podría generar efectos negativos como el desabastecimiento de productos alimenticios.

El documento está firmado por la Cámara Agropecuaria del Oriente, la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia y la de Santa Cruz, la Cámara Nacional de Industria; la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz y del resto de los departamentos.

El Gobierno defiende la disposición y asegura que todos los niveles del Estado contarán con el respaldo legal para realizar los operativos de control y los productos que sean decomisados serán comercializados a precio justo.

Este miércoles, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, defendió la propuesta y convocó a los sectores a sumarse al diseño de la reglamentación.

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La Cainco dice que el Presupuesto 2025 es una ‘carta blanca para el endeudamiento’

Mediante un comunicado, la entidad cruceña expone cinco argumentos para rechazar el proyecto. Protestan por la decisión de continuar “con un modelo agotado”.

El Gobierno apunta a endeudarse, dice la Cainco. Foto: Archivo

/ 4 de diciembre de 2024 / 18:33

La Cámara de Industria y Comercio (Cainco) de Santa Cruz, señala que el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, es “una carta blanca para la emisión, endeudamiento y desinstitucionalización”.

Mediante un comunicado, indica que la actual situación económica del país demanda ajustes que respondan de manera efectiva a las necesidades urgentes del país.

“El Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo a la ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional) refleja, una vez más, la decisión irresponsable de continuar con un modelo agotado; y que, además, atenta de manera contundente contra la institucionalidad del país”.

La entidad cruceña considera que el Legislativo debería rechazar el proyecto y le plantea cinco argumentos:

El primero es que se trata de un atentado directo a la estabilidad macroeconómica, pues contempla un déficit fiscal de Bs 35.000 millones; lo que equivale al 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB), que “solo puede financiarse por dos alternativas, ambas altamente nocivas”.

La primera-explica-es el financiamiento interno provisto por el Banco Central de Bolivia (BCB) y la Gestora Pública de Pensiones (GPP), «según el presupuesto, por Bs 60.000 millones bajo la línea de endeudamiento interno”.

“Esto implicaría tomar Bs 10.000 millones de los aportes de los trabajadores a las pensiones y otros Bs 50.000 millones como crédito del BCB. En términos sencillos, esto constituye emisión inorgánica, cuya consecuencia directa es mayor inflación”.

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Argumentos

El segundo argumento es la insostenibilidad. La Cainco explica que la segunda forma de financiar el déficit fiscal es mediante endeudamiento externo. “Según el proyecto del PGE, este será de Bs 14.000millones; equivalente a $us 2.000 millones, solo mediante títulos de deuda con el sector privado”.

La entidad reconoce que temporalmente y dentro de límites prudenciales, se puede usar el endeudamiento externo, principalmente para la importación de combustibles, dice que la estrategia del Estado no puede concentrarse “únicamente en el endeudamiento como única fuente de divisas”.

El tercer argumento es la transgresión a la institucionalidad y explica que en “los últimos años, el Ejecutivo ha seguido prácticas nocivas, incorporando artículos específicos en la Ley Financial para dejar sin efecto otras leyes. Un ejemplo de ello ha sido la constante vulneración de la Ley del Banco Central para obtener financiamiento más allá de los límites prudentes”.

El argumento cuarto es la represión y distorsión del mercado. El documento dice que los controles de precios son medidas represivas, distorsionan el mercado e incentivan la creación de mercados negros. Además, dice “son vehículo para la imposición de multas y medidas arbitrarias a las empresas formales”.

Crisis

Según la Cainco si se quiere controlar la inflación las herramientas son las políticas monetaria, fiscal y cambiaria. Además, justifica, el PGE excede sus atribuciones.

El quinto argumento es la desconexión de la realidad nacional y de la crisis y explica que el documento desconoce “la profunda crisis que enfrenta el país desde 2023. En esencia, es una paráfrasis del proyecto de 2024, casi una copia en términos de estructura y fundamentos”.

En los últimos días, varios sectores y actores políticos critican el PGE 2025, tildándolo de centralista y reclaman el gasto público, el déficit fiscal y una disposición sobre el decomiso de productos, la que califican como atentatoria contra las actividades comerciales y la economía.

El proyecto fue entregado a fines de octubre y está en tratamiento en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados. En caso de no ser analizado en 90 días por el Legislativo, será aprobado por decreto.

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YPFB invierte $us 78,3 MM en la perforación del pozo Iñau-X3D y estima 1,05 TCF de gas

La estatal inició el martes la perforación del pozo ubicado en el departamento de Chuquisaca. Prevén llegar a una profundidad de 5.750 metros para investigar el potencial hidrocarburífero.

El pozo Iñau-X3D (IÑA-X3D), en Chuquisaca. Foto: YPFB

/ 4 de diciembre de 2024 / 17:32

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) invierte aproximadamente $us 78,3 millones en la perforación del pozo Iñau-X3D (IÑA-X3D), en Chuquisaca, proyecto en el que se estima un potencial de 1,05 trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés) de gas natural.

El monto total de inversión está asociado a la construcción del camino, planchada y la perforación del pozo exploratorio; según un comunicado institucional. El tiempo estimado de las operaciones de perforación es de 330 días.

“Las operaciones de perforación del pozo se iniciaron este martes, lo que permitirá explorar el potencial hidrocarburífero existente en los reservorios de las formaciones Huamampampa; Icla y Santa Rosa. Este proyecto se encuentra en la Cuenca del Subandino Sur y tiene un gran potencial gasífero”; indicó Fernando Arteaga Pinto, gerente nacional de Exploración y Explotación de YPFB.

Lea más: YPFB apunta a una mayor participación en la producción de gas y líquidos

La perforación del pozo tiene como meta alcanzar una profundidad de 5.750 metros y el objetivo de investigar el potencial hidrocarburífero de las areniscas devónicas en las formaciones mencionadas.

El pozo Iñau-X3D está ubicado en la provincia Luis Calvo, en el área Iñau, desplegada en la zona tradicional petrolera del país. El prospecto exploratorio está ubicado en el departamento de Chuquisaca; y forma parte del Plan de Reactivación del Upstream (PRU), estrategia de la estatal petrolera que apunta a reponer e incrementar reservas hidrocarburíferas.

El prospecto exploratorio es operado por la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación de YPFB; pero YPFB Andina S.A., empresa subsidiaria de la estatal petrolera, realiza la perforación mediante un servicio integrado.

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