Economía

lunes 19 abr 2021 | Actualizado a 14:40

Perú y Bolivia realizan primer operativo conjunto contra la minería ilegal

Luego de la intervención, las delegaciones se reunieron en el puesto de vigilancia fronterizo peruano de Puerto Pardo, donde evaluaron las acciones.

Por EFE

/ 17 de septiembre de 2015 / 18:46

Las autoridades de Perú y Bolivia realizaron el martes pasado un primer operativo conjunto contra la minería ilegal en su frontera común, que permitió incautar 21 campamentos flotantes así como material, maquinaria y otros instrumentos utilizados para esta actividad ilícita, informaron hoy fuentes oficiales.

Según un comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú, la operación fue organizada por el Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, Antonio Fernández, en coordinación con autoridades y funcionarios bolivianos.

Las acciones se iniciaron en el río peruano Madre de Dios, de donde mineros ilegales cruzaron la frontera hacia Bolivia, cuya armada intervino para incautarles 21 balsas, que son usadas como campamentos flotantes, así como material, maquinaria y otros instrumentos.

El grupo peruano estuvo liderado por Fernández, mientras que el boliviano estuvo a cargo del director nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Carlos Soruco, y por el general retirado Edwin de la Fuente, de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF).

Luego de la intervención, las delegaciones se reunieron en el puesto de vigilancia fronterizo peruano de Puerto Pardo, donde evaluaron las acciones y asumieron nuevos compromisos para erradicar la minería ilegal en la zona, según la nota oficial.

«Ambos países trabajarán juntos para combatir y erradicar estas actividades ilegales transfronterizas y generar acciones de protección al medioambiente y a la salud ambiental de las poblaciones y asentamientos humanos en esta zona», resaltó Fernández.

De la Fuente calificó, por su parte, de «hecho histórico» el operativo y destacó que fue la primera vez que peruanos y bolivianos se unieron para combatir a la minería ilegal.

Asimismo, invitó a Fernández para que la próxima reunión que celebren ambos países sobre este tema se haga en territorio boliviano.

En la reunión participaron funcionarios gubernamentales, jefes de las fuerzas armadas y de la policía, así como representantes de las fiscalías de Perú y Bolivia.

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Oscar Ortiz declaró en la Fiscalía por el caso Fundempresa en calidad de testigo

La exautoridad aclaró que él no firmó el cuestionado decreto porque ya no estaba en el consejo de ministros.

/ 19 de abril de 2021 / 13:20

Oscar Ortiz, exministro del gobierno de Jeanine Áñez, se presentó este lunes en la Fiscalía de Santa Cruz para declarar en calidad de testigo por el caso Fundempresa en el marco de una proposición acusatoria interpuesta por el ministro de Justicia, Iván Lima.

“Ha concluido mi declaración como testigo; atendí todas las consultas del Ministerio Público e indiqué, primero, que el decreto que se está cuestionando no fue firmado por mi persona porque ya no formaba parte del consejo de ministros y, segundo, ese decreto tampoco llegó a aplicarse porque el presidente Luis Arce ya lo derogó varios meses antes (de que entre en vigencia)”, dijo.

El 15 de marzo, Lima presentó cuatro proposiciones acusatorias en la Fiscalía General del Estado contra autoridades del gobierno transitorio, para que se analice la apertura de juicios de responsabilidades, y entre ellas está el caso Fundempresa.

En este proceso, la proposición fue presentada porque el gobierno de Áñez, a través del Decreto Supremo 4356 de 29 de septiembre de 2020, amplió, según el Ministro de Justicia, de manera “irregular” la concesión del registro de comercio por 15 años adicionales en favor de Fundempresa.

“Vale decir, hasta el 29 de septiembre de 2036 y, subsecuentemente a ello, autorizó al Ministerio de Desarrollo Productivo (…) la suscripción de la Adenda al Contrato de Concesión, documento que no solo modificó el plazo de la concesión, sino también los porcentajes de distribución de los recursos entre el Estado y Fundempresa, en total inobservancia a lo dispuesto en el Decreto Supremo 26215”, precisó entonces el Ministerio de Justicia, a través de una nota informativa.

Es así que “la proposición acusatoria se presentó contra la expresidenta Áñez y los exministros de Desarrollo Productivo, Abel Martínez y Adhemar Guzmán. (Pero) es difícil entender qué se está investigando porque (reitero que) el propio presidente Arce derogó el decreto que ampliaba la administración del registro de comercio (y ahora) Fundempresa seguirá administrando este registro hasta octubre de 2021 cuando vencerá los 20 años que había recibido como concesión, entonces, aquí se está haciendo un proceso por un decreto que ni siquiera se llegó a aplicar”, insistió Ortiz.

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La Fiscalía cita al exministro Parada por el polémico crédito del FMI en el gobierno de Áñez

La exautoridad tiene que presentarse en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz a las 14.00 de este 19 de abril.

/ 19 de abril de 2021 / 12:25

El Ministerio Público emitió una citación para que José Luis Parada, exministro de Economía del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, se presente este lunes a declarar en calidad de investigado por una proposición acusatoria interpuesta por el ministro de Justicia, Iván Lima, por el polémico crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La citación, para que presente su declaración informativa la exautoridad, fue firmada por el propio fiscal general de Estado, Juan Lanchipa, el 12 de abril, pero recién se conoció de manera pública en las últimas horas.

En el documento se precisa que el exministro debe presentarse “portando su documento de identidad u otro que lo identifique y acompañado de su abogado defensor (…) en dependencias de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz este 19 de abril a horas 14.00”.

Además, Lanchipa advierte que en caso de desobediencia se expedirá mandamiento de aprehensión. En la citación se da a conocer que en este mismo proceso están involucrados la expresidenta Jeanine Añez y el expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB) Guillermo Aponte.

El 15 de marzo, el Ministro de Justicia presentó cuatro proposiciones acusatorias en la Fiscalía General del Estado contra el gobierno transitorio de Áñez para que la Fiscalía analice la viabilidad de juicios de responsabilidades.

Una de ellas tiene que ver con el crédito de $us 327 millones del FMI, que Áñez y su equipo avalaron bajo el discurso de que los recursos eran necesarios para hacer frente a la pandemia del coronavirus y el pago de un bono. Sin embargo, los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) se opusieron y advirtieron que los recursos eran condicionados y que el préstamo era ilegal porque no tenía la aprobación de la Asamblea Legislativa.

El actual gobierno de Luis Arce (MAS) tomó la determinación de devolver el crédito. El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que el préstamo le representó al Estado $us 24,3 millones adicionales, de los que $us 19,6 millones son por variación cambiaria y 4,7 millones producto de comisiones e intereses.

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Gestora inició 10 procesos administrativos para detectar irregularidades de anterior administración

Durante el año pasado se vendieron títulos valores con un movimiento de capital de Bs 43 millones y por este hecho una persona está aprehendida en el penal de San Pedro de La Paz.

/ 19 de abril de 2021 / 11:05

La nueva administración de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo inició unos 10 procesos administrativos al interior de esa instancia con el objetivo de identificar hechos irregulares que habría cometido la anterior gerencia durante el gobierno de transición de la entonces presidenta Jeanine Áñez.

El gerente General de la Gestora Pública, Pablo Salazar, informó este lunes que una vez se tengan los resultados de esas auditorías las mismas serán remitidas al Ministerio Público para iniciar las acciones penales en contra de los responsables.

“Estamos en auditorías, tenemos procesos administrativos que, una vez los tengamos en la Fiscalía, los vamos a dar a conocer. Son como 10 procesos más o menos, algunos están en la parte final, están saliendo con diferentes tipos de sanciones”, dijo Salazar en entrevista con La Razón Radio.

La autoridad reiteró que durante el año pasado se vendieron títulos valores con un movimiento de capital de Bs 43 millones y por este hecho una persona está aprehendida en el penal de San Pedro de La Paz y otras cinco son investigadas, entre ellos el exgerente de la Gestora Pública.

Lamentó que esas irregularidades cometidas en 2020 hayan afectado al pago de la renta dignidad y gastos funerales de unos 122.000 adultos mayores.

Para resarcir ese daño, explicó que se toman las acciones necesarias en la Gestora para que no afecte al Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV). Estamos “haciendo negociaciones en la bolsa, trayendo inversiones a presente, entones si bien ha habido una pérdida en el Fondo se están tomando precauciones en el Fondo para no afectar al fondo y menos al pago de la Renta Dignidad”, apuntó. (19/04/2021)

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El Gobierno desautoriza al director del INE y aclara que no hay definición sobre año del censo

El Ministerio de Planificación del Desarrollo aclaró en un comunicado que solo es una sugerencia lo dicho por el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, sobre lo complejo de realizar el censo en 2022

El director del INE, Humberto Arandia.

/ 16 de abril de 2021 / 23:35

A pesar de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó de lo complejo de realizar el censo en 2022, el Gobierno salió a aclarar que por el momento no hay ninguna definición sobre el año de realización del Censo de Población y Vivienda.

“Se tiene a bien aclarar que el Gobierno Nacional no ha definido el año en el que se realizará el censo. Por tanto, el planteamiento efectuado por el INE es una sugerencia”, aclaró el Ministerio de Planificación del Desarrollo en un comunicado.

El director del INE, Humberto Arandia, informó el jueves que la preparación del censo toma al menos cuatro años y que el desfase se registró en 2019 cuando el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez descartó el documento precensal, “así de claro y simple”.

“Este proyecto puede tardar tres años y medio, entonces, estamos hablando de manera optimista, si se cumplen todos estos requisitos, que mínimamente el censo se llevaría adelante el 2024”, sostuvo Arandia durante una conferencia de prensa.

En el comunicado, también se establece: “El cronograma de actividades referido al Censo Nacional de Población y Vivienda deberá estar orientado a recuperar el tiempo perdido durante las gestiones 2019 y 2020”.

El último censo fue en 2012, por lo que el siguiente debiera ser el 2022. El anuncio de Arandia desató una serie de reacciones de crítica, principalmente, en el departamento de Santa Cruz y el anuncio de articular acciones cívicas para la realización del censo.

El electo gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho advirtió que el aplazamiento del censo “puede generar confrontación e inestabilidad en el país; Luis Arce debe actuar responsablemente, tiene un año para organizar el censo”.

“Este retraso de 3 años quita a Santa Cruz recursos que corresponden a 800.000 habitantes más que viven en nuestra tierra desde el 2012”, explicó Camacho.

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Pese a estar prohibido, en la Gestora Pública mueven Bs 43 MM en venta de valores, hay seis involucrados

Seis funcionarios están involucrado en las irregularidades denunciadas por autoridades de la Gestora Pública. El fiscal Johan Muñoz informó que la investigación está en marcha y que al momento hay un aprehendido

La Paz. Frontis de las oficinas de la Gestora Pública.

/ 16 de abril de 2021 / 17:16

A pesar de estar prohibido, seis funcionarios de la Gestora Pública vendieron títulos valores con un movimiento de capital de Bs 43 millones. Por el caso hay un aprehendido, dos fueron citados en la ciudad de Santa Cruz y el resto está prófugo.

El fiscal Johan Muñoz informó que la investigación empezó a raíz de la denuncia de autoridades de la Gestora Pública, tras un proceso de fiscalización interna que detectó las irregularidades en la que incurrieron los funcionarios.

No se dio mayores detalles. «Seis funcionarios de esta Gestora, pese a que existía una prohibición de venta de estos títulos valores, han realizado siete transacciones irregulares en las cuales han movido un capital de casi 43 millones de bolivianos», detalló.

La Fiscalía de La Paz recibió de la Gestora Pública la denuncia de que seis funcionarios de esa entidad realizaron siete transacciones irregulares que ocasionaron un daño económico de más de Bs 43 millones, informó este viernes el fiscal Johan Muñoz.

«Seis funcionarios de esta Gestora, pese a que existía una prohibición de venta de estos títulos valores, han realizado siete transacciones irregulares en las cuales han movido un capital de casi 43 millones de bolivianos», dijo Muñoz en rueda de prensa.

El aprehendido era asistente de la gerencia de la Gestora y está acusado por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Las transacciones realizadas corresponde el periodo marzo-agosto 2020.

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