Bolivia presentó este lunes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una solicitud de nulidad del fallo emitido a favor de la empresa chilena Química e Industrial de Bórax (Quiborax), por la supresión de su licencia para explotar la concesión minera de ulexita en el Salar de Uyuni (Potosí).
«En la mañana de hoy la Procuraduría General del Estado ha presentado esta solicitud, la cual debe ser tramitada de manera inmediata y generará por su puesto un proceso de varios meses, de varios años, en los que Bolivia demostrará que el laudo que se ha dictado es absolutamente nulo», informó el procurador general del Estado, Héctor Arce, en conferencia de prensa.
Según el Procurador, la solicitud de nulidad invoca el artículo 52 del Convenio de Ciadi y busca demostrar que ese tribunal se extralimitó en sus facultades, al «ordenar» a Bolivia, en 2010, paralizar el proceso penal que inició en el marco de su «potestad soberana» para averiguar la verdad de lo que ocurrió, ante la evidencia de delitos penales.
«En este caso se ha llegado incluso a violar la soberanía de los estados. Solamente un tribunal puede recomendar y el tribunal (de la Ciadi) ha ordenado la suspensión del proceso penal y ha ordenado que no se instaure otro proceso penal, esta es una clarísima extralimitación de las facultades y potestades del tribunal», subrayó.
A su juicio, en el proceso seguido por Quiborax se registraron «barbaridades», por lo que se invocará la nulidad, con todo el derecho y la dignidad, las normas y procedimientos que están establecidos en los propios reglamentos de los tribunales arbitrales.
Arce aclaró que ese proceso emana desde la gestión 2004, cuando el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) anuló la licencia de explotación que tenía la empresa Non Metallic Minerals, filial de Quiborax.
«Por lo tanto, no proviene de ninguna acción de nuestro Gobierno, sino de gobiernos pasados», dijo.
Enfatizó que Bolivia es profundamente respetuosa del derecho internacional y se mueve dentro de un estado de derecho y una institucionalidad «republicana» reconocida en todo el mundo.
«Prueba de ello es que hemos llegado a una decena de acuerdos con empresas fruto de los procesos de nacionalización. Fruto de ello es que Bolivia no tiene ningún proceso que pueda generar ninguna situación conflictiva», añadió.
Dijo que el país siempre honró su palabra y logró resoluciones favorables para el interés del Estado boliviano, pero también respetó los derechos de los inversionistas extranjeros.
«Asimismo, como Bolivia es respetuosa del estado de derecho, tiene que hacer prevalecer el estado de derecho en su propio favor, en su propio beneficio», mencionó.