El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural hará una revisión de las multas y sanciones impuestas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (Aemp) a las compañías privadas nacionales. El anuncio lo realizó ayer en conferencia de prensa el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, quien afirmó que, con esta medida, se busca obrar en justicia y proteger a la industria nacional.
El Gobierno “se ha comprometido” con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) a estudiar si las multas se han establecido “en legalidad o no”, aseveró García, al hacer referencia a la última sanción impuesta por la Aemp en contra de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN).
“Ya hubo reuniones entre la Confederación de Empresarios Privados y la Ministra de Desarrollo Productivo y está el compromiso de hacer una revisión exhaustiva para establecer si esas multas están bien establecidas o si hubo un exceso y, por lo tanto, hacer una corrección de una decisión mal implementada”.
La Aemp aprobó el 4 de diciembre de 2015 una resolución administrativa sancionando a la CBN con una multa de $us 11,2 millones por “conducta anticompetitiva relativa” contra la Cervecería Amazónica y su producto Bahía de Cobija. La empresa cervecera consideró “injusta y desproporcionada” la decisión y anunció que asumirá defensa.
Pero éste no es el único caso, según la Cámara Nacional de Industrias (CNI). Su presidente, Mario Yaffar, ha señalado que las multas y sanciones de entidades públicas como el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la Aemp, el Ministerio de Trabajo y otras reparticiones públicas envían un mensaje negativo al clima de inversión privada, tanto nacional como extranjera.
Las recientes multas a varias industrias privadas del sector alimenticio y agroindustrial, sostuvo el empresario paceño, generan incertidumbre, preocupación y temor entre los empresarios. Yaffar explicó que la actividad empresarial privada ya supone grandes riesgos financieros, de producción y de comercialización, y las recientes multas y sanciones de entidades públicas configuran un escenario de mayor riesgo para la iniciativa privada.
A juicio del presidente de los industriales, “se percibe que existe discrecionalidad de las entidades públicas en la aplicación de multas y sanciones a las empresas privadas”, lo cual “genera incertidumbre para emprender nuevas inversiones, impulsar mayor producción y crear mayor empleo digno y productivo” en el país.