El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, condenó la muerte a golpes del transportista Juan José Mamani en una unidad militar de la localidad de Tambo Quemado en Oruro y afirmó que este caso “es una muestra más de la realidad de violencia y total desprecio por los derechos humanos que se evidencia en el ámbito militar boliviano”.
“No es suficiente el encarcelamiento de los perpetradores que segaron la vida de Juan José Mamani, si no se afectan las causas estructurales del problema y si continúan las muertes de conscriptos, los abusos a civiles, la protección como formas recurrentes de conducta y la impunidad”, cuestionó en un comunicado.
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, informó que los militares involucrados en el hecho fueron dados de bajo y remitidos a la justicia ordinaria. “Esos dos oficiales han sido dados de baja esta mañana y su caso ya está en la Justicia ordinaria. Éste tipo de actos no se va a tolerar”, advirtió el ministro en una entrevista concedida a la radio estatal Patria Nueva.
El sargento Yerson P. y el subteniente Saúl O. están acusados de asesinar al conductor de la empresa de Transportes Ingeniería de La Paz, quien participaba de un bloqueo del transporte pesado en la zona de Tambo Quemado.
Villena demandó al Ministerio Público una investigación para determinar, “no solamente las circunstancias en que ocurrió y procesar por la vía penal a sus autores materiales, sino para establecer si hubo complicidad del personal que se encontraba en el recinto o si otros militares habían sido informados de la detención y tortura del ciudadano Juan José Mamani”.
“La constante es su vulneración y donde al amparo de una normativa obsoleta y la protección del poder político, continúa el ejercicio sistemático de la violencia y la discriminación, especialmente, contra los más débiles y vulnerables”, insistió y recordó que desde hace más de dos años la institución a su cargo denuncia violencia en los cuarteles.
“El silencio o la diatriba con que se ha respondido a las denuncias hechas por la institución sobre las decenas de muertes, los casos de tortura y trato degradantes e inhumanos, son parte de una decisión orgánica para seguir encubriendo y fortaleciendo el sistema oprobioso y colonialista en que se han convertido las Fuerzas Armadas, una institución llamada a ser un modelo de formación ética, de disciplina, de respeto y de protección a los intereses del pueblo, pero que hoy sólo parece reportar situaciones en las que la violencia y la vulneración de los derechos humanos se han naturalizado”, sostuvo.
Valoró la decisión del Ministro de Defensa de impulsar y apoyar la acción investigativa del Ministerio Público e informó que instruyó un seguimiento hasta la conclusión del caso, de modo que no se permita ninguna protección contra los autores directos ni contra quienes hayan permitido esta acción delictiva.
Exigió a las autoridades “asumir de manera seria, responsable, honesta y ética, la cuestión de la vulneración de los derechos humanos en esa institución y se trabaje de una vez por todas en un proceso de transformación integral y profunda, tanto en la normativa como en los sistemas de formación, prevención, protección y sanción para evitar que hechos como el que lamentamos ahora continúen sucediendo”.