La Contraloría General del Estado (CGR) informó este lunes que una auditoría técnica determinó que la empresa Álvarez y el supervisor Nelson Vega tienen responsabilidad civil en el caso del puente que colapsó en septiembre del año pasado en la ciudad de Cochabamba.
«Se ha establecido indicios de responsabilidad civil por 11.375.000 bolivianos contra la empresa Álvarez Ltda. Construcciones Civiles, así contra el supervisor, el ingeniero Nelson Vega», dijo el sub contralor de Servicios Legales de la CGR, Edino Clavijo, en una conferencia de prensa.
Según esa fuente, el criterio fue formulado una vez que la auditoría técnica del caso hizo una revisión exhaustiva sobre las especificaciones técnicas y la ejecución del contrato que fueron usados para la edificación de la obra.
Explicó que la compañía incumplió el compromiso de efectuar la obra a «entera satisfacción» del contratante; el puente colapsó a los seis meses y ocho días de su entrega.
Detalló que la constructora no revisó a detalle las especificaciones técnicas y los términos contractuales que recibió y que tampoco informó al supervisor sí existían errores ni sugirió modificaciones técnicas.
«Al no haber hecho ninguna observación a las especificaciones técnicas la empresa habría dado su conformidad con las mismas, es decir, que no había ningún contratiempo técnico, por así llamarlo, para que el puente cumpla con su función social», sostuvo.
En esa línea, Clavijo manifestó que la empresa y el supervisor de obra tienen ahora un plazo de 10 a 20 días para presentar una aclaración sobre el tema y sus descargos técnicos y legales.
Añadió que si la constructora y el supervisor sindicados no desvirtúan los cargos en su contra deberán reponer los más de 11,3 millones de bolivianos que costó la edificación de la obra a la Alcaldía de Cercado o enfrentar un juicio coactivo.
El representante legal dijo, finalmente, que las ex autoridades de la Alcaldía de Cercado que participaron en la contratación de la empresa Álvarez no tienen responsabilidad civil identificada en el caso, porque efectuaron el proceso en representación de una institución y no a nombre personal.