La reciente decisión del Gobierno de ampliar de uno a tres años la autorización para la importación de diésel y gasolina fue bien recibida por el sector productivo cruceño. Sin embargo, advierte que la falta de dólares sigue siendo un obstáculo clave para que esta medida se traduzca en resultados efectivos.

El gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, destacó que la simplificación de trámites siempre será positiva, pero enfatizó que el acceso restringido a divisas limita la capacidad de los privados para concretar importaciones. 

“Consideramos que el acceso a divisas es la principal limitante para encarar estos procesos de importación”, sostuvo.

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Importación

El Decreto Supremo 5313, aprobado el pasado miércoles, flexibiliza los requisitos para la importación de combustibles.

Ya no será necesaria la homologación del certificado de calidad por parte del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (Ibnorca), bastando su presentación ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Además, las certificaciones de calibración podrán ser realizadas por otras instituciones, y no exclusivamente por el Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro).

De acuerdo con el viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Adams Hurtado, la normativa busca agilizar los procesos para importadores y compradores de combustibles. Hasta el momento, 36 empresas han obtenido autorización para importar más de 25 millones de litros de diésel.

Dólares

Pese a estas facilidades, Hernández advirtió que solo quienes logren acceder a divisas podrán aprovechar la nueva normativa para garantizar su provisión de combustibles. Además, recordó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sigue teniendo la responsabilidad de asegurar el abastecimiento de carburantes en el mercado interno.

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, señaló al respecto que los sectores del agro sí tienen acceso a dólares, debido a que la mayor parte de su producción se destina a las exportaciones, por lo que se les paga en divisas.

La medida busca aliviar la presión sobre el suministro de combustibles en el país y generar nuevas fuentes de ingreso para los sectores que se vieron desabastecidos durante 2024.

El Ministerio Público emitió una orden de citación contra Yamile Cruz Tejerina, secretaria ejecutiva de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Sudoeste Potosino (Frutcas), por ‘impedir y estorbar’ las funciones públicas de la empresa estatal Yacimientos de Litio Boliviano (YLB).

“Por la supuesta comisión del delito de privación de libertad, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y atentados contra la seguridad de servicios públicos ilícito, tipificado y sancionado por el código penal”, indica el documento.

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Litio

La investigación contra la denunciada inició en 2023, a instancias del expresidente de YLB Carlos Ramos.

Los motivos se refieren a la labor que tuvo Cruz Tejerina durante esa gestión, cuando junto a otras federaciones se dedicó a investigar el estado de los complejos industriales de litio y su funcionalidad.

La ejecutiva de Frutcas llegó a la conclusión de que las obras inauguradas para la industrialización del litio eran totalmente ineficientes, pues no contaban con el equipo ni la tecnología necesaria.

Cruz Tejerina se trasladó a los complejos de litio junto a otros legisladores para evidenciar que estos eran inoperantes y denunció una falta de transparencia en los contratos del Gobierno en lo que respecta al litio.

Como resultado de ello, YLB tuvo que reconocer públicamente que la mayoría de piscinas de evaporación de litio no funcionaban y que el complejo se encontraba “prácticamente abandonado”, lejos de generar la cantidad de carbonato de litio que la empresa había previsto.

A raíz del hecho se inició una auditoría interna que terminó con una decena de aprehendidos en el denominado caso piscinas YLB, por una afectación de Bs 425 millones al Estado, a causa de contratos ilícitos e incumplimiento de deberes.

Contratos

Asimismo, Cruz Tejerina cuestionó los últimos contratos de YLB con la empresa rusa Uranium One Group y el consorcio chino CBC Hong Kong, denunciando que se vende los recursos evaporíticos a las transnacionales y que hay irregularidades en el proceso de selección de estas empresas.

“Los contratos entre YLB y las transnacionales representan un preocupante regreso a la era de los gobiernos traidores que vendieron la patria. Estos acuerdos y contratos no solo son perjudiciales para Bolivia, sino que constituyen una entrega de nuestros recursos estratégicos a intereses extranjeros”, indicó la ejecutiva de Frutcas.

YLB, por su parte, desmiente este tipo de acusaciones y asegura que el Estado mantendrá la soberanía y el control sobre sus recursos, además de que obtendrá el 51% de las utilidades.

Cruz Tejerina fue citada para declarar el próximo martes a las 09.00 en el asiento provincial de la Fiscalía de Uyuni.

El jefe departamental de Trabajo de La Paz, Omar Pacheco, informó este viernes que 36 empresas en el país incumplieron con el pago del Aguinaldo de Navidad en 2024, por lo que las denuncias se derivaron a un juez laboral.

“Nosotros tenemos 36 denuncias de empresas que no han cumplido con el pago del aguinaldo 2024. Hemos hecho las inspecciones en las empresas y las mismas no mostraron interés en cumplir con el beneficio. Por ello, se han iniciado los procesos judiciales por infracciones a las leyes sociales”, dijo Pacheco en conferencia de prensa.

Asimismo, dijo que entre las empresas infractoras hay constructoras, clínicas y otras de servicios en varios rubros.

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“Se procederá con la verificación de cada denuncia y aplicará las sanciones correspondientes”, complementó.

Según la normativa, los empleadores que no pagaron el aguinaldo serán sancionados y además tendrán que pagar un segundo aguinaldo a los trabajadores.

El 20 de diciembre del año pasado fue la fecha límite para que los empleadores paguen a los trabajadores, tanto en el sector privado como en instituciones públicas.

El Sistema de Administración de Puertos (SIAP) de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B) reportó este viernes que el volumen de movimiento de carga en el puerto de Matarani (Perú) se incrementó en 19% entre 2023 y 2024.

Según el reporte, el movimiento de carga por ese puerto pasó de 193.928 toneladas métricas en 2023 a 239.550 toneladas métricas en 2024.

El informe destaca el crecimiento a pesar de los “desafíos globales que afectaron al comercio marítimo en los últimos años”.

“El puerto peruano ha mantenido un crecimiento sostenido en el movimiento de carga; debido a las mejoras en las operaciones de la empresa Terminal Internacional del Sur (TISUR) y la presencia estratégica de la ASP-B que viabilizaron el fortalecimiento del comercio internacional hacia nuestro país”, señala el informe.

Asimismo, se destaca que entre los principales productos importados por Matarani están el hierro y sus derivados, como bobinas, planchas, tubos y perfiles. Además, se paletas de cemento asfáltico.

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Matarani

El reporte indica, además, que las condiciones operativas y logísticas optimizadas en el puerto de Matarani y la labor de la ASP-B han sido claves para el incremento en el movimiento de carga.

Y remarca, que el personal de la ASP-B, que opera en el puerto de Matarani, trabaja las 24 horas, los siete días de la semana para realizar los despachos de toda esta carga de importación; con el objetivo de cumplir con los plazos establecidos para facilitar el comercio exterior.

“Este crecimiento sostenido en el movimiento de carga consolida al Puerto de Matarani como una pieza fundamental en el comercio internacional de Bolivia; ofreciendo una alternativa eficiente y segura para la importación de diversos productos que demandan las empresas estatales y privadas del país”.

El mayor flujo de comercio exterior de Bolivia se realiza por los puertos de Chile; sin embargo, el puerto de Matarani se convirtió en una alternativa para el manejo de diferentes cargas bolivianas y tiene las condiciones adecuadas para la recepción, transferencia, acopio, almacenamiento y despacho.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón presentó el jueves un proyecto de ley para la derogatoria de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, cuestionada por diversos sectores productivos, empresariales y gremiales.

“Ayer (jueves) presenté el proyecto de ley para la derogatoria de la disposición adicional 7 de la ley del presupuesto 2025. Ahora que el gobierno instruya a sus diputados aprobarla con dispensación de trámite”, escribió Alarcón en su cuenta de X.

La disposición séptima del PGE se ha convertido en centro de polémica entre el Gobierno y diversos sectores; que exigen su abrogación pues ésta da lugar al decomiso de productos.

Varios sectores ya se pronunciaron en contra y el Gobierno comenzó a socializar la norma en reuniones; sin embargo, aún no halla consenso para su reglamentación.

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Disposición

Ante los reclamos, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, dijo el jueves que el Órgano Ejecutivo no puede modificar la ley del PGE 2025; y que está en manos de la Asamblea Legislativa hacerlo. Tras esas declaraciones, el diputado Alarcón respondió y presentó el proyecto de ley.

“No es que no queramos atender, el presidente Luis Arce no tiene atribuciones para derogar, eliminar una ley, esto es competencia exclusiva del Legislativo”, dijo Silva en Unitel.

Alarcón dijo que ya entregó la norma en el despacho del presidente de la Cámara Baja, Omar Yujra.

La disposición establece que las entidades competentes podrán activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos; a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos.

Asimismo, indica que todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales, debe declarar información de producción, transformación y comercialización, conforme a la reglamentación aprobada por Resolución Biministerial emitida por los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo y Economía Plural.