La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) iniciará a partir de la próxima semana la comercialización de 20.000 toneladas de arroz en municipios rurales del país, con el objetivo de contrarrestar la especulación y el alza desmedida de precios en productos básicos.

 La primera parada será Sorata, en la provincia Larecaja de La Paz, donde la demanda del grano aumentó por parte de la población, según el gerente de la empresa, Franklin Flores.

Flores explicó que la medida responde a solicitudes de autoridades locales de Sorata, quienes alertaron sobre la escasez y los precios elevados del arroz en la zona.

“Ya teníamos planificado ingresar la próxima semana, pero la demanda nos impulsa a actuar con rapidez”, señaló este viernes en conferencia de prensa.

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Arroz

En el municipio, Emapa venderá la arroba de arroz a Bs 60, un precio significativamente menor al del mercado informal, donde el quintal llegó a cotizarse entre Bs 700 y 800, según el gerente de la estatal.

Flores denunció que la especulación en municipios alejados de las capitales departamentales ha encarecido productos de primera necesidad, afectando a familias de bajos recursos. “Contamos con volúmenes suficientes de arroz para abastecer a quienes más lo necesitan”, afirmó.

Además de la llegada a Sorata, Emapa retomó sus ferias móviles en ciudades como La Paz y El Alto, donde ofrece alimentos a precios regulados.

Estas acciones forman parte de una estrategia nacional para garantizar el acceso equitativo a productos básicos y estabilizar los mercados locales ante prácticas irregulares.

La empresa reiteró su compromiso de ampliar el alcance de sus operaciones en las próximas semanas, priorizando regiones con mayor vulnerabilidad económica. “No permitiremos que la especulación siga perjudicando a las familias bolivianas”, insistió Flores.

Luego de que una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) reconociera como válido el crédito aprobado en la polémica sesión de la Asamblea Legislativa del 6 de junio de 2024, el ministro de Justicia, César Siles, indicó que se acelerará su promulgación para el ingreso de $us 176 millones.

“La Constitución establece un plazo para la promulgación de 10 días, pero entendemos que, por la urgencia, se puede adelantar ese plazo”, afirmó este viernes en conferencia de prensa.

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Crédito

De acuerdo con la autoridad, los documentos originales de proyecto de financiamiento externo están en Sucre, por lo que se espera que retornen a La Paz para revisarlos y realizar la promulgación.

El crédito de $us 176 millones está destinado para el “Proyecto Tramo Carretero Confital-Bombeo” y el organismo financiador es la Corporación Andina de Fomento (CAF).

En estos momentos, el país atraviesa una escasez de dólares que tiene como consecuencia la crisis de combustibles, debido a que el Gobierno no cuenta con moneda internacional para importar diésel y gasolina.

En ese contexto, Siles se refirió a la sentencia del TCP como una “buena noticia”, pues ayudará al ingreso de dólares.

“El crédito es necesario, porque ya lo hemos dicho en otras oportunidades, necesitamos liquidez de divisas, de dólares; es una buena noticia para el pueblo boliviano que haya quedado sancionada la ley”, indicó el ministro.

El proyecto de financiamiento externo se encontraba en un escenario de incertidumbre, pues fue aprobado en la sesión de la Asamblea que fue presidida por Andrónico Rodríguez, quien ante el viaje de Luis Arce a Rusia asumió interinamente como presidente nato de la Asamblea.

Sin embargo, el TCP declaró nula la convocatoria a sesión y también una de las leyes aprobadas para cesar las funciones de los “autoprorrogados”. Pese a ello, el crédito se mantiene “válido y subsistente” por lo que se espera su promulgación en los próximos días.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó este viernes nuevos hallazgos sobre el caso de dos cisternas interceptadas en Caranavi, norte de La Paz, que transportaban 48.000 litros de combustible sin la documentación requerida.

Andrés Lamas, jefe de la Unidad de Análisis y Evaluación Técnica de la ANH, detalló que los vehículos, salieron de la planta de Senkata, El Alto, el 18 de marzo con destino a estaciones de servicio en el municipio de San Borja y el norte de La Paz, pero desconectaron sus sistemas de rastreo horas después.

Según Lamas, las cisternas fueron escoltadas por las Fuerzas Armadas hasta su destino inicial, cumpliendo protocolos de seguridad. Sin embargo, en la madrugada del jueves 21 de marzo, los GPS se desactivaron, lo que impidió monitorear su ubicación.

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ANH

Al día siguiente, aparecieron en Caranavi, donde pobladores las encontraron sin hoja de ruta, documento obligatorio emitido por la Dirección General de Sustancias Controladas, lo que sugiere un desvío ilegal.

La ANH inició una investigación por presunta comercialización y almacenamiento ilícito de carburantes, mientras que dos personas, los conductores, fueron aprehendidos por la Fiscalía.

Lamas enfatizó que el desvío ocurrió después de que las cisternas entregaran combustible en una estación de servicio urbana y retornaran «sin novedad» a la planta de Senkata.

El incidente escaló cuando una turba tomó control de los vehículos, que tenían precintos policiales, durante un apagón en la zona.

Testimonios recogidos por medios locales indican que los vecinos exigían la distribución del carburante, mientras la Policía atribuyó el traslado de las cisternas a «personas contratadas», cuyo paradero sigue sin esclarecerse.

La ANH recordó que, por instrucción presidencial, todas las cisternas que salen de Senkata son custodiadas por militares y deben reportar su ubicación mediante sistemas como el GPS.

Este caso, según Lamas, evidencia fallas en los controles post-entrega y refuerza la necesidad de ajustar protocolos para evitar desvíos.

El hecho reactivó alertas sobre el mercado ilegal de combustibles, un problema recurrente que afecta a las poblaciones en este momento de escasez de carburantes.

Ante la última crítica del presidente Luis Arce a la gestión hidrocarburífera, particularmente en la administración del gas, Evo Morales señaló que el actual mandatario, pese a que intenta negarse, estaba al tanto de la situación de los hidrocarburos, pero nunca hizo ninguna observación.

De acuerdo con el exmandatario, Arce tuvo un rol importante en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), llegando a asumir en junio de 2023 el cargo de director de YPFB Transporte

“El presidente Arce Catacora miente. El Ministerio de Economía, desde 2010, forma parte del Directorio de YPFB (…), estos documentos, son la prueba de que Luis Arce conocía de la situación en materia Hidrocarburos y nunca presentó observaciones al respecto”, fustigó este viernes en sus redes sociales.

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Gas

Según los documentos que presento Morales, el actual ministro de Economía, Marcelo Montenegro, fue designado en diciembre de 2010 como representante de esa cartera de Estado en el directorio de YPFB.

“(Montenegro) seguro que le informó en detalle a su jefe lo que sucedía en la estatal petrolera. Por consiguiente, Arce Catacora sabía lo que pasaba en materia de hidrocarburos y, hoy, no puede lavarse las manos indicado que no era ministro de Hidrocarburos”, cuestionó el expresidente.

Las acusaciones de Morales se suscitan un día después de que Arce se deslindara de la responsabilidad por la caída en la producción de gas, debido a una mala gestión de exploración y reposición de pozos.

El Presidente cuestionó a quienes lo critican por haber formado parte de la gestión a la que ahora acusa de ser responsable de la crisis económica del país. “Yo era ministro de Economía, sí, pero no era ministro de Hidrocarburos”, afirmó el jueves.

En criterio de Arce, la complicada situación económica actual es consecuencia de la caída de la producción de gas natural, lo que generó que el país no puede cumplir con la demanda del mercado, reduciendo el ingreso de dólares.

Por ello, el mandatario constantemente hace referencia a que la crisis es “heredada” por la mala gestión de Morales, por lo que ahora se intenta tener una economía diversificada que no sea dependiente de un solo recurso.

Pese al acuerdo con el Gobierno, el secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, aclaró que el paro de transporte anunciado para la próxima semana no se suspendió, sino que entró en un cuarto intermedio de 48 horas para que el Gobierno cumpla sus demandas.

La que urgen es la destitución inmediata del presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Marcel Claure, y del viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva. Si en dos días no se tiene su renuncia, el paro se acatará como estaba establecido.

“No estamos suspendiendo, sino estamos declarando cuarto intermedio hasta que nos entreguen el pliego petitorio que hemos presentado en el plazo de 48 horas. De no ser entregado con respuesta favorable, continúa la resolución del último ampliado, lo que significa que el paro general indefinido continúa”, afirmó Gómez al salir de la reunión con el Gobierno.

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Choferes

En el encuentro, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, señaló que antes del 26 de marzo el presidente Luis Arce informará si procede la destitución de Silva y de Claure, además de Mario Sapiencia, director de la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular.

“Claure se ha creído sabio, pero nada de sabio tiene. Para nosotros no existe presidente de la ABC, por eso lo hemos bajado de la testera”, señaló Gómez.

Antes de iniciar la reunión con el Gobierno, los choferes echaron a Claure para poder entablar el diálogo.

Respecto al viceministro Silva, Gómez cuestionó dónde vive la autoridad, pues considera que tiene una percepción totalmente alterada de la realidad, negando el incremento de precios de algunos productos de la canasta familiar. Además, criticó a la autoridad por oponerse al incremento de transportes.

Durante la reunión, el Gobierno se comprometió a normalizar el abastecimiento de combustibles hasta el 31 de marzo, por lo que los choferes esperan que se cumpla este acuerdo.