Optimistas, autoridades del Gobierno y dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) reinstalaron la mañana de este lunes la mesa de diálogo con el objetivo de dar una solución definitiva al conflicto generado por el cierre de la estatal Enatex. El debate es técnico y se centra ahora en el régimen laboral que debe amparar a los trabajadores de la nueva firma, Senatex, que recontratará a unos 180 trabajadores de la textilera que están movilizados.
El Gobierno decidió disolver la Empresa Nacional de Textiles (Enatex) y crear el Servicio Nacional de Textiles (Senatex), una nueva firma que, de acuerdo con la propuesta gubernamental, comenzará a operar bajo un régimen laboral transitorio con la perspectiva de que pase luego al amparo de la Ley General del Trabajo, pero siempre en función de la rentabilidad de la compañía.
El diálogo se instaló minutos después de las 09.00 y se encuentra en marcha. Los ministros de Educación, Roberto Aguilar y de Desarrollo Productivo, Verónica Ramos, debatirán esta principal temática junto con los dirigentes de la COB, entre ellos el ejecutivo principal del sector, Guido Mitma.
“El tema fundamental es que los 180 compañeros deben ser restituidos a sus fuentes de trabajo y deben ser amparados bajo la Ley General del Trabajo, esa es la gran preocupación”, precisó Mitma al inicio del encuentro que se desarrolla en el Ministerio de Educación.
Una propuesta que sin embargo, según el Ejecutivo, generaría un déficit inicial en la nueva firma estatal. “Eso implica muchos costos. Un aspecto que inicialmente le daría insostenibilidad”, advirtió el ministro Aguilar.
Los resultados de la cita se valorarán desde las 11.00, cuando el propio vicepresidente Álvaro García y Mitma definan el derrotero de este conflicto.
“No vamos a desmerecer, hay los avances correspondientes”, reconoció, no obstante, el principal dirigente de los trabajadores. Una postura que condice con la del Gobierno, que considera que tras resolverse este punto la solución a la problemática es un hecho.
“Es el único punto que está pendiente de consensuar. Llegando a su solución no debería haber ningún conflicto posterior”, sostuvo Aguilar.
Existen otros compromisos previos que se alcanzaron en la reunión del domingo, que abren el camino a una posible solución al problema como la abrogación de la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público para sustituirla por la Ley del Servidor Público; y la estabilidad laboral en el resto del aparato productivo del país.
Además, el Ejecutivo se comprometió a no cerrar otras empresas públicas y ratificar a través de norma que “los argumentos empleados” para el cierre de la textilera pública no sean aplicados en las empresas privadas.
Representantes del ente matriz de los trabajadores aguardan el ampliado nacional convocado para este tarde en la sede de gobierno para analizar el avance de las negociaciones. Persiste la amenaza de un paro indefinido. (04/07/2016)