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Trabajo denuncia que 34 cooperativas mineras constituyeron en 2007 una empresa

El Ministerio de Trabajo denunció que 34 cooperativas mineras y una federación del sector constituyeron en 2013 la Sociedad Anónima Empresa de Servicios Mineros a Cooperativas S. A. (Serminco), y desvirtuaron su naturaleza de “asociación sin fines de lucro”, establecida por la Constitución Política del Estado.

“Según el Registro de Comercio de Bolivia de Fundempresa, Servicios Mineros a Cooperativas S. A. (Serminco) fue registrada en esta institución el 1 de junio de 2007, como Sociedad Anónima. El objeto de esta organización es: “Servicios mineros en general y especialmente a cooperativas mineras en movimiento de tierras, excavaciones, túneles y otros sin limitación alguna y actividades conexas”. El código del trámite es 0001011181, y el número de operación 059090723022”, reseña parte de una nota institucional.

También registró ante la Concesionaria del Registro de Comercio de Bolivia (Fundempresa) los balances de gestión como Sociedad Anónima. Además, en 2013, los accionistas de Serminco otorgaron un Poder General de Administración y Representación legal a favor de cinco personas, tal como consta en el testimonio 0151/2013. Los cooperativistas pasaron a ser también accionistas de la sociedad,

“Así, pasaría a estar regida por el Código de Comercio y ya no por la Ley General de Cooperativas. Es decir, perdería su naturaleza ‘sin fines de lucro’”, especificó Trabajo en el boletín institucional, en el que también se informa que la documentación será enviada a la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (Afcoop) para su análisis y evaluación en vista a una posible reversión de las áreas de las cooperativas mineras involucradas en esta sociedad privada.

Tras los conflictos protagonizados por el sector y que acabaron con seis muertes, entre ellos el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes, la administración del presidente Evo Morales fijó un ajuste al régimen minero cooperativo.

Uno de esos ajustes establece la reversión a dominio del Estado de las áreas sobre las cuales se hubiesen suscrito contratos de riesgo compartido, arrendamiento o subarrendamiento entre las cooperativas mineras con empresa privadas nacionales o extranjeras.