Economía

jueves 16 sep 2021 | Actualizado a 21:40

Aseguradora identificó al menos tres factores de incumplimiento en el contrato con LaMia

No obstante, la empresa Bisa Seguros asegura que cumple, a través de un fondo, con el pago de las indemnizaciones a las familias de las víctimas fatales y con los gastos médicos de los sobrevivientes del accidente aéreo en Colombia

/ 30 de mayo de 2017 / 21:00

La empresa aseguradora Bisa Seguros identificó al menos tres factores de incumplimiento en el contrato de la póliza que contrajo la aerolínea LaMia, y con esos argumentos rechazó la cobertura por el siniestro. Sin embargo, informó que cumple con el pago de indemnizaciones a pasajeros y tripulantes del avión que se precipitó a tierra el 28 de noviembre de 2016, en el departamento de Antioquia en Colombia.

Alejandro MacLean, vicepresidente Ejecutivo de Bisa Seguros S.A., explicó en conferencia de prensa que la aerolínea contrajo tres pólizas; una de responsabilidad civil de pasajeros, otra de accidente personales contra la tripulación y una tercera que no está vinculada con el accidente aéreo y que tiene que ver con el cumplimiento de internación temporal.

“El siniestro fue rechazado por la compañía de seguros en cumplimiento a las condiciones del contrato. A pesar de ese rechazo, se ha establecido un fondo para pagar a las víctimas”, confirmó. 

MacLean precisó que el rechazo a la cobertura de la póliza obedece a tres elementos de incumplimiento del contrato. El primero, tiene que ver con el ámbito geográfico; la aerolínea debió solicitar a la aseguradora o a la reaseguradora, el levantamiento de la exclusión que pesaba sobre territorio de Colombia.

El segundo elemento que apuntó el ejecutivo es que las decisiones del piloto de la nave contravinieron la normativa internacional de aeronavegabilidad y derivaron en consecuencias fatales. En tanto que el tercer punto que mencionó MacLean, hace referencia al retraso en el pago de una cuota del seguro.

“Ya se ha procedido con los pagos indemnizatorios a cinco familias de los siete tripulantes y se ha cubierto la totalidad de los gasto médicos incurridos por los dos tripulantes sobrevivientes. La asegura se encuentra a la espera de la documentación de las familias que aún no han sido indemnizadas para cumplir con el pago”, agregó el ejecutivo.

Precisó que la empresa Clyde & Co, con sede en Londres, Inglaterra es la administradora del fondo que está indemnizando a las familias de las víctimas fatales del accidente y cubrió los gastos médicos de los sobrevivientes.

“El fondo responde a una decisión que ha tomado Bisa Seguros y sus aseguradoras, en ello quiero destacar la calidad del asegurador líder de esta operación que es Tokio Marine, quien ha tomado una decisión que va más allá de lo que dice la norma y la ley”, agregó.

El secretario general de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Marcelo Maldonado, informó que el seguro de la aeronave que cayó en Cerro Gordo estaba vigente el día del siniestro, pero aclaró que la póliza no cubría vuelos a Colombia.

Maldonado precisó que el seguro, cuyo costo asciende a $us 25 millones, estaba vigente desde el 10 de abril de 2016 hasta el 10 de abril de 2017.

A fines de noviembre de 2016 el vuelo 2933 de la aerolínea LaMia partió del aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, con 68 pasajeros (una delegación del equipo de fútbol brasileño Chapecoense)  y nueve miembros de tripulación boliviana, de los cuales solo seis sobrevivieron. La investigación determinó que se le acabó el combustible antes del aterrizaje. (30/05/2015)

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Empresarios dicen en que la pandemia les ayudó a pensar en los clientes y a reiventarse

La transmisión digital Piedra, Papel y Tinta conversó con los ejecutivos Iván Dorado (Industrias Venado), Luis Fernando Saavedra (Dismac) y Mauricio Viscarra (Pro Mujer).

Mauricio Viscarra, Luis Saavedra, Iván Dorado y Claudia Benavente,

/ 16 de septiembre de 2021 / 14:14

La crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID-19 causó “incertidumbre” en el sector empresarial y financiero, aunque también motivó a estos sectores a pensar en las necesidades del consumidor o el cliente. Fue una oportunidad para la reinvención y el uso de la tecnología para el acceso, sin dificultad, a productos “baratos” y servicios.

Ésa fue la conclusión de un panel de la transmisión digital Piedra, Papel y Tinta, dirigida por Claudia Benavente, con empresarios, este jueves en Santa Cruz.

Estuvieron invitados el gerente de Negocios Internacionales del Grupo Industrial Venado, Iván Dorado; el director ejecutivo de Dismac, Luis Fernando Saavedra, y el gerente general de Pro Mujer, Mauricio Viscarra.

Crisis

Para Dorado, la crisis ocasionada por la pandemia provocó “momentos difíciles e incertidumbre” a la compañía. “Sobre todo, incertidumbre porque uno no sabía cómo actuar por algo que nos llegó de un día para el otro (pandemia). Creo que fue duro al principio, pero desde el lado de la empresa pudimos pasar esos momentos de una manera creativa”, dijo.

Tras esa experiencia, la compañía logró reinventarse y se focalizó en las necesidades del consumidor. “En los momentos de pandemia, algunos consumos han cambiado, la gente estaba más en el hogar y no tenía la posibilidad de salir. Entonces, algunos tipos de alimentos han incrementado su consumo y algunos han decaído”, comentó.

Como ejemplo de ese crecimiento, citó a productos como los postres en polvo, mejoradores de masa o levadura para hacer pan en el hogar, al igual que insumos de limpieza de superficies.

“El crecimiento no fue exponencial, pero los indicadores nos muestran que el consumidor boliviano en ese momento demandaba tipos de productos que no eran tan relevantes”, apuntó el gerente de Industrias Venado.

De igual manera, el director ejecutivo de Dismac, Luis Fernando Saavedra, reconoció que la empresa familiar también experimento “incertidumbre” durante la emergencia sanitaria del pasado año.

“También, para nosotros, fue un minuto de incertidumbre, y la gran diferencia entre nosotros y otros jugadores es que teníamos una matriz tecnológica que nos permitió competir —que viene a través del e-commerce, la venta en cuotas a través de medios digitales— y en paralelo nos dio tiempo en pensar que es lo que nos venía pasando y lo definimos como un cambio de paradigmas culturales”, detalló el empresario.

Para Saavedra, tras la crisis el consumidor no va a volver a ser el mismo, por lo menos en un corto plazo. “Y empezamos a entender qué es lo qué iba a pasar con las familias y llegamos a la conclusión de que no lo podíamos predecir, pero que en este proceso teníamos que ser empáticos con el consumidor”, dijo.

Frente a esa situación, reveló que Dismac aplicó el diferimiento de cuotas a sus clientes, entendiendo la situación económica de las familias.

“El secreto fue redoblar nuestra propuesta de valor, asegurar que nuestros productos permanezcan siendo baratos para el consumidor, que estemos cada vez más cerca de nuestros clientes, que los conozcamos mejor, que las cuotas tenían que continuar a pesar que la gente tenía dificultades”, insistió el ejecutivo principal de Dismac.

Por su parte, el gerente general de Pro Mujer, Mauricio Viscarra, comentó que las inversiones efectuadas con anticipación en sus plataformas tecnológicas permitieron a la entidad financiera afrontar la crisis y establecer una estrategia dirigida a los clientes.

“Ya habíamos hecho inversiones importantes en tecnología eso para nosotros era clave, teníamos un core bancario nuevo (línea de negocio desarrollado), teníamos una plataforma ya adecuada y ya teníamos mucha gente trabajando en el programa hibrido de teletrabajo”, sostuvo.

A ese avance solo faltaba definir una estrategia para atender las necesidades financieras de los 134.000 clientes, que antes de la pandemia ascendía a 125.000.

“Teníamos una estrategia muy clara de enfocarnos a los clientes, al atender a la base de la pirámide en este momento (crisis sanitaria); teníamos claro que debemos escuchar a los clientes”, dijo el ejecutivo, que destacó que durante la pandemia Pro Mujer brindó soluciones individuales a los prestatarios.

En esa labor observaron el cambio de rubro de las clientas; es decir, aquéllas que tenían restaurantes por las cuarentenas aplicadas en 2020 se dedicaron a producir pan o vender fruta o hacer barbijos en Santa Cruz, El Alto y Cochabamba.

“También entendimos que se registrarían desvinculaciones del sector formal; se calculaba en ese momento que más de medio millón de personas iban a perder su trabajo. Entonces, teníamos el compromiso de apoyar a esta gente en un emprendimiento propio y lo hemos hecho”, afirmó Viscarra.

Alianzas

Los empresarios finalmente coincidieron en la importancia de las alianzas público-privadas para llevar adelante sus actividades y aportes al desarrollo económico del país a través de la creación de empleo, provisión de alimentos y acceso a servicios financieros.

“Somos creyentes en las alianzas, el rol nuestro es empoderar a la mujer, sacarlas de la pobreza, que busquen la independencia financiera, y no podemos hacerlo solos; sí lo hacemos con gobiernos, con multilaterales, privados financiadores externos y locales (BDP, Banco Unión), entonces la alianza es correspondiente. La regulación es importante, estamos en un rubro regulado. Se debe avanzar en la regulación”, comentó Viscarra. En tanto, Saavedra dijo: “Cuando nosotros nos centramos en el consumidor, estamos diciendo que estamos aportando al país con empleo, con mejorar para el consumidor, con acceso a productos y mejor nivel de vida, con progreso con tecnología, con conocimiento”.

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La devolución de aportes a las AFP arranca el 5 de octubre y se extenderá por 90 días

El decreto reglamentario estableció ocho causales de exclusión de beneficiarios. Quienes no repongan lo retirado perderán la prestación solidaria de vejez al jubilarse

Vista de una de las oficinas de la AFP en La Paz.

/ 16 de septiembre de 2021 / 00:23

A partir del 5 de octubre y por el lapso de 90 días los aportantes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) podrán retirar parte o la totalidad de sus aportes de jubilación. Se estableció ocho causales de exclusión del beneficio.

Los plazos y exclusiones están en el reglamento de la ley de devolución parcial o total de aportes a las AFP aprobado este miércoles en reunión de gabinete. El decreto 4582 de 17 artículos fija que la devolución empezará a los 15 días hábiles de aprobado, es decir, el 5 de octubre.

“La devolución parcial o total de aportes se realizará durante noventa (90) días calendario, computables a partir de los siguientes quince (15) días hábiles de publicado el presente Decreto Supremo”, establece el artículo 11.

Según la ley, quienes hayan acumulado un ahorro de hasta Bs 100.000 podrán retirar el 15% y los que sobrepasen ese límite estarán habilitados para retirar Bs 15.000. Los que tengan saldos en sus cuentas personales previsionales menores o iguales a Bs 10.000 y cuenten con una edad igual o mayor a 50 años podrán sacar el 100%.

Las causales de exclusión son que “cuenten con una Prestación o Beneficio en curso de pago al 31 de agosto de 2021, de la Seguridad Social de Largo Plazo como Asegurado o Derechohabiente; y con una solicitud vigente de Prestación o Beneficio de la Seguridad Social de Largo Plazo, como Asegurado o Derechohabiente.

O que “al 31 de agosto de 2021 tengan una edad de cincuenta y ocho (58) años o más y una Densidad de Aportes igual o mayor a ciento veinte (120) periodos aportados a la Seguridad Social de Largo Plazo; hayan percibido una remuneración del Sector Público o Privado por el periodo de cotización julio 2021, pagada hasta el 31 de agosto de 2021 y esté efectivamente acreditada en su Cuenta Personal Previsional, independientemente del tipo de Asegurado incorporado al SIP”.

También están marginados lo que “tengan ocho (8) o más Aportes acreditados al 31 de agosto de 2021 por los periodos de Cotización de marzo 2020 en adelante, independientemente del tipo de Asegurado incorporado al SIP; y hubieran efectuado Aportes como Dependientes de Entidades o Empresas del sector público, a partir de diciembre 2019 a julio 2021, los cuales estén debidamente acreditados en su Cuenta Personal Previsional”.

Las AFP deberán identificar a los beneficiarios. “Para la identificación de las y los Asegurados que acceden a la devolución parcial o total de aportes, las AFP deben considerar el Saldo Acumulado en la Cuenta Personal Previsional de las y los Asegurados al 31 de agosto de 2021”, refiere el parágrafo II del artículo 7.

Los aportes serán devueltos en un solo pago y a través de entidades financieras habilitadas o abono en cuenta. Quienes no repongan lo retirado perderán la Prestación Solidaria de Vejez al jubilarse.

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Bolivia exporta de enero a junio 80% más café que en 2020 y logra cerca de $us 5 MM

El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, informó que el precio del café bajó entre 2020 y 2021 de $us 7.134 a $us 5.749 por tonelada.

Café de exportación, producido en Caranavi.

/ 15 de septiembre de 2021 / 18:06

El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, informó este miércoles que Bolivia exportó entre enero y junio 80% más cantidad de café que en el mismo período de 2020 con un ingreso cercano a los $us 5 millones.

“Desde enero de 2020 hasta junio de este año hemos exportado café a 12 países distintos del mundo”, informó en un acto de inauguración de preselección de muestras de café para el Torneo Nacional Taza de Calidad ‘Café Presidencial 2021’.

Agregó que este año se registró un decremento en el precio internacional del café en comparación al costo con el que se comercializaba en 2020, sin embargo se generaron más ingresos.

“Hemos recibido alrededor de $us 5 millones de exportaciones solo de seis meses, siendo que el año pasado, en los mismos seis meses, solamente habíamos llegado a $us 3,4 millones con un precio superior al que se tiene ahora”, explicó.

De enero a junio de 2020 el café tenía un precio de $us 7.134 la tonelada métrica, mientras que este año, en el mismo periodo, bajó a $us 5.749.

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Se cumple concesión de Fundempresa, el Gobierno alista transición hacia una entidad pública

Mediante ley se creará una instancia de registro de empresas. Fundempresa tuvo este trabajo por 20 años. El gobierno de Jeanine Áñez amplió la concesión, pero fue anulado el decreto en 2020

Oficinas de Fundempresa en La Paz.

Por Carlos Corz

/ 15 de septiembre de 2021 / 17:25

Después de 20 años bajo administración privada de Fundempresa, el registro de comercio pasará a manos del sector público a través de una ley que se trata en el Legislativo. El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, informó que el proceso de transición será ordenado y sin afectar actividades.

“Los beneficiarios deben saber que el registro de empresas, en este caso Fundempresa, tiene que garantizarse, no va a haber ningún corte, se va a garantizar una transición”, explicó Huanca en una entrevista con la red Unitel.

En 2001, en el gobierno de Jorge Quiroga se entregó el registro público de comercio al consorcio para el Registro Mercantil, sin fines de lucro y constituida por la Cámara Nacional de Industrias, Cámara Nacional de Comercio, Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz y Cámara de Constructores de Santa Cruz. Se denominó Fundempresa.

Este 29 de septiembre se cumple el plazo de concesión de 20 años y el Gobierno gestiona, mediante ley, la creación de una instancia pública para que se encargue del registro de sociedades comerciales y empresas unipersonales.

Mediante decreto, el gobierno de Jeanine Áñez amplió por 15 años la concesión a Fundempresa, pero la administración de Luis Arce anuló esa norma y activó un juicio de responsabilidades contra la expresidenta.

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Bolivia insistirá en el diálogo y descarta ir a un arbitraje por tarifas en el puerto de Arica

ASP-B anticipó que durante esta semana se volverá a convocar a un nuevo encuentro con la parte chilena para de una vez llegar a un acuerdo.

/ 15 de septiembre de 2021 / 13:04

El gerente ejecutivo de la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B), Dante Justiniano, ratificó este miércoles que insistirá en el diálogo con Chile para la suscripción del nuevo acuerdo de tarifas portuarias en Arica y descartó ir a un arbitraje.

“Ir a un arbitraje o ir a una instancia diferente lleva mucho tiempo por los procedimientos y plazos que se maneja en materia internacional y (esa) es una lógica que no queremos; más bien, seguimos apostando porque se materialice una firma de acuerdo inmediato y tenga certeza el empresariado boliviano de continuar con su actividad económica”, dijo Justiniano en una entrevista con La Razón Radio.

En ese sentido, remarcó que Bolivia siempre insistió en la reanudación de la mesa del diálogo y por eso incluso se tuvo en agosto un encuentro entre los directorios de la Empresa Portuaria de Arica (EPA) y ASP-B, “donde se planteó una nueva concesión de parte de ellos de firmar el acuerdo por un año”.

“Entonces nosotros sí vamos a seguir gestionando, vamos a convocar en esta misma semana para que nos volvamos a sentar y volvamos a tener una posible firma de acuerdo para que esto concluya; no es que la ASP-B es negligente o que no estemos haciendo nada, eso es totalmente falso, estamos en contacto, estamos invitando al diálogo, inclusive mediante los medios de comunicación; (…) necesitamos firmar este acuerdo porque es el único instrumento legal de acuerdo a todo el procedimiento y el mandato del Tratado de 1904”, remarcó.

Asimismo, aseguró que es falso que no se pague o se pretenda no pagar por los servicios portuarios. “Se va a pagar, eso siempre se ha honrado y siempre se va a seguir honrando; quieren desinformar a la población no solo de Chile, sino de Bolivia, al señalar que queremos servicios gratuitos, (pero eso) es algo totalmente falso, nunca nos dieron un servicio portuario gratuito y tampoco es el planteamiento boliviano el recibir un servicio portuario gratuito”, apuntó.

En la misma línea, el 9 de septiembre, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó que Bolivia, mediante la ASP-B, mantiene su propuesta de diálogo con la EPA en Chile, para que se llegue a un acuerdo en un plazo de tres a seis meses sobre las tarifas en el puerto chileno y así no perjudicar el comercio exterior del país.

“Nosotros estamos apelando a la racionalidad y a un criterio amplio que tenga la EPA para poder sentarnos a buscar un espacio de análisis entre tres a seis meses para que podamos establecer ahí un cabal y detallado examen de la estructura de la propuesta y de las tarifas como tal”, dijo Montenegro.

Además, señaló que al momento se registra un incremento del 246% en los costos de importación para la carga boliviana, por lo que —subrayó— Bolivia no aceptará una imposición de manera unilateral y exhortó a la EPA a que revise sus intenciones y acepte los plazos que Bolivia pide para analizar partida por partida las tarifas con el fin de verificar si sus incrementos son justificados o no.

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