Debido a la irregularidad en la distribución de diésel en el territorio nacional, el sector ganadero se dejó en agonía, pues la escasez del carburantes dificulta la normal realización de sus actividades y representa pérdidas económicas.

«El diésel ya no es intermitente: directamente no existe. Estamos en agonía», denunció Walter Ruiz, presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), al anunciar una reunión de emergencia con todos los actores de la cadena cárnica para el lunes 17 de marzo.

El encuentro busca abordar lo que calificó como una «tormenta perfecta», en referencia a la escasez crítica de combustible, paralización de exportaciones y normativas de quema que, según el sector, asfixian su actividad.

La convocatoria incluirá a productores, transportistas, industriales y exportadores en las instalaciones de Fegasacruz, a las 17.30.

Ruiz apuntó que la falta de diésel ha paralizado la logística de producción y distribución, generando pérdidas millonarias.

«El Gobierno no ofrece respuestas, pese a que la carne es una fuente vital de divisas. Llevamos seis semanas sin exportar, y el silencio oficial es incomprensible», sostuvo.

Puede leer: Se restablece el paso por Llavini y se reanudan los viajes entre La Paz y Cochabamba

Sector

A la crisis energética, vinculada a la escasez nacional de combustibles por la falta de dólares para importar, se suma el conflicto por las normativas de quema de pastizales.

Marco Antonio Gutiérrez Núñez, secretario de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), cuestionó la rigidez de las regulaciones.

«La quema es necesaria, pero debe hacerse con responsabilidad. Exigimos revisar estas medidas y dialogar, pues están matando al sector», afirmó.

Ruiz fue contundente al responsabilizar al Gobierno, pues considera que las medidas que se toman no son efectivas.

«No hay soluciones efectivas, solo indiferencia. Si no actuamos, el colapso será irreversible». La advertencia llega en un contexto donde el desabastecimiento de diésel ya afecta a transporte, agricultura y ahora la ganadería, clave para la economía cruceña.

Con el 70% de las exportaciones de carne boliviana originadas en Santa Cruz, la paralización no solo golpea a los productores, sino que amenaza con profundizar la crisis de divisas.

Mientras el Gobierno busca alternativas para importar carburantes, los ganaderos exigen un plan concreto para un abastecimiento continuo.

Luego del colapso de la plataforma vial, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) restableció la tarde de este viernes el paso de vehículos por Llavini, en la carretera Cochabamba-La Paz, y los viajes interdepartamentales se reanudaron.

“En el tramo Bombeo, Cochabamba, donde teníamos el derrumbe en el Sillarcito, kilómetro 69, conocido como Llavini, se habilitó el paso para vehículos livianos, medianos y pesados, en ambos sentidos; entonces, estamos levantando la restricción vehicular para los viajes interdepartamentales”, confirmó el presidente de la ABC, Marcel Claure.

De inmediato, las terminales terrestres de Cochabamba, La Paz y Oruro fueron autorizadas a habilitar los viajes de buses; que estaban suspendidos desde el martes; cuando se produjo el desplome de parte de la vía.

Lea más: Montaño identifica 3 tramos ‘críticos’ en carreteras y anuncia recursos del TGN para repararlos

Cochabamba

El jueves se habilitó parcialmente la vía, solo para el paso de vehículos livianos; pero ahora el camino fue habilitado para todo tipo de vehículos.

Claure afirmó que dejó de llover en la zona, no obstante, llamó a los transportistas a tener precaución; y seguir las instrucciones de la Policía Caminera y del personal de ABC.

Por otro lado, informó que se rehabilitó el paso en el sector Tres Marías en la ruta de Unduavi – Chulumani; en el departamento de La Paz.

El corte de la vía troncal entre Cochabamba y La Paz provocó incluso el desabastecimiento de algunos alimentos de la canasta familiar que llegan del valle y de oriente; como la carne de pollo.

El miércoles, el gabinete autorizó el uso de recursos económicos del Tesoro General de la Nación (TGN) para atender los tramos carreteros “críticos” en la Red Vial Fundamental debido a las intensas lluvias, informó el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño. Según la autoridad, se estima un gasto aproximado de Bs 55 millones.

Luego de un ampliado, los choferes de la Federación Andina de El Alto anunciaron que activarán un paro indefinido desde el lunes 17 en protesta por la escasez de combustibles.

“¿Paro indefinido desde el lunes?”, preguntó uno de los dirigentes y las bases contestaron “¡Aprobado!”, según un audio difundido por el portal Radio Tv Creativa Digital Bolivia.

La medida será asumida hasta que se normalice el abastecimiento de combustible en todo el país. Los choferes reclamaron que deben realizar largas filas diariamente, lo que les imposibilita cumplir con normalidad con su trabajo.

En la resolución, aprobaron, además, pedir la renuncia del secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, a quien acusaron de no luchar por el sector y de traicionarlos.

Lea más: Dorgathen: Las filas por combustible no van a desaparecer, pero serán menores

Los participantes del ampliado reclamaron porque Gómez suspendió el ampliado nacional que debía realizarse el jueves 13 de marzo.

Asimismo, sugirieron presionar y tomar la Confederación, no pagar peajes y asumir otras medidas de presión.

La escasez de combustibles en el país afecta, principalmente, al transporte público y privado. Las largas filas en las estaciones de servicio se mantienen hace más de dos semanas.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, anunció este viernes la llegada de casi 100 millones de litros de combustible; sin embargo, reconoció que las filas aún no desaparecerán, pero irán disminuyendo de a poco.

La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) RL le dio un plazo de 72 horas al Gobierno para solucionar el desabastecimiento de combustible, caso contrario iniciará movilizaciones, advirtió este viernes tras una asamblea de presidente y delegados.

“Otorgar indefectiblemente el plazo de 72 horas, a partir del lunes 17 de marzo 2025, a todas las autoridades, empezando del presidente y sus ministros y senadores y diputados. Dejen de lado sus pelas internas y den solución al desabastecimiento de combustible para las cooperativas mineras y población en general; caso contrario el movimiento minero cooperativo se verá obligado a iniciar movilizaciones en todo el país”, señala una parte de la resolución.

El sector aseguró que la situación del país ya es insostenible y los dólares del país desaparecieron. “Tras un amplio análisis ha quedado al descubierto el tremendo despilfarro económico que hace el Gobierno en salarios de funcionarios públicos; en las jugosas dietas de los parlamentarios y ministros; mientras el minero cooperativista y la población nos sumergirnos en la miseria”, dice el documento.

Lea más: Gobierno y mineros posponen diálogo sobre diésel; la reunión se reanudará el lunes

Combustible

Asimismo, rechaza el precio internacional del diésel que anunció el Gobierno para minero y productores y aseguraron que las 10 medidas presentadas por el presidente Luis Arce no hacen otra cosa que mostrar “ineficiencia”.

“Caso contrario, el movimiento minero cooperativo se verá obligado a iniciar movilizaciones en todo el país en defensa de nuestras fuentes de trabajo; y la estabilidad económica del pueblo boliviano”, añade la advertencia.

Por otra parte, también se dio el plazo de 72 horas para que el Ministerio de Minería remita a la Asamblea Legislativa los trámites de contratos administrativos mineros del país, con minutas firmadas, para su inmediata aprobación.

Además, reclama el material explosivo que requieren para sus labores y le piden el Ministerio de Defensa; garantizar la compra directa, sin intermediarios y sin burocracia.

Otra de las demandas es la derogación del inciso c) del parágrafo III de la Ley de Minería y Metalurgia, que establece que no se podrán realizar actividades mineras en proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses; restricciones que se sujetan de acuerdo a estudios ambientales con enfoque multisectorial.

La Alcaldía de Porongo se sumó este viernes a la de Santa Cruz de la Sierra y se declaró en emergencia por la falta de combustible para exigir al Gobierno soluciones urgentes a este problema.

“Estamos declarando emergencia municipal a consecuencia de los graves problemas que estamos enfrentando para poder cumplir con nuestras tareas en las 49 comunidades. Esta situación tiene que ver con la salud, la educación, el mantenimiento de los caminos, las emergencias por las lluvias y el traslado de los funcionarios a sus diferentes unidades de trabajo en todo el municipio”, informó el alcalde Neptaly Mendoza.

El decreto edil fue entregado al presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, y a su directorio.

El alcalde indicó que la falta de este suministro ocasiona deficiencias operativas en los servicios que brinda el gobierno municipal. Puso como ejemplo los servicios de emergencias hospitalarias; la provisión del desayuno, almuerzo y transporte escolar, el mantenimiento de los caminos, la atención de otras emergencias y otros.

Lea más: Santa Cruz de la Sierra declara emergencia por combustibles

Combustible

Este viernes, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, junto al Comité Pro Santa Cruz, se declaró en emergencia como consecuencia de la escasez de combustibles.

“Estamos declarando nosotros una emergencia en nuestro gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra. Que todas las instituciones que forman parte de esta dinámica de la gestión tengan que entender que es con unión de esfuerzo que vamos a lograr salir de esto”, dijo el alcalde Jhonny Fernández.

En las últimas semanas, el país sufre por la escasez de combustible que ha provocado emergencia en sector productivo y el transporte. Además, se forman diariamente largas filas en las estaciones de servicio. El Gobierno atribuyó el problema a la falta de dólares debido al “bloqueo” de la Asamblea Legislativa a créditos por más de $us 1.600 millones.