Luego de dos días de permanecer en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de La Paz, el exministro de Minería Luis Alberto Echazú salió la tarde este miércoles para cumplir el arresto domiciliario que dictó la Justicia. Es investigado por presuntos hechos de corrupción en la implementación de la planta de litio en el Salar de Uyuni, Potosí.

Echazú, de 74 años, fue aprehendido el lunes en la investigación por los delitos de incumplimiento de deberes; contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

El abogado y exprocurador Wilfredo Chávez calificó como político el proceso y dijo que la detención de Echazú fue injusta, pues es una de las personas que inició el proyecto del litio en Bolivia.

“Se han cumplido las condiciones que impuso la autoridad (judicial). El compañero se irá a su domicilio, estuvo dos días privado de libertad en un proceso injusto; y político que ha tenido resultados funestos en las últimas horas. El Gobierno va a tener que dar cuenta por eso”, dijo Chávez, a los medios de comunicación en la FELCC.

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Echazú

Asimismo, dijo que esta “persecución política” solo busca tapar la “dejadez” del Gobierno en el proceso de construcción de la planta de litio en el departamento de Potosí.

El jueves, la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la Procuraduría General del Estado presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra 10 exfuncionarios de la estatal por daños a las piscinas industriales del complejo de litio en Potosí; que ascienden a más de Bs 425 millones.

En la imputación formal del Ministerio Público, se solicitó la detención preventiva para Echazú en el penal de San Pedro de La Paz por seis meses, tiempo en el que se procederá a la investigación. Sin embargo, en la audiencia de medidas cautelares, el martes; se determinó su detención domiciliaria, arraigo y una fianza.

La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) también reaccionó en contra del incremento salarial anunciado por el Gobierno para este año y lo calificó como “irresponsable” pues generará un “desborde” de la economía informal.

El gerente general de la Caneb, Marcelo Olguín, dijo que el incrementó de 5,85% al salario mínimo es el que más preocupa a los privados, pues conlleva el alza en bonos, subsidios y otros pagos que están relacionados.

“Atado al mínimo nacional hay varios bonos, subsidios y el costo se encarece grandemente. Es una medida irresponsable en términos de que no cuida el poco empleo digno que queda en el país; el sector exportador es el que más empleo digno genera. Esto va terminar en unidades productivas de mediana y pequeña escala tendrán que hacer ajustes en su planilla; y generando un desborde a la economía informal sin seguridad social ni de corto ni largo plazo”, dijo en conferencia de prensa.

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Asimismo, el gerente considera que la decisión fue asumida por razones políticas más que económicas y técnicas.

“Se nota claramente una intencionalidad de llegar a un número redondo atractivo, político, que dé contento a una Central Obrera Boliviana (COB). El monto de incremento de 5,85% está muy distante de cualquier razonabilidad; de cualquier estudio que pueda generarse y es la cifra que más descontento genera al sector privado en su conjunto”.

El martes, el presidente Luis Arce, junto a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), anunció el incremento de 5,85% al salario mínimo nacional y de 3% al salario básico.

Varios sectores empresariales y privados manifestaron su rechazo a la medida; argumentando que provocará el cierre de fábricas y/o el despido de trabajadores.

Las protestas contra el incremento salarial de 5,85% al mínimo nacional y 3% al haber básico suman. Los empresarios privados y productores de Santa Cruz cerraron filas este miércoles asegurando que no es el momento para un alza y la calificaron como ‘agresiva’.

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Óscar Mario Justiniano, dijo que cada año tienen el mismo conflicto con el Gobierno y la Central Obrera Boliviana; y que el tema debería ser analizado en un “entorno más macro” y viendo la realidad del país.

“Hace más de dos décadas venimos haciendo lo mismo y la pregunta es mejoró la vida de los trabajadores, mejoró la vida de los colabores; esto se debe ver de un entorno macro para que cada trabajador tenga seguridad industrial, salud ocupacional, capacitaciones e innovación”, dijo.

Asimismo, auguró que esta medida traerá problemas también a futuro pues muchas empresas no podrán cumplir con la normativa; y habrá despidos.

Al respecto y mediante un comunicado, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) dijo que el incremento salarial es “agresivo”; y fijado con base en fundamentos políticos y no económicos.

Argumenta que “miles de pequeñas y medianas empresas, emprendimientos familiares y startups que, día a día, a pesar de la adversidad, apuestan por su país y emplean a sus compatriotas”, se verán afectados.

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Incremento salarial

Protesta, además, porque el sector privado es excluido del diálogo para definir este tema, haciendo más “difícil apostar por la industria y el comercio nacional”.

“Los riesgos de continuar bajo esta lógica agresiva, política y alejada de la realidad traerán efectos adversos, difíciles; o y quizás imposibles de revertir, que ningún incremento salarial podrá solucionar sino nos sinceramos sobre aspectos estructurales”, se lee en parte de la nota.

Lamentan que con un incremento “anecdótico” se esté “acorralando al que apuesta por la fuerza laboral boliviana”.

En tanto, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) recordó que el sector productor fue golpeado por una serie de adversidades que disminuyeron su capacidad de producción y sustento.

La CAO indica que, con el incremento salarial, los agropecuarios quedan vulnerables pues no pueden trasladar los costos adicionales al consumidor y temen el “cierre progresivo de unidades”.

“Consideramos que el aumento salarial anunciado es una medida que no está acorde con la realidad económica que enfrentamos. Esta es una medida que no mira las consecuencias en el futuro. Esta es una medida que da pan para hoy y trae, hambre para mañana”.

Piden al Gobierno reconsiderar la medida y trabajar con el sector agropecuario para encontrar soluciones que promuevan el crecimiento económico y la generación de empleos.

Tras el anuncio del alza salarial de 5,85% al mínimo nacional y 3% al haber básico, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Jaime Ascarrunz, planteó al Gobierno que la medida no sea retroactiva (desde enero de este año) o que se pague en seis cuotas mensuales.

Asimismo, propuso que el pago de los finiquitos ante posibles “desvinculaciones emergentes” del aumento, puedan ser cancelados en 12 cuotas mensuales.

Ascarrunz lamentó que el Gobierno no haya tomado en cuenta al sector empresarial para asumir la medida; y pidió implementar una plataforma de diálogo permanente. Pese a estar en contra del alza, anunció que acatarán el instructivo.

“Consideramos (que) la decisión de incremento salarial está más allá de las posibilidades reales de los agentes económicos. El período de bonanza por el que atravesó el país, gracias a las exportaciones de hidrocarburos; ha terminado y nos enfrentamos a un futuro incierto”, dijo este miércoles, en conferencia de prensa.

El presidente de la CNC remarcó que las empresas formales hacen grandes esfuerzos para evitar aumentos en los precios, mantener abastecidos los mercados y conservar el empleo a pesar de la escasez de divisas.

Asimismo, recordó que de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al tercer trimestre del año pasado la economía creció 2,3%; lo que “guarda relación con un periodo de desaceleración”.

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Alza salarial

Ascarrunz considera que el incremento salarial contribuirá a ampliar el déficit fiscal y ampliará los desequilibrios macroeconómicos.

“El aumento salarial también resta competitividad a nuestras exportaciones, pues hacen más costosa la producción nacional”, complementó, recordando que al primer bimestre de 2024 las exportaciones cayeron en 23%, en relación al mismo período del pasado año.

Aparte, remarcó que el salario mínimo (Bs 2.500 para este año) tiene un efecto multiplicador porque es la base para otros costos; por lo que el alza real será mayor para el sector empresarial.

“El salario mínimo nacional ya está en un promedio latinoamericano, ya no es de los más bajos, sino de la mitad para arriba. Nos toca acatar, cumplimos con la ley a pesar que no estamos de acuerdo”.

El martes, el presidente Luis Arce, junto a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), anunció el incremento de 5,85% al salario mínimo nacional y de 3% al salario básico.

Varios sectores empresariales y privados manifestaron su rechazo a la medida, argumentando que provocará el cierre de fábricas y/o el despido de trabajadores.

El exgerente ejecutivo de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Juan Carlos Montenegro, uno de los investigados por el caso de las fallas en las piscinas de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, falleció este miércoles por causas que aún son investigadas.

El exejecutivo, quien ocupó el cargo entre julio de 2017 y noviembre de 2019, mediante una carta pública, afirmó que el Gobierno busca mellar su trayectoria académica, por lo que determinó no someterse a una “justicia amañada”.

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“No se puede mellar mi límpida trayectoria académica y profesional con este tipo de atropellos y no me prestaré a ser vejado y humillado, por la justicia amañada que se vende al poder político o al mejor postor. No lo puedo permitir”, se lee en la carta.

En la misiva, el exejecutivo denunció que quienes comenzaron el proyecto del litio en Bolivia ahora están siendo víctimas de atropello.

La semana pasada, la actual presidenta ejecutiva de YLB, Karla Calderón, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de exfuncionarios de la empresa estatal por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato en las piscinas industriales de evaporación en el Complejo Industrial, con un daño económico de más de Bs 425 millones.

Según el informe de auditoría interna, se identificó como responsables a 11 exfuncionarios y a una ejecutiva de una empresa que se adjudicó las obras por contratos irregulares en la construcción, impermeabilización y puesta en marcha de las piscinas industriales, entre 2013 y 2017, cuando aún existía la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos.

 Además, cuestionó el proceso de industrialización del litio que lleva adelante el actual Gobierno ya que ese proyecto aún no es viable porque a la fecha no se instalaron ni plantas pilotos y “es algo que el Gobierno pretende ocultar”.

“Se habló de alcanzar 100.000 toneladas de carbonato de litio para 2025. Constataron que todavía no son viables grandes plantas industriales vía EDL”, escribió.

YLB firmó acuerdos con empresas de China y Rusia para el emplazamiento de plantas con tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) en los salares del país.