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Inicio de operaciones de Gestora se aplaza por segunda vez

El Gobierno aprobó un decreto que posterga por segunda vez el inicio de operaciones de la nueva Gestora Pública. En julio de 2016 se decretó por primera vez aplazar el inicio de las actividades de la entidad, que debía comenzar actividades el 15 de septiembre.

“Esta mañana hemos aprobado el decreto, le hemos dado un plazo de hasta 18 meses a la Gestora para que en ese plazo ya se proceda a hacer toda la migración (de los datos de los aportantes)”, informó ayer el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, luego de participar de la reunión de gabinete ministerial.

El 14 de enero de 2015, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 2248 que definió la constitución de la Gestora Pública que debía iniciar operaciones en un plazo no mayor a 18 meses a partir de su publicación, fecha que culminaba el 15 de julio de 2016.

A un mes de cumplirse el plazo establecido, el 15 de junio de ese año, el Órgano Ejecutivo determinó, a través del Decreto Supremo 2802, postergar en 15 meses el inicio del funcionamiento de la nueva entidad, plazo que culminaba el 15 de septiembre de este año.

La noche del 15 de este mes, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitió un comunicado de prensa en el que hacía conocer que se iba a presentar un decreto ante el gabinete ministerial para ampliar el plazo de operaciones de la nueva Gestora.

“Lo que pasa es que nosotros queremos darle toda la seguridad a la gente que hoy día está aportando a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La migración ha tenido sus problemas por la cantidad de datos que tiene y nosotros no queremos apurar, no queremos presionar, queremos que la gente esté tranquila”, justificó Guillén y sostuvo que se dio un plazo de hasta 18 meses para que arranquen las operaciones de la nueva entidad.

La autoridad espera que la nueva Gestora inicie operaciones en 2019, aunque no se desestima que sea en menos tiempo para que se pueda transferir los datos de los aportantes de las AFP a la nueva entidad. Los 18 meses de plazo, determinado por el Gobierno, culminarán en marzo de 2019.

Encuentre la información completa en la edición impresa de La Razón. (21/09/2017)