En un comunicado reciente, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su profunda preocupación por la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que autoriza el decomiso de productos y mercancías por parte del Gobierno.

El empresariado señaló que la norma causa “inseguridad y zozobra”, por lo que se la debe dejar sin efecto de manera inmediata para no generar “conflictos sociales” innecesarios.

“Pedimos al gobierno nacional que se consideren de manera urgente los ajustes normativos que corresponda para dejar sin efecto esta medida que ocasiona incertidumbre y desconfianza en las empresas y genera conflictos sociales innecesarios”, señala el comunicado de la confederación.

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Disposición

La denominada “disposición confiscatoria” es altamente criticada por el sector productor, industrial, comercial y empresarial, debido a que consideran que el Estado intervendrá en sus actividades.

Sin embargo, de acuerdo con el Gobierno, la medida afectará únicamente a aquellos que se dediquen al agio y la especulación, pues la norma autoriza el decomiso de productos que se acopien con el objetivo de venderse a un precio elevado más adelante.

La CEPB, por su parte, comparte la postura oficialista de luchar contra estas actividades irregulares, pero señala que se debe realizar el control donde “realmente” se presentan.

“Los empresarios hacen un llamado a fortalecer las acciones dirigidas a combatir el contrabando, el agio y la especulación en los sectores donde realmente se producen estos problemas”, indica el documento.

Coordinación y diálogo

De esta manera, el sector rechaza la postura del Gobierno sobre el rol de los productores y empresarios en el encarecimiento de precios de los alimentos y productos de primera necesidad.

Asimismo, la CEPB considera que se debe entablar una “coordinación y diálogo” previos antes de que se aplique “cualquier decisión que afecte a los sectores productivos».

El Gobierno, por su parte, explicó que la disposición no entrará en aplicación hasta que se realice la reglamentación correspondiente con todos los sectores interesados, a los cuales convocó a una mesa de diálogo para esclarecer algunos puntos.

Con el Decreto Supremo 5313, aprobado el miércoles, el Gobierno tiene el objetivo de agilizar los trámites para la importación de combustibles. La nueva normativa reduce de 10 a cinco días el tiempo requerido para obtener los permisos de importación de diésel y gasolina tanto para consumo propio como para comercialización. 

El viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Adams Hurtado, explicó que con la entrada en vigencia de este decreto, se espera que los trámites se reduzcan significativamente. 

“Con este nuevo decreto creemos que los trámites deberían tardar entre tres y cinco días como máximo”, afirmó Hurtado en entrevista con RTP. 

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Combustibles

De acuerdo con el viceministro, actualmente existen 36 empresas autorizadas para importar diésel y dos para gasolina con fines de consumo propio, además de una empresa dedicada a la comercialización.

Por ello, se busca incentivar a más sectores para la venta de combustibles importados a través de la facilitación y reducción de trámites.

Entre los principales cambios, el decreto flexibiliza el proceso de homologación de certificados de calidad.

 Antes, era obligatorio presentar la certificación de calidad emitida por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (Ibnorca), ahora solo será necesario presentarla ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para su validación. 

En cuanto a la calibración de tanques de almacenamiento y equipos, anteriormente este proceso era exclusivo del Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro).

Sin embargo, con la nueva normativa, empresas calificadas también podrán realizar estas verificaciones, lo que permitirá acelerar el proceso. 

Gracias a la agilización de trámites, una empresa privada ya obtuvo autorización para importar 22 millones de litros de combustible mensuales, y se prevé que esta cifra aumente con la implementación de la nueva normativa. 

“Lo que estamos haciendo es optimizar y agilizar los trámites para que las empresas puedan importar combustibles, tanto para su propio consumo como para su comercialización”, remarcó Hurtado. 

Esta medida busca garantizar el abastecimiento de combustibles en el país y fortalecer el sector energético, especialmente en un contexto donde el suministro de hidrocarburos se vio interrumpido a lo largo de 2024. 

Este jueves, la Federación Sindical de Trabajadores Constructores de La Paz informó que los precios de los materiales de construcción incrementaron hasta en un 80% en algunos casos, lo que dificulta el trabajo del sector.

“Ahorita se ha incrementado en un 70% hasta un 80%. Hace seis meses, por ejemplo, el fierro de media costaba 60 bolivianos, ahora cuesta 120, 50%, entonces hay otros materiales que suben más su precio”, explicó Sixto Chura, secretario ejecutivo de la federación.

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Construcción

Esto se debe principalmente a que los materiales utilizados son importados, por lo que llegan con un costo extra, debido a que, por la falta de dólares, los importadores deben pagar el excedente del tipo de cambio del mercado paralelo.

Pese a que el tipo de cambio oficial del dólar se mantiene en Bs 6,97, en el mercado paralelo la moneda internacional se vende por encima de los Bs 11, aunque llegó a costar más de Bs 15 en su momento más crítico.

Por ello, Chura también afirmó que los constructores ya no tienen mucho empleo, debido a que no hay muchas obras que estén siendo iniciadas y las que lo hacen atraviesan dificultades por los altos precios de los insumos.

“Ya no hay trabajo, no hay movimiento. Si hay algunos trabajos, algunas obritas, nos paralizan con el alza de precios de los productos de construcción”, protestó.

Por este motivo, el sector se declaró en emergencia, a la espera de que la solución se regularice.

En criterio de Chura, el precio debería ser controlado por las respectivas autoridades gubernamentales, como el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor. Sin embargo, criticó que no se tomen las medidas correspondientes.

Además, el dirigente cargó contra algunas confederaciones y organizaciones que, denunció, se “venden” a los intereses del Gobierno y callan las necesidades de su sector.

Luego de que el Gobierno llegara a un acuerdo con el sector panificador para mantener el precio del pan a Bs 0,50 la unidad, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, considera que la demanda de incrementar el precio del producto es la prueba de que existen actores que buscan hacer política con los alimentos.

“Lamentablemente hay actores políticos que utilizan el pan, el aceite, el arroz, los alimentos esenciales para hacer política, para generar ese descontento en la población y uno lo siente cuando sale a la calle”, protestó en entrevista con Bolivia Tv.

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Política

De acuerdo con la autoridad, debido a que estamos en un año electoral, por los comicios generales de agosto, existen sectores que buscan amedrentar la imagen del Gobierno.

Por ello, ratificó las declaraciones del presidente Luis Arce que denunció que existe una “guerra económica” contra su gestión.

La misma se refleja con el incremento de precios de los productos básicos de la canasta familiar para generar un malestar y las protestas y marchas contra el Gobierno para desgastarlo y que no termine su periodo de mandato.

“No identifican que es el avicultor el que sube el precio del pollo o del huevo. Hay otros actores que determinan el precio de los productos”, señaló Silva.

Alimentos

Según el viceministro, existe un sector que nunca pierde y es el sector productor y empresarial, quienes manejan y controlan la mayoría de la producción de los alimentos.

En su criterio, ese grupo únicamente piensa en sus intereses y no en el bienestar ni la economía de la población.  

Sin embargo, destacó que el Gobierno buscará mantener el acceso a los productos básicos de la canasta familiar a precios justos. Por ello, se aprobó un decreto supremo que destina más de Bs 520 millones a la subvención de alimentos para la gestión 2025.

De acuerdo con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), un total de 8.527 nuevos contribuyentes obtuvieron su Número de Identificación Tributaria (NIT) al inscribirse en el Padrón Nacional de Contribuyentes entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024.

A través de un informe, el presidente de la institución, Mario Cazón, destacó que al cierre de 2024 se alcanzó un total de 499.155 contribuyentes registrados, lo que representa un incremento del 1,7% respecto a los 490.628 inscritos en diciembre de 2023.

“Hay un crecimiento del 1,7%, porcentaje que representa 8.527 nuevos inscritos en el Padrón Nacional de Contribuyentes hasta diciembre de 2024. Esto significa que 8.527 empresas pequeñas, medianas y grandes han sacado el NIT en la gestión pasada; éstas son actividades económicas nuevas que están apostando por el crecimiento de la economía boliviana”, afirmó Cazón.

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Impuestos

De acuerdo con el SIN, con ese incremento la economía boliviana muestra signos de recuperación y crecimiento gracias a las políticas implementadas por el Gobierno para incentivar al sector productivo y proteger el poder adquisitivo de las familias mediante el control de precios y la subvención de alimentos.

Cazón también señaló el comportamiento positivo del registro de contribuyentes en gestiones anteriores. Entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023, el crecimiento fue del 5,3%, equivalente a 24.847 nuevos contribuyentes.

De igual manera, entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, el incremento fue también del 5,3%, con 23.648 nuevos registros. Entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, el aumento fue del 3,2%, lo que representó 13.920 nuevos contribuyentes.

Estos datos reflejan, según el reporte del SIN, una tendencia sostenida de crecimiento en la formalización de actividades económicas, lo que evidencia ‘confianza en las medidas adoptadas’ para dinamizar la economía del país.