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Informe sobre paraísos fiscales revela daño de aproximadamente $us 1.000 MM e incluye a Doria Medina

El informe legislativo sobre las empresas bolivianas que aparecen en los llamados Papeles de Panamá o paraísos fiscales activará toda una serie de acciones para sancionar a los responsables y diseñar un nuevo marco normativa para evitar más hechos de ese tipo, que al momento causaron un daño al Estado de «alrededor de $us 1.000 millones», informó este lunes el vicepresidente Álvaro García.

Precisó que se investigaron 11 casos y de ellos seis con más detalle y confirmó que uno de los implicados es el empresario y jefe de la opositora Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina, de quien dijo que se comprobó, con papeles de respaldo, que «robó al país» evadiendo impuestos.

«Samuel Doria Medina ha hecho mucho daño a Bolivia, no hay cómo esconder. Y con papeles, no porque lo dice el Vicepresidente, no porque le cae mal, con papeles, con documentación, se va a demostrar en las siguientes horas que Samuel Doria Medina le robó a los bolivianos, evadió impuestos», aseveró.

Este lunes, sesionó la Asamblea Legislativa Plurinacional justamente para escuchar el informe en conclusiones de la Comisión Especial Mixta de Investigación de los Papeles de Panamá que trabajó en el último año y medio. Un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación identificó a 95 firmas bolivianas vinculadas con la evasión impositiva y abrió la pesquisa.

Además de Doria Medina, el vicepresidente identificó al empresario cruceño Branko Marinkovic, prófugo de la Justicia tras ser vinculados con el caso de Terrorismo, entre los empresarios-políticos que “robaron” a los bolivianos haciendo uso de los denominados paraísos fiscales. Doria Medina ya negó las acusaciones en el pasado.

En septiembre, el Grupo Cementos de Chihuahua reveló que el jefe de UN fue quien solicitó la intermediación en La Paz de la empresa offshore en Panamá denominada Akapana para la venta de las acciones de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce). Además, detalló que el monto de la transacción fue “sustancialmente mayor” al declarado.

Un paraíso fiscal es un país que exime del pago de impuestos a los inversores extranjeros que mantienen cuentas bancarias o constituyen sociedades en su territorio. El vicepresidente explicó que empresarios se auto-vendieron acciones a un costo bajo y luego se llevaron fuera el dinero, donde generaron mayores ingresos.

“Vemos políticos, empresarios que tienen millones y millones de dólares, y que encima se las ingenian para ir a paraísos fiscales y eludir el pago de impuestos aquí en Bolivia, eso se está investigando y se investigó en Bolivia. Se va a visibilizar quienes han robado, quienes han estafado a Bolivia”, anunció en una posterior conferencia de prensa a la inauguración de la sesión legislativa.

Anticipó que deberán aplicarse las sanciones respectivas a quienes resulten ser responsables de la evasión, que dijo está plenamente comprobada y con la documentación respectiva. Pero además anunció la decisión de trabajar en una nueva normativa para hacer de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) una entidad moderna y que intervenga antes y no después de la evasión.

“Hay que modificar el sistema financiero boliviano para impedir que vuelva a repetirse eso y hay que establecer mecanismos para hace una mejor revisión de lo que pasó anteriormente”, sostuvo y también anticipó control en la venta de acciones para evitar la evasión impositiva sin que ello implique intervenir en el sector.

El Ministerio de Economía tiene la responsabilidad de elaborar una serie de normativas para mejorar el control en la banca. “Tenemos que tener un mejor control del sistema de los bancos, un mejor sistema de control de las acciones sin interferir la compra-venta, las reglas de mercado que regulan” para detectar irregularidades de evasión impositiva, detalló. (11/12/2017)