En el Día de la Micro y Pequeño Empresario Boliviano, el Gobierno destacó este viernes el aporte y trabajo de las micro y pequeñas empresas (mypes) y anunció más incentivos para el sector.

En un acto especial, el presidente Luis Arce anunció más programas para promover y fortalecer la producción nacional.

«Como Gobierno hacemos el seguimiento a la producción nacional para plasmar políticas de incentivo orientadas a la industrialización con sustitución de importaciones. Hoy producimos lo que antes se importaba, eso es sustitución de importaciones con materia prima», destacó Arce.

El primer mandatario recorrió varios stands con productos bolivianos y recordó las políticas y programas de fomento a favor de la industria nacional.

«Hoy gozamos de estabilidad, bajas tasas de interés y de inflación, resultado de la política orientada a proteger la economía boliviana y la producción nacional», apuntó Arce.

Anunció la elaboración de spots publicitarios para incentivar y promover la marca «Hecho en Bolivia», tanto en medios de comunicación y en redes sociales.

 Además de abrir más espacios de promoción a través de los Super Emapa y supermercados privados, que deben coadyuvar en la promoción y venta de productos nacionales.

 «Tienen un Gobierno comprometido con la producción nacional, un Gobierno comprometido con los productores y artesanos bolivianos para fortalecer su producción», destacó.

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 Programas

Arce recordó que el Gobierno creó el crédito SIBOLIVIA, que cuenta con un fondo de Bs 2.393 millones, a una tasa de interés fija anual del 0,5%.

 Hasta marzo se colocaron 9.906 créditos por un monto total de Bs 1.324 millones, de los cuales el 98% son operaciones de microcrédito.

 Además, se implementó un fondo de garantía por Bs 150 millones para apoyar a las mypes en el acceso a los créditos productivos.

 Asimismo, se creó el programa Pro-MyPE, que hasta la fecha benefició a 1.322 unidades productivas con una inversión de Bs 9,6 millones. Se ofrece capacitación, asistencia técnica y transferencia de activos productivos.

 Con el programa Bolivia C-reActiva, se logró articular a más de 1.000 jóvenes universitarios y 500 unidades productivas. Los estudiantes realizan el diseño y ejecución de estrategias de marketing.

Además, se destaca la implementación del aplicativo móvil Consume lo Nuestro, que hasta la fecha generó más de Bs 236 millones de ingresos económicos para los productores.

La Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) proyecta exportar cerca de 255.000 toneladas de mineral de hierro este año por puerto Busch. El presidente de la ESM, Jorge Alvarado Rivas, anunció además que promoverán el uso de la terminal como una salida soberana al océano Atlántico.

“Nuestra empresa proyecta mover cerca de 255.000 toneladas de mineral de hierro este año; asimismo, continuaremos apoyando a otras empresas nacionales para que exporten sus minerales”, aseveró.

En 2022, como resultado de la comercialización de mineral de hierro del Mutún, la ESM movió 152.007 toneladas. El mineral se exportó a Rumania, Reino Unido y Polonia usando la terminal de Puerto Busch.

Además, bajo la premisa del apoyo a las exportaciones bolivianas de otras empresas por Puerto Busch, se sacó 23.229 toneladas de otros minerales.

“Puerto Busch se constituye en una salida soberana al océano Atlántico, cuya administración está a cargo de la Empresa Siderúrgica del Mutún. Es por donde se exporta el mineral del hierro a países europeos”, resaltó Alvarado.

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Planta de mutún

Informó que este mes se realizó el carguío para la exportación de más de 10.000 toneladas de mineral de yeso que llegaron desde la zona de Uspha Uspha, en Cochabamba. Su destino final es Paraguay.

La terminal de carga de Puerto Busch está ubicada a 137 kilómetros del municipio de Puerto Suárez en Santa Cruz.

La Empresa Siderúrgica del Mutún operará al 100% el complejo de hierro en el municipio de Puerto Suárez, Santa Cruz, a mediados de 2025. En 2024, el primer año de funcionamiento, se hará cargo de las operaciones la firma constructora Sinosteel.

La construcción de planta tiene un avance de más del 70%, principalmente, en el colocado de las estructuras metálicas de las siete plantas del complejo

Con el reto de desarrollar proyectos importantes para La Paz, enmarcados en el modelo de “economía 4.0”, Rolando Kempff Bacigalupo fue elegido como presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP).

Recibió el voto de confianza de las entidades afiliadas durante la asamblea general del gremio empresarial.

El nuevo presidente aseguró que dará continuidad al trabajo desarrollado por el Comité Ejecutivo saliente y se planteó como desafío impulsar proyectos importantes.

Por ejemplo, dijo que iniciará su gestión promoviendo la “economía 4.0” y desarrollando proyectos como el segundo aeropuerto en La Paz. Además, la carretera a Cochabamba, la ruta al norte y proyectos de energía eléctrica, entre otros.  

Asimismo, anticipó que promoverá un diálogo público-privado y el Centro de Economía Naranja. Adelantó que la organización de la sexta versión de la Feria La Paz Expone.

Kempff ponderó la labor del presidente saliente, Jaime Ascarrunz, y de su Comité Ejecutivo por su destacada labor y los logros obtenidos en beneficio del gremio.

El nuevo Comité Ejecutivo de la FEPLP está compuesto por el presidente Kempff; primer vicepresidente, Sergio Siles; segundo vicepresidente, Miguel Escobar.

El secretario general es Carlos Peña; tesorera, María Cristina López; primer vocal, René Sánchez y segundo vocal, Helga Cisneros.

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La Paz

El presidente saliente agradeció la confianza y apoyo de los presidentes de las diferentes Cámaras afiliadas con quienes mantuvo permanente coordinación.

La posesión del Comité Ejecutivo se realizará en un acto especial el día 12 de abril en el Círculo de La Unión de La Paz con la participación los representantes de las diferentes Cámaras afiliadas.

La “economía 4.0” es la actual revolución industrial. Consiste en la digitalización de los procesos industriales por medio de la interacción de la inteligencia artificial y la optimización de recursos.

El Gobierno prevé que la planta refinadora de zinc que se emplazará en el departamento de Potosí esté concluida en el plazo establecido y se inaugure en el Bicentenario de Bolivia, en 2025.

“Un proyecto que está planificado en 30 meses, y que esperemos que esté inscrito en la agenda del Bicentenario, con la puesta de este anhelo tan importante para el departamento de Potosí”, dijo el ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio.

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El jueves, la autoridad se reunió con los sectores mineros de Potosí, principalmente con la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin), de los que recibió respaldo para la ejecución del proyecto.

La obra “ha sido ampliamente aceptada, aplaudida, y tenemos la responsabilidad de trabajar en este proyecto tan importante para el desarrollo de nuestro departamento de Potosí”, indicó. 

Luego de que el presidente Luis Arce anunciara el proyecto, en noviembre del año pasado, el equipo técnico del Ministerio de Minería aprobó el proyecto de factibilidad y que trabaja en la obtención del financiamiento por parte de Planificación.

Características

Villavicencio informó que la planta utilizará procesos de tostación, lixiviación y electrólisis. Ocupará unas 30 hectáreas en predios de la Empresa Metalúrgica Karachipampa y tendrá una capacidad de tratamiento de 150.000 toneladas métricas (TM) de concentrados por año.

Además, producirá 64.800 toneladas métricas finas (TMF) de zinc metálico, 224 TMF de cadmio metálico, 511 TMF de indio metálico y 132.000 toneladas de ácido sulfúrico. La planta representará una inversión total de $us 350 millones.

La factoría recuperará el valor de otros metales, como zinc metálico, estaño, plata, indio, galio y germanio, minerales tecnológicos de alta demanda internacional.

Las empresas proveedoras serán las mineras San Vicente, San Cristóbal y Porco, y las cooperativas mineras.

Paralelamente, se instalará una planta de ácido sulfúrico. El proyecto apunta a consolidar la ingeniera básica y química que encara el Gobierno en Potosí.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) demandó este viernes al Gobierno drasticidad con las sanciones contra los avasalladores porque, en su criterio, ponen en riesgo la producción nacional.

“Deploramos los avasallamientos a la propiedad privada y la toma ilegal de tierras porque generan violencia e inseguridad, y ponen en riesgo la producción y el trabajo. Pedimos que el Gobierno sea drástico para sancionarlos, pero sobre todo oportuno y eficiente para evitarlos”, se lee en un tuit de la organización.

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Los industriales del país rechazaron el jueves el avasallamiento de tierras ocurrido en Santa Cruz en las pasadas jornadas. En su criterio, esas actividades ilícitas generan inseguridad jurídica para la inversión privada en el país y atentan contra la propiedad privada.

Este sector también demandó la intervención del Gobierno de forma inmediata en estos hechos e imponga sanciones con el máximo rigor y en el estricto marco de la ley para evitar una escalada de violencia e inseguridad jurídica.

El miércoles, un grupo de personas instalado en predios de la empresa Santagro, en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, atentó contra las personas que ingresaron a cosechar soya. De este hecho, se tiene el reporte de dos personas fallecidas.

En tanto, en La Paz se produjo enfrentamientos por avasallamiento de tierras en la comunidad Junthuma, del municipio de Achocalla, en los que hubo seis heridos y 26 detenidos.

Tierras

El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, afirmó este viernes que los predios avasallados en Santagro, Santa Cruz, son tierras fiscales.

El incremento de los avasallamientos, principalmente a predios agrícolas, se ha convertido en un problema grave para el Gobierno y los sectores económicos por su recurrencia y la violencia.

El Gobierno informó en 2022 que en todo el país se registra un promedio mensual de 22 denuncias de avasallamientos de tierras.

El presidente de los empresarios del país, Giovanni Ortuño, en su discurso de posesión del 15 de marzo, señaló que “la inversión privada está desprotegida no solo por la ausencia de normas que la defiendan y la incentiven, sino por el aumento de los avasallamientos, los bloqueos y los conflictos sociales”.