Luego que un juzgado aceptara un recurso de acción popular para frenar el proyecto hidroeléctrico Rositas, el ministro de Energía, Rafael Alarcón, llamó a Santa Cruz a defender el emprendimiento y atribuyó la acción judicial “a malas personas” que buscan una compensaciónargumentando que son afectados.
Las comunidades guaraníes de Tatarenda Nuevo y Yumao interpusieron el recurso legal en contra de la ejecución del proyecto por considerar que fueron vulnerados sus derechos al no haber sido sujetos de una consulta previa, libre e informada. El comunario de Burubiche Braulio Álvarez dijo que el proyecto afectará cultivos y crianza de animales, según reportó Los Tiempos.
Alarcón reconoció que en la ejecución del proyecto, que se encuentra en el final de estudio de impacto ambiental, habrá algunas afectaciones que serán subsanadas con las compensaciones correspondientes a los perjudicados en sus tierras.
“Todos los daños que se puedan realizar tienen que ser cuantificados y ser resarcidos a los verdaderos afectados”, explicó, según un boletín de prensa institucional en el que atribuye la acción judicial a “algunas malas personas” que se denominan afectados en la búsqueda de lograr una compensación.
Rositas será la primera hidroeléctrica para la generación de energía eléctrica, agua para consumo y riego en el departamento de Santa Cruz. Será construida sobre el río Grande, cerca de la confluencia con el municipio de Abapo (ubicada a 140 kilómetros al sur de la capital cruceña) con una inversión prevista de $us 1.000 millones.
La Central Hidroeléctrica Rositas, como se denomina al proyecto, está ubicada en la Provincia Cordillera, en el Municipio de Cabezas, y el embalse proyectado se extenderá a las provincias Cordillera y Vallegrande del departamento de Santa Cruz y la provincia Luis Calvo de Chuquisaca. El proyecto capta aguas de la cuenca del río Grande y el río Rositas.
“Eso es desarrollo para la región, no le vamos a pedir ni centavo a ningún municipio, ni un centavo a la gobernación”, señaló Alarcón en una conferencia junto al presidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Joaquín Rodríguez.
El principal argumento de los pobladores para rechazar el proyecto es que dejará bajo el agua a 12 comunidades al inundar 45 mil hectáreas aproximadamente en las provincias de Cordillera y Vallegrande. El caso fue presentado en Cochabamba y ahora se espera el pronunciamiento de fondo, pero mientras tanto se aplicó una medida cautelar que impide avanzar en la iniciativa.