Gobierno no descarta veto presidencial para ajustar la ley que autoriza el uso de armas en lucha anticontrabando
El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, informó que en el Gobierno aún se analiza el contenido de ley sancionada en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Paralelamente están en elaboración protocolos para la actuación militar en la lucha contra el contrabando.
En el Gobierno no descartan un veto presidencial a la ley sancionada en el Legislativo para el uso de armas de fuego en la lucha contra el contrabando, para incorporar “ligeras modificaciones” a fin de que sea una “ley factible, viable y perfectamente comprensible”. Tampoco se descarta la posibilidad de ejecutar estar precisiones vía decreto reglamentario.
El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, informó del trabajo que aún se realiza sobre esa norma legal, por lo que dijo que su promulgación (fue sancionada el 5 de abril en la Asamblea Legislativa Plurinacional) demorará “unos días más”, con la finalidad de realizar “ciertas precisiones sobre la intervención de las Fuerzas Armadas y de Policía”.
No obstante, una vez sancionada la norma solo volvería al Legislativo tras un veto presidencial para que se incorporen los ajustes. Cuando el ministro fue consultado sobre este, respondió: “Todavía estamos viendo es, pero la idea es que la ley sea la más clara posible y nos estamos tomando el tiempo necesario para que sea una ley factible, viable, y perfectamente comprensible para la población en su conjunto”.
Zavaleta hizo las declaraciones a la conclusión de la habitual reunión de gabinete presidida por el presidente Evo Morales. Abrió también la posibilidad de recurrir a un decreto reglamentario para las precisiones que consideran necesarias, aunque aclaró que esas alternativas son analizadas y que la meta es que la norma entre en plena vigencia en mayo.
La propuesta de ley de Fortalecimiento de la Lucha Contra el Contrabando autoriza a militares y a policías a hacer uso de su armamento en la lucha contra ese ilícito de forma proporcional. Morales envió la norma al Legislativo como respuesta al asesinato de dos militares cuando cumplían la tarea de lucha contra el ilícito en la región fronteriza de Sabaya, en Oruro.
Paralelamente están en proceso de elaboración protocolos militares para responder al fuego de los contrabandistas, para la guarda de mercadería incautada y la detención de contrabandistas en campo abierto o carreteras. Las acciones procederán, anticipó el ministro, cuando no se haga caso a instrucción de detenerse de los militares o cuando se haya evadido puestos de control.
Con la vigencia de la norma, las Fuerzas Armadas y la Policía, que son parte de la lucha contra la ilícita actividad, estarán facultadas para usar sus armas en operativos que se realicen en la zona de seguridad fronteriza, que es la franja de 50 km que se traza desde la línea limítrofe.
Además la norma sube de 8 a 12 años de cárcel la sanción contra quienes omitan pago de tributos por montos superiores a 200.000 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) (inicialmente el monto de sanción era de 15.450 UFV) y exceptúa de responsabilidad a militares y policías que “hubieren afectado un bien jurídico para garantizar la efectiva realización de un operativo”.
También se fija una pena de entre 10 y 14 años para el delito de “contrabando de exportación agravado”. Los militares podrán practicar arrestos y aprehensiones durante los operativos que realicen, que hasta ahora no pueden realizar.
“No tenemos plazo, pero el objetivo es que en el transcurso de este mes de abril estén ya terminados los protocolos, la ley aprobada, tal vez algún un decreto que termine de establecer la forma en la que va a operar el Ministerio de Defensa y en mayo ya deberíamos estar aplicando”, insistió. (18/04/2018)