LaMia tuvo déficit de 2.303 Kg de combustible y se estrelló por la “pésima práctica de ahorrar”
Aeronáutica Civil de Colombia presentó este viernes el informe final sobre el caso LaMia, la aerolínea boliviana cuyo avión que transportaba al equipo de fútbol Chapecoense se estrelló en noviembre de 2016 dejando un saldo de 71 muertos.
El avión de la línea aérea boliviana Lamia, que transportaba al equipo de fútbol del Chapecoense, se estrelló el 28 de noviembre de 2016 en Colombia “por falta” de 2.303 kilogramos (Kg) de combustible” y por la “pésima practica de ahorrar” carburante.
Esa es una de las conclusiones de Aeronáutica Civil de Colombia que presentó este viernes el informe final sobre el caso. De los 77 pasajeros que se encontraban en la aeronave en el momento del accidente, 71 fallecieron.
En la conferencia de prensa, el director de la entidad, Juan Carlos Salazar, precisó que “las investigaciones son exclusivamente técnicas” y no buscan establecer responsabilidades personales. Esa labor duró un año y cinco meses y vinculó a autoridades e instituciones de cinco países: Colombia, Bolivia, Brasil, Estados Unidos e Inglaterra.
La repartición estatal entregó un informe preliminar en diciembre de 2016, un mes después del siniestro que había exteriorizado la sospecha de una falta de combustible.
El documento presentado este viernes ahora tiene respaldo documental, probatorio y técnico sobre el análisis de los planes de vuelo, de cabina y sobre todo las cuentas del combustible faltante.
“Había una pésima práctica de la empresa de ahorrar. No podemos describirlo y enfatizarlo así, pero sí deducirlo de lo que hemos visto”, señaló el jefe del departamento de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica civil, coronel Miguel Camacho, quien a manera de resumen dijo “que el avión se cayó por falta de combustible” y que la tripulación se encontraba sin supervisión.
El funcionario recordó además que otro de los motivos del fatal final del vuelo de LaMia fue que aceptó “la demora” planteada por Tráfico Aéreo del Aeropuerto de Río Negro “cuando tenía la oportunidad de proceder directo y declararse en emergencia” 30 minutos antes del siniestro ocurrido a las 21.59.
No debía, en ningún caso, aceptar el “sostenimiento” que implica sobrevolar alrededor de la terminal hasta que se reciba la autorización de aterrizaje, insistió, puesto que para cubrir la ruta Santa Cruz – Rio Negro la cantidad mínima de carburante era de 11.603 Kg. y LaMia tenía solo 9.300 Kg.
Conscientes de ello, ni la firma ni la tripulación tomaron la decisión de aterrizar en otro aeropuerto alterno para completar la carga de jet fuel requerido. “La tripulación descartó un aterrizaje en Bogotá u otro departamento para reabastecerse”, se lee en el documento, cita una nota institucional.
Advierte además que el avión partió de Santa Cruz sin ninguna supervisión y quedó a criterio solo de la tripulación en desconocimiento de normas, regulaciones y buenas prácticas que ordenan que a los vuelos se les haga seguimiento.
“Se dejó sola a la tripulación para tomar decisiones, alguien en tierra debió estar apoyando ese vuelo”. Hubo entonces, insistió Camacho, falta de planeamiento y mala ejecución del vuelo.
Así, Aeronáutica Civil de Colombia recomendó a los operadores en general cumplir con lo establecido en los manuales internacionales de vuelo, pero hizo un particular llamado a las autoridades bolivianas para que preste atención a sus políticas y procedimientos de vigilancia.
“Esto nos da pie para recomendarle a Bolivia y también hacerlo nosotros, por qué no, de revisar las políticas y procedimientos de vigilancia de los operadores aéreos porque no se detectaron los vuelos anteriores, por ejemplo, que hizo la empresa con un combustible insuficiente”, indicó el Jefe de Investigaciones colombiano.
“LaMia tenía deficiencias organizacionales, una difícil situación económica, inconvenientes en la dotación de cargos y problemas en su sistema de gestión de seguridad operacional y en el cumplimiento de las políticas de combustible pues, pese a que estaban establecidas en los manuales, no se cumplía en la práctica”, añade la nota de prensa.
La repartición colombiana remarcó que ésa y otras recomendaciones “son de obligatorio cumplimiento para la Autoridad de Aeronáutica Civil (DGAC), la Administración de Aeropuertos y Servicios a la Navegación Aérea (AASANA), ambas bolivianas, y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). (27/04/2018)
